La Iniciativa de Reforma a la Industria Eléctrica presentada por el Presidente López Obrador, es la primer Iniciativa de Transformación Económica de la 4 “T” en lo que va del gobierno, para marginar al modelo neoliberal, privatizador y extranjerizante que impulsaron los gobiernos desde Miguel de la Madrid, hasta Enrique Peña Nieto. Se había tardado en impulsar la Transformación en lo económico, pues todavía mantiene las políticas neoliberales de austeridad fiscal, los tratados de libre comercio, la libre movilidad de capitales y la autonomía del banco central.
El gran capital nacional e internacional, así como economistas neoliberales de gobiernos anteriores, de Banxico y del sector privado, se han manifestado contra dicha Iniciativa, señalando que ella viola la Constitución y los tratados de libre comercio (TLC), pues está contra la libre competencia y las condiciones de inversión ofrecidas por México a la cúpula empresarial. Enfatizan que el gobierno no cuenta con recursos financieros para asegurar el abasto de energía que requiere el país; que habrá amparos nacionales e internacionales en contra de ella; que representará alto costo para las presentes y futuras generaciones; que está contra las energías limpias; y aumentará los precios de la energía eléctrica.
Los TLC han obligado al gobierno a proteger a las inversiones extranjeras ubicadas en el país, lo que implica que tiene que asegurarle condiciones de rentabilidad. Así mismo, el gobierno no puede discriminar a las empresas privadas, y no puede dar trato preferencial a la empresa pública. Sin embargo, el gobierno mexicano dejó muy claro en el T-MEC que mantendría la soberanía en materia energética. De haber reclamos en tales instancias, se defendería la postura gubernamental en el capítulo de controversias. Hay que recordar que el interés de la Nación, está por encima del interés de particulares.
Las reformas neoliberales impusieron la libre competencia en la Constitución, obligando a Pemex y la CFE a ceder posiciones a favor de las empresas privadas, para así configurar condiciones simétricas de competencia, que han afectado a ambas empresas públicas, atentando así sobre el manejo soberano y rector que debe tener el Estado en tales sectores estratégicos. Ello ha permitido el crecimiento de la participación del sector privado nacional e internacionales en tales sectores, que terminan fijando las reglas del juego a su favor.
La Reforma a la Industria Eléctrica de Peña Nieto de diciembre de 2013, les da trato preferencial a las empresas privadas frente a la CFE, la cual además de otorgarles subsidios, debe compartir infraestructura a sus competidores sin costo, ocasionándole grandes pérdidas financieras que limitan su capacidad de inversión.
Para alcanzar la trasformación en la industria eléctrica a favor de la CFE, se requiere eliminar los cambios a la Constitución que hicieron los gobiernos neoliberales, así como replantear los TLC, ya que con ellos no podemos tener política industrial que favorezca a las empresas nacionales frente las extranjeras.
Los neoliberales señalan que hay que priorizar al consumidor con los bajos precios que supuestamente otorgan las empresas privadas frente a las públicas, y que la Iniciativa gubernamental, al colocar como primera opción de abasto de energía proveniente de las centrales eléctricas de la CFE, aumentará costos, lo que exigirá de subsidios para evitar alzas de precios, y ello presionará sobre las finanzas públicas.
El supuesto menor costo de energía que producen las privadas, no es tal, pues el mercado eléctrico de subastas es altamente especulativo y ahí la CFE está obligada a pagar altos precios por la energía que recibe.
El sector privado tiene sus mayores inversiones en el rubro de las energías llamadas limpias, donde ha habido mayor desarrollo tecnológico, y de ahí que, al privilegiarse el abasto a la CFE en torno al menor costo, ellos se lleven los contratos en detrimento de las centrales eléctricas de la CFE. Ello explica el amplio discurso de tales empresas en defensa de las energías limpias para preservar y mantener sus altas ganancias y no ser relegadas con la nueva Reforma a la Industria Eléctrica. El gobierno no está en contra de las energías limpias, simplemente la Iniciativa quiere regularlas, para que no desplacen a la CFE y vayan a configurar un monopolio en la industria eléctrica que pueda traducirse en altas tarifas que afecten la dinámica económica y el ingreso de las familias.
Para que la CFE cuente con financiamiento suficiente para expandirse y poder satisfacer la demanda eléctrica, presente y futura, ante el limite a la inversión privada que establecerá la Reforma Eléctrica, el gobierno también debería replantear las políticas neoliberales de autonomía del banco central y la política de austeridad fiscal, para que el gobierno retome el control de la moneda y se pueda financiar con ella, para el desarrollo de los sectores estratégicos. Ello no sería inflacionario, dado que son sectores generadores y ahorradores de divisas (caso de Pemex), con altos efectos multiplicadores internos a favor de la dinámica económica nacional y del empleo.
