En un nuevo intento de modificar el sector eléctrico, bajo el argumento de garantizar la rectoría del Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó al Congreso de la Unión una iniciativa para cambiar la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en el marco de la reforma energética. La iniciativa que será discutida en la Cámara de Diputados, tiene cambios en ocho artículos y cuatro transitorios de la Ley, y es considerada hasta ahora como la alteración más radical realizada a la política energética de esta administración. Entre las modificaciones más importantes se encuentra el mecanismo de despacho de energía al que debe sujetarse el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que como gestor de la red no consideraría, como lo hace actualmente, criterios económicos y de eficiencia para dar paso a energía generada por plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desplazando al último lugar a los generadores privados de energías renovables cuyos precios son mucho menores. Asimismo, los permisos de generación entregados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), estarán sujetos a criterios de planeación de la red y podrían ser negados; mientras los existentes pueden estar sujetos a revocación. Por último, los Certificados de Energía Limpia (CEL) dejarán ser fungir como incentivos para aumentar la infraestructura de energía limpia o renovable ya que podrán ser obtenidos por cualquier generador sin importar si se trata o no de plantas nuevas, incluso por quienes producen electricidad a partir de combustibles fósiles.
Lo anterior tiene implicaciones severas en materia ambiental, económica y en el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales ratificados por el gobierno mexicano. En lo que se refiere a medio ambiente, es importante mencionar que la generación de electricidad por parte de la CFE depende en 75 por ciento de combustibles fósiles, cuya infraestructura es a su vez vieja, altamente contaminante e ineficiente. En materia económica los usuarios podrían ver un incremento en las taridas de energía eléctrica; ya que de acuerdo con El Economista, las centrales de la paraestatal producen energía cuatro o cinco veces más cara que la que proviene de centrales renovables privadas; asimismo, el darle un mayor protagonismo a la CFE tendría un impacto sensible en la inversión y según datos de la calificadora Fitch, la iniciativa ha generado incertidumbre en el sector eléctrico, principalmente en los proyectos de energía renovable, en este sentido es mencionar que el sector requiere de inversión privada para adaptarse al crecimiento de la demanda y para reducir la presión financiera sobre la paraestatal.
La cuestión de los acuerdos y tratados internacionales es sumamente delicada considerando los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París, el cual no recibe la importancia que merece por el gobierno federal, ya que en la actualización de sus metas en 2019 únicamente se ratificaron las acordadas en 2015 sin aumentar su escala; asimismo, México asumió la responsabilidad de generar en 2024 el 35 por ciento de su energía de fuentes limpias, en este aspecto es importante destacar que el sector eléctrico es el más promisorio para que el país logre esta meta por las condiciones favorables para la energía eólica y solar. El incumplimiento del Acuerdo de París podría generar controversias dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al pronunciarse legisladores de los últimos dos países a favor de incluir el Acuerdo como parte del Tratado con el objetivo de promover objetivos climáticos y mejorar la rendición de cuentas en la materia. Existe también la posibilidad de que el gobierno de México tenga que ir a tribunales por violar el T-MEC a un costo muy elevado, pues en su artículo 32.II Estados Unidos protegió a sus inversionistas en energías limpias en México.
Otro punto crítico va en torno a la inconstitucionalidad de la iniciativa, la cual puede valorarse a partir de la suspensión del acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (SENER), publicado el 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de las controversias constitucionales promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el gobierno de Tamaulipas. La decisión de la SCJN considera que el instrumento afecta gravemente la estructura económica del sector eléctrico por la falta de competencia y eficiencia; por limitar el acceso a las redes de transmisión y distribución; y por la generación de un sesgo en favor de ciertos participantes y crear barreras a la entrada en la producción de electricidad. Estos criterios son relevantes ya que pueden ser aplicables a la iniciativa de Ley enviada al Congreso de la Unión, la cual de ser aprobada tendría consecuencias similares a la propuesta de SENER.
A la luz de los hechos, garantizar la rectoría del Estado sobre el sector eléctrico con las características propuestas; supondría grandes costos económicos, un enorme riesgo de generar controversias por incumplimiento de tratados y acuerdos internacionales; y una regresión por apostarle a la energía contaminante. Aunque quizá lo más grave es la inconstitucionalidad de la iniciativa, que hace más evidente la aversión de este gobierno por la ley y las instituciones. ■
