Máxima Tribuna

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En casi diez años de experiencia en el área de Comunicación del Poder Legislativo, he podido constatar que una crítica habitual haciaesta institución es que se pretenda legislar al vapor.

Con el paso de los años el Poder Legislativo ha evolucionado sobremanera. Se han abierto de par en par las puertas del congreso para que todo aquel ciudadano que esté interesado se involucre e incluso participe en sus procesos y convocatorias. La construcción de importantes leyes se ha logrado con el apoyo y las observaciones de organizaciones involucradas en temas sociales, ambientales, políticos, etcétera.

Entre otras cosas, la LXIII Legislatura se ha caracterizado por que las decisiones tomadas por las y los diputados buscan siempre un amplio consenso.

Desde sus comienzos, esta legislatura tuvo entre sus manos la posibilidad de analizar grandes proyectos de ley, como en su momento fue la nueva Ley de Obra Pública, al igual que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado.

Ambas propuestas, tras ser leídas en el Pleno, se turnaron a las comisiones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, respectivamente. El estudio al interior de las comisiones legislativas llevó tiempo y se criticaba que eran propuestas que estaban en la congeladora, pero lo cierto es que estos proyectos de ley se estudiaron a detalle, se realizaron foros para recabar más opiniones y aportaciones y, finalmente, se logró avalar leyes de avanzada.

Lo anterior se ha venido repitiendo en la discusión y análisis de diferentes iniciativas. Lo mismo sucedió en la semana que concluye. Las y los diputados fueron citados a un periodo extraordinario para conocer y en su caso aprobar distintos dictámenes, entre ellos una reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en materia de declaración de procedencia y otro dictamen respecto a la iniciativa de ley que establece el procedimiento de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas en el estado.

En los días previos a la realización del periodo extraordinario, las y los integrantes de las comisiones de Justicia y Jurisdiccional llevaron a cabo reuniones de trabajo en las que nuevamente se tuvo la participación de la Fiscalía General de Justicia así como del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

En estas reuniones que comenzaban alrededor de las 5 de la tarde y concluían cerca de las nueve de la noche, teniendo como foro la Sala de Comisiones del recinto legislativo, se generaron enriquecedores diálogos entre nuestros representantes populares y los titulares e integrantes tanto del Poder Judicial como del ente autónomo denominado Fiscalía General.

Al concluir los encuentros, todas las partes involucradas coincidieron en que no era posible avanzar en la aprobación de ninguna de estas iniciativas, ya que el tiempo para su estudio debía ser aún mayor.

No sucedió así con la propuesta remitida por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nahle García.

Esta iniciativa también fue estudiada por las y los diputados, que en todo momento tuvieron el respaldo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, pero fue una iniciativa que sí logró el consenso y el acuerdo para determinar su procedencia, más aún, cuando el magistrado Nahle García confirmó mediante oficio que no significaba un mayor impacto presupuestal.

Por ello, de manera unánime, se logró la aprobación de esta norma que queda armonizada a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal.

Otro aspecto que generó debate fue el planteamiento para que el denominado C5 dejara de ser parte dependiente de la Secretaría General de Gobierno y pasara a estar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública.

Las y los diputados coincidieron en que era necesario dar este paso con el propósito de coadyuvar en el fortalecimiento de las estrategias para combatir la inseguridad, pero señalaron que se requería ir más allá por lo que, al final, la aprobación que se hizo fue que todo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública pasara a depender de la Secretaría de Seguridad Pública y no sólo el C5.

Además, en este periodo extraordinario se aprobó una reforma a la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado. Con ella, se posibilita la realización de un procedimiento de declaración de vacancia en aquellos predios en donde haya un asentamiento humano susceptible de ser regularizado. Es preciso resaltar también que fue tras la labor que se hizo en comisiones como se decidió que sólo las autoridades, y no los particulares, estarán facultadas para llevar a cabo este procedimiento.

El periodo concluyó con la respectiva sesión solemne y ha vuelto a tomar la conducción de las tareas parlamentarias la Comisión Permanente que, dicho sea de paso, planteó en su penúltima sesión que a través de las autoridades estatales se atienda la salud mental de las personas que han perdido algún ser querido a causa del coronavirus, un tema urgente por los tiempos que vivimos.

Modificar la manera en que se eligen y destituyen los contralores y crear dos nuevas Fiscalías Especializadas, fueron otros temas que estuvieron presentes en la agenda legislativa de los últimos días y en los que se profundizará el análisis en las próximas semanas. ■

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