Violencia política y salvaguardia cultural (primera parte)

Violencia política y salvaguardia cultural (primera parte)

En diciembre de 1940, ante la inminencia de la invasión alemana a Grecia, que acaeció en abril de 1941, el editorialista del rotativo británico The Times, Henry Hamilton Fifye, sostuvo que el Reino Unido debería asumir el compromiso de restituir los Mármoles Elgin a aquel país después de la guerra, con el argumento de que eso sería un gesto de admiración y gratitud hacia un aliado importante. La trama castrense difería empero de ese magnánimo propósito: consistía en el control de la parte este del Mediterráneo durante la guerra, y para ello se requería insuflar el sentimiento patriótico griego. En esos momentos los Mármoles se encontraban resguardados en la estación Aldwych del metro londinense.

La parlamentaria conservadora Thelma Cazalet-Keir, integrante del partido de Winston Churchill, hizo propia esta sugerencia y la planteó al pleno camaral antes del receso de 1940; después la dirigió al Tesoro inglés para que éste mediara entre el Parlamento y el Museo Británico. Al argumento de Fifye, Cazalet-Keir agregó inusualmente que las obras de arte deben estar vinculadas a su lugar de origen. Sin embargo, la originalidad de este argumento le corresponde a Arthur Wellesley (1769-1852), duque de Wellington y comandante de las tropas británicas, quien después de las guerras napoleónicas exigió que el botín bonapartista fuera restituido a sus lugares de origen. Con ello dio inicio a los llamados Principios Wellington.

La propuesta de Cazalet-Keir le fue turnada a W.L.C. Knight, oficial encargado de Grecia en el Ministerio de Relaciones Exteriores; ésta dio origen a una intensa porfía, que llegó hasta el ministro Anthony Eden pero acompañada de una opinión adversa. Al término del debate, la respuesta –lacónica– correspondió a Clement Attlee, lord Guardián del Privy Seal (Lord Privy Seal), el quinto en el rango de la jerarquía burocrática británica: “El gobierno no está preparado para elaborar una legislación con ese propósito”. Los anales de esta polémica se encuentran resguardados celosamente, por razones más que obvias, en los archivos ingleses.

La propuesta fue nuevamente formulada en octubre de 1942 por el parlamentario laborista Ivor Bulmer-Thomas, quien requirió al gobierno de Churchill que el Reino Unido mostrara su gratitud por la resistencia de la guerrilla griega ante la ocupación nazi; el mutismo de Churchill, a quien le asistía un notable pasado colonialista, fue más que elocuente.

Estos hechos son relevantes para el presente análisis, porque evidencian la forma en la que el legado cultural en la historia se ha empleado con frecuencia como moneda de cambio en la trama diplomática. Más aún, dejan ver que las iniciativas de reintegración de bienes culturales varían y se imbrican con circunstancias políticas, al margen de toda consideración técnica y cultural.

A esos mismos entretelones responde la nueva arquitectura del mercado internacional del arte, especialmente por lo que respecta a los bienes arqueológicos, con singular énfasis en los provenientes de las zonas de conflicto armado. La depredación de los sitios culturales, sobre todo los arqueológicos en el cercano y Medio Oriente, han estado asociados a una intensa violencia política y cultural. Estos actos, perpetrados por grupos terroristas, se han escenificado por igual en los países de origen y en los de destino, lo que ha suscitado una gran inquietud en éstos últimos.

Lo anterior ha obligado a los países de destino a adoptar medidas legislativas que impidan el ingreso a su mercado de artefactos culturales provenientes de este pillaje, y con ello obstaculiza el financiamiento de los grupos delictivos a través de este vehículo, como es el caso de los Estados Unidos y recientemente de la Unión Europea, lo que permite clarificar la urdimbre actual entre la seguridad internacional y la cultural.

La volatilidad y la consecuente inestabilidad política en zonas claramente identificadas han sido especialmente propicias para el florecimiento del vandalismo cultural. La destrucción ha sido sistemática con efectos múltiples, como la instilación del terror a través del desvalijamiento y profanación de sitios religiosos y étnicos, la propagación de ideologías, el reclutamiento de milicias o la destrucción selectiva.

Resulta por demás evidente que los monumentos religiosos, étnicos o arqueológicos carecen de toda relevancia castrense o de interés atribuible a daños colaterales. Su destrucción obedece a motivos esencialmente políticos; el propósito es erradicar toda expresión cultural que contraríe determinadas ideologías. El desvanecimiento de la memoria colectiva resulta por lo tanto uno de los objetivos primarios, junto con la creación concomitante de una identidad cultural para estos grupos como elemento de cohesión.

El vandalismo cultural ha generado una simbiosis entre esos grupos terroristas y las organizaciones criminales, lo que es motivo de zozobra e inquietud en la comunidad internacional.

La insuficiencia jurídica
En 1948, durante la aprobación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio en el seno de las Naciones Unidas, se intentó introducir, sin éxito, la figura de genocidio cultural. En efecto, la Sexta Comisión de la Asamblea General eliminó deliberadamente el término.

No fue sino hasta 1954 cuando, en términos más modestos, se aprobó la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (Convención de 1954) y el Protocolo I; el Protocolo II sería aprobado hasta 1999. A esta Convención le sucedería la relativa a las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (Convención de 1970) y posteriormente la Convención de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente (Convención de Unidroit); éstas dos últimas, diseñadas para regular estos fenómenos en tiempos de paz.

Al margen de las buenas intenciones en lo que atañe a su aprobación y consecuente ratificación, estas convenciones han demostrado una clara insuficiencia en lo que respecta a la salvaguardia de la herencia cultural ante la emergencia de grupos terroristas y organizaciones criminales, el vandalismo cultural sistemático y las nuevas tecnologías para la comercialización de bienes culturales.

Los fenómenos referidos los protagonizan actores que no son agentes gubernamentales, como son esas organizaciones criminales y grupos independentistas residentes en los países de origen. La devastación cultural que unos y otros han provocado en el crepúsculo del siglo XX y el umbral del XXI revela la ambivalencia de los textos internacionales, lo que ha dejado en el desvalimiento los sitios culturales, religiosos y arqueológicos. ■

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