La desconfianza en el árbitro electoral que han expresado tantos y tan variados actores políticos en este proceso electoral cuando menos amerita tarjeta amarilla.
No son pocos, y no son menores los señalamientos de que el órgano electoral está mostrando un actuar inequitativo que favorece a un grupo político debido a relaciones familiares y laborales que pueden constituir conflicto de intereses.
El dilema no es sencillo, si lo sabré yo, cada integrante de una familia tiene todo el derecho de desarrollarse profesionalmente e insertarse en la vida laboral sin menoscabo del derecho de hacer lo mismo del resto de los familiares.
Pero no es necesariamente el parentesco o la relación laboral la que genera la desconfianza, sino justamente las acciones o inacciones institucionales a favor o en contra de diversos actores, a decir de parte de ellos, de forma desigual.
El primero en hacer esos señalamientos fue quién pretendió ser candidato de Movimiento Dignidad, Edgar Rivera. El primero además, a mi entender al menos, en señalar el parentesco del consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) con un colaborador del Senado que trabaja de cerca del coordinador de Morena en el mismo.
Rivera argumenta que fue una falla en un mecanismo del IEEZ lo que lo dejó fuera de la competencia por no haber declarado gastos de precampaña. También dijo que en el registro de planillas, su partido, a diferencia de Morena, no tuvo la asistencia de trabajadores del órgano electoral, e incluso alguna vez hizo una transmisión en Facebook en la que la oficialía de partes del IEEZ no le recibía una documentación, aunque fuera para responder luego en sentido negativo.
Los comentarios que cuestionan la ética del órgano Electoral son incluso de ámbito administrativo, pues hasta las licitaciones obligadas para este proceso electoral fueron cuestionadas por una de las empresas participantes.
También han señalado al IEEZ Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago Beltrán, quienes han litigado contra la decisión de ese instituto por negarles el registro como candidatos a una diputación local y al Ayuntamiento de Zacatecas, respectivamente. Si bien eso sigue en firme, hubo ya una resolución del Tribunal Electoral local con respecto a que la negativa de registro no fue suficientemente fundada y motivada, por lo que ordenó realizar una nueva.
La tardanza en cumplir con esa instrucción llevó a un plantón afuera de las instalaciones del IEEZ, que obligó a una sesión que fue considerada repentina por el Partido Encuentro Solidario, en la que finalmente se reiteró la negativa de registro.
En ese tenor el dirigente nacional del PES, Hugo Erick Flores se pronunció por que el Instituto Nacional Electoral se encargara de esta elección considerando que el órgano local no brindaba imparcialidad.
Como si esto no fuera suficiente, embarga la duda sobre qué llevó al IEEZ a cancelar uno de los debates justo en un proceso electoral en el que las restricciones sanitarias urgen a priorizar este tipo de ejercicios. A ello habrá que agregar un acartonado formato que hasta donde entiendo, fue elegido en fechas recientes luego de que inicialmente se pensara en otro más flexible y dinámico.
Hoy, a poco más de un mes de la elección, el IEEZ aún tiene oportunidad de recuperar la confianza y credibilidad que hoy tiene cuestionada. En sus manos hay dos oportunidades para ello, por un lado, una concerniente a la queja por violencia política de género que interpusieron tres de las candidatas a gobernadora contra el abanderado de Juntos Haremos Historia, y la segunda lo referente a una denuncia por actos anticipados de campaña contra el mismo candidato.
La defensa de su honor y credibilidad no tiene que significar necesariamente resolver en contra del candidato de quién se les acusa favorecer, sino resolver en el sentido que sea preciso pero con la racionalidad y fundamentación legal incontrovertible que haga pensar que la elección está en las manos más preparadas y honestas en el tema. Por el bien de todos, por el bien de la democracia. ■
