Medir cualquier fenómeno social tiene especiales dificultades. Se tate de pobreza o cohesión o violencia, todos parten de debates en la propia definición del concepto a medir y luego definir los componentes o dimensiones de ese concepto, posteriormente se establecen los indicadores de cada dimensión y al final la ponderación de cada componente. Y luego vienen las dificultades empíricas de levantar los datos para que sean confiables y puedan ser usados en los indicadores diseñados. Como podemos ver, este proceso no genera unanimidad, siempre habrá cuestionamientos en los métodos de medición propuestos.
El caso de la corrupción es especialmente complicado, porque los involucrados no lo denuncian porque generalmente son parte de los tratos que lo constituyen: denunciarlo implica auto incriminarse. Algunos casos de denuncia existen, porque se trató de sobornos forzados o cosas del tipo; pero en su generalidad no hay registros de denuncias del mismo que sirvan de referencia. Pero sí hay manera de saber qué tanto se ha movido este fenómeno social: hay indicadores objetivos como la corroboración de mecanismos institucionales que lo impiden o lo estimulan, como la transparencia, el tipo de rendición de cuentas, la vigilancia y el control de procesos en las dependencias de gobierno. Así, si nos dicen que ha disminuido la corrupción, pero el Estado de Derecho sigue mal, no hay transparencia y los controles siguen siendo inexistentes, pues esa afirmación carece de credibilidad. Es como afirmar que hay menos pobreza, pero la estructura productiva es idéntica al tiempo de comparación.
Hay también indicadores semi-objetivos como las muestras de proveedores de los gobiernos, a los cuales se les cuestiona cuántos trámites hicieron y de ese número de trámites, en cuántos hubo soborno, dato que se construye como cociente. Y también los indicadores de percepción de la población que tiene trato cotidiano con la administración pública, a los que se les encuesta sobre la forma en cómo perciben ciertos comportamientos corruptos. Hay índices que reúnen indicadores de muchos tipos que los hacen integrales, como el Índice de Corrupción y Buen Gobierno.
Y hay casos que llaman a la perplejidad. En el caso de las denuncias del (ex) funcionario de Ganadería hay una aceptación tácita e inequívoca de malos manejos al anular presupuestalmente un programa prioritario; el cual (por ese carácter) no puede ocurrir jamás, a menos que hubiera problemas graves de operación y/o de malos manejos. En el presupuesto ‘se blindaron’ los programas prioritarios (por eso tienen ese estatus), entonces, ¿qué explica que uno de ellos quede blanqueado presupuestalmente? La respuesta es evidente: es una muestra fáctica de que hubo problemas de manejo del programa; sin embargo, en seguida se requiere el reconocimiento jurídico del mismo, para lo cual debe actuar la Secretaría de la Función Pública (SFP). Pero ahora viene la perplejidad: ¿qué explicaría que hay aceptación fáctica de los malos manejos y no hubiera reconocimiento jurídico del caso? Pues se explica por la mediación de un trato político. Así, la decisión política se estaría anteponiendo al derecho. No estaríamos en un Estado de Derecho, sino de justicia según el signo político del implicado. Ojalá y no estemos ante este caso de perplejidad y veamos a la SFP actuar de acuerdo a Derecho y no por obediencia de consignas políticas. El juicio nuestro sobre el caso estará suspendido (o entre paréntesis) mientras conozcamos el dictamen de la SFP. Veremos.
