Una corte federal estadunidense, ubicada en Brooklyn, ordenó confiscar cinco propiedades a Rafael Caro Quintero, líder y fundador del cártel de Sinaloa, según informó en un comunicado el Departamento estadunidense de Justicia.
Los inmuebles se encuentran localizados en Guadalajara, Jalisco, y sus alrededores y fueron adquiridas por Caro Quintero con recursos obtenidos por sus actividades en el narcotráfico, de acuerdo con la dependencia estadunidense, que buscará canales diplomáticos para llevar a cabo la orden judicial.
El dictamen emitido por el juez Eric N. Vitaliano es considerado como un paso en la búsqueda de justicia de las víctimas de Caro Quintero y, especialmente, por el caso del agente especial de la DEA, Enrique Camarena, quien fue “trágicamente asesinado” a manos de la organización delictiva encabezada por Caro Quintero, según se lee en el comunicado.
Mark J. Lesko, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y Ray Donovan, agente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Nueva York, anunciaron la orden de decomiso del Tribunal de Distrito.
Rafael Caro Quintero se encuentra actualmente prófugo, y se encuentra en la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI. En abril de 2018, se abrió una acusación formal en un tribunal federal de Brooklyn que lo acusaba de liderar una empresa criminal continua y otros delitos, incluida su participación en el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente especial de la DEA Enrique Kiki Camarena.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Para la DEA es un asunto personal. La agencia antidroga estadunidense cree que Caro Quintero está escondido en México.
Según la demanda, entre 1980 y 2015 la organización Caro Quintero transportó mariguana, metanfetaminas y cocaína de México a Estados Unidos. Caro Quintero usó el dinero para comprar propiedades y las colocó a nombre de familiares para evitar su incautación, asegura la justicia estadunidense.
En diciembre pasado el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Lucio Rodríguez Serrano, amigo de larga data del narcotraficante, acusado de haberlo ayudado a escapar y de realizar transacciones inmobiliarias en su beneficio.
