En 2020 la economía mexicana tuvo la peor caída de su historia debido a la pandemia, situación que debería motivar la implementación de estrategias y acciones que contribuyan a la recuperación económica, en este aspecto la inversión juega un rol fundamental, no obstante muchas de las medidas tomadas por el gobierno federal generan incertidumbre, lo cual inhibe la inversión y el crecimiento.
De acuerdo con un análisis publicado el 8 de febrero por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C. (CEESP), parecería que las múltiples propuestas e iniciativas del gobierno tienen la intención de desalentar la inversión, la cual hace tiempo que se está deteriorando. En este sentido, el CEESP refiere que la inversión física se ha contraído de 22.8 en 2008, a 17.1 por ciento en el tercer trimestre de 2020, es decir una caída de casi seis por ciento, de la cual 3.2 puntos porcentuales corresponden al periodo de enero de 2019 a septiembre de 2020. Esto también ocurre con la inversión privada, la cual en el mismo periodo pasó de 17.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a 14.4 por ciento, mientras la inversión pública también ha caído de un 5.7 a un 2.5 por ciento. El análisis enlista algunas acciones en el periodo de 2018 a 2021, las cuales más allá de su concreción, envían señales que merman la certidumbre jurídica y la confianza para invertir en el país. Cabe mencionar que entre los afectados por dichas medidas se encuentran las energías renovables que participan en el sector eléctrico, el cual en 2019 vio cancelada la cuarta subasta eléctrica entre la iniciativa privada y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como cambios en las reglas para la adquisición de Certificados de Energías Limpias (CELS) que buscaban facultar a las plantas generadoras de la paraestatal para emitir estos instrumentos; mientras que en 2020 se buscó limitar la difusión de las renovables argumentando que ponían en riesgo la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional; en tanto que este año el presidente presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que busca dar preferencia a CFE. Al respecto de lo anterior, el gobierno de Canadá ha manifestado su preocupación ante el clima de inversión que prevalece en México y por la iniciativa de ley en materia eléctrica, sobre lo cual se enfatizó en la importancia de mantener un entorno empresarial predecible y estable para las empresas de aquel país que operan en México. Además, la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) hizo un llamado al Congreso de la Unión para rechazar la iniciativa de reforma, la cual considera que afectaría las relaciones con inversionistas nacionales y extranjeros, el desarrollo de energías limpias, los precios de la electricidad. Los impactos en la inversión en este sector son considerables, pues de acuerdo con datos publicados en el Heraldo de México, desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentran detenidos 250 proyectos de electricidad de la iniciativa privada con una inversión de 19 mil millones de dólares, lo que equivale a la construcción de dos refinerías como la de Dos Bocas. Es importante mencionar que más allá de la inversión, hace falta contabilizar los beneficios perdidos en términos de empleo, salud y reducción de emisiones contaminantes asociadas a estos proyectos.
El viernes 12 de febrero, el presidente defendió su iniciativa argumentando que se trata de combatir los contratos entregados a empresas corruptas y con ello generar grandes ahorros, y si bien la intención es buena, el inclinar la balanza a un lado de forma desproporcionada no es la solución, ya que el sector privado no es corrupto por definición. En este sentido, el fortalecimiento institucional es fundamental para regular de manera adecuada la participación de la iniciativa privada en la industria eléctrica sin llegar al punto de aislarla, con ello se pueden captar recursos adicionales para reactivar la economía y el país podría apropiarse de los beneficios extras asociados a las energías renovables en materia de salud y medio ambiente, los cuales al igual que los ahorros que menciona el presidente, seguramente son muy significativos y de largo plazo. No obstante lo anterior requiere de voluntad política para reconocer y aprovechar elementos que favorezcan la recuperación del país, y no de poner etiquetas, ni de inventarse enemigos, únicamente con el fin de sostener una narrativa que genera desconfianza e incertidumbre.
