Nota inicial al margen: Por usted y por los que más quiere. Use cubrebocas, guarde sana distancia y procure los espacios abiertos y bien
ventilados.
No es objetivo de este texto hacer una explicación amplia y detallada sobre los orígenes teóricos y constitucionales del federalismo, ni tampoco del concepto de gobernanza o participación ciudadana, sino abordar, una variante en el debate que día a día recobra sentido y fuerza en la agenda pública de México: una reconfiguración del federalismo a partir de su diseño y realidad actuales.
Ya hemos dicho en este mismo espacio que el federalismo en México lleva décadas funcionando como una fórmula adecuada, según los tiempos, al sistema político predominante: en la era hegemónica, funcionó como un mecanismo de desdoblamiento del centro. El poder en los estados estaba claramente sujeto al visto bueno de la Presidencia de la República más allá de lo cotidiano; cuando surgía alguna resistencia, ya fuera a través del Senado de la República o de una “honrosa” invitación a ocupar otro cargo, como parte de las atribuciones del primero y del Poder Ejecutivo la segunda, el titular de la gubernatura que se tratase, terminaba por retirarse del cargo y con ello se daba toda una reconfiguración a nivel local del poder. A partir de 1989 inicia un proceso de forcejeo que perdura más o menos hasta nuestros días. Las últimas administraciones priistas y las dos panistas, administraron la pluralidad según las formas y el carácter de quién las encabezaba. El análisis nos permite decir que a partir de 2000 a través de la ministración de recursos y particularmente en el boom petrolero, es que se gestiona la relación entre el poder central y el poder local. A partir de 2018 y con la realidad política surgida de las elecciones de ese año, el federalismo comenzó a mostrar las debilidades que lo acompañaban desde aquél lejano 1989. La necesidad de una discusión y reforma del sistema federal en nuestro país se ha vuelto un asunto cada vez más presente en la agenda pública.
Sin embargo, para que el tema pase del círculo rojo, de una discusión entre el Poder Ejecutivo Federal y los Gobernadores, en el que la ciudadanía no es más que un espectador ajeno, debe entenderse que el concepto y la pretensión misma de la gobernabilidad, necesaria siempre, ya no es suficiente: hay que evolucionar en la búsqueda de legitimidad en una reforma e ir más allá, en búsqueda de la gobernanza, en la que la sociedad en general participe, colabore y se corresponsabilice. Esto es importante en sí, pero sí además consideramos que el tema que nos llevó hasta aquí en este debate es el fiscal, potencia su trascendencia. Aunque para la temática fiscal, la consulta popular no es viable, ni debe serlo desde mi perspectiva, sí es posible convocar a la participación de la ciudadanía más allá de un proceso de votación, de deliberación amplia, informada y responsable. Sí hemos de pagar más o menos impuestos, sí se ha de exigir una nueva dinámica en la recaudación, es importante, incluso como estrategia de efectividad recaudatoria, que la participación ciudadana dote de legitimidad dichas decisiones públicas.
No basta que el acuerdo al que se lleve deje satisfechos a los actores políticos involucrados; no es suficiente que la reconfiguración del acuerdo federal retorne a su cauce habitual las relaciones de poder entre las entidades y el gobierno de la república; tampoco que el acuerdo permita presumir gobernabilidad. Hoy la pluralidad está más allá de la representación política: en la deliberación participativa, organizada y sustancial, está la alternativa.
No se trata pues de consultas públicas, sino de transparencia, información, participación responsable, corresponsable y en clave colaborativa, y, finalmente, vinculación entre las propuestas ciudadanas vertidas y las decisiones públicas que se tomen.
@CarlosETorres_
