El 10 de octubre de 2019 aparece una nota en Excelsior titulada “Pese a paro, no les darán más dinero; López Obrador rechaza amago de 24 universidades”. Lo que el gobierno puede ofrecer a las universidades en problemas económicos es lo de la inflación:” No se puede, más que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario. Y tenemos que actuar así porque tiene que haber orden administrativo”. Ya desde el 14 de mayo de 2020 Luciano Concheiro anunció que, debido a la pandemia de la covid-19, no hay recursos para los apoyos anuales a universidades públicas en problemas financieros (La Jornada, 14/05/2020).Durante una reunión que rectores sostuvieron con el subsecretario en septiembre, se les informó que tampoco habrá incremento presupuestal para 2021 (La Jornada, 12/09/2020). Universidades como la de Morelos anuncian que no pagaran aguinaldos, ni impuestos, porque no ha recibido el apoyo extraordinario dado por el gobierno federal año con año (La Jornada, 20/11/2020). Es interesante el argumento que maneja el rector de la UAEM para justificar la existencia del déficit presupuestario: “Aseveró que el crecimiento de la matrícula en los “últimos seis años” ha sido “muy fuerte”, el doble, y que “si no hubiera sido así no tendríamos problemas financieros”: sin embargo, atajó “la idea era dar oportunidad a los jóvenes de la educación, creo que era una labor social que debíamos cumplir como universidad pública”. Otras universidades en problemas aducen causas similares: dar oportunidad a los muchachos, por ende, aumentar la matrícula y esperar el incremento presupuestal. No funcionó el plan, cada año se debe gestionar, bajo condiciones más difíciles, un apoyo contingente para saldar deudas. Tal recurso es a cuenta de presupuestos futuros, por lo que las deudas continúan. Una posible razón para esto se ofrece en un editorial de “La Jornada Zacatecas” del 22/10/2020: “Lo que se vislumbra es que el Gobierno Federal quiere profundizar la austeridad en las Instituciones de Educación Superior y llegar al recorte de prestaciones para equilibrar presupuesto y gasto. En el caso de la UAZ implicaría eliminar las primas de antigüedad de jubilados, las primas de antigüedad de los activos (que son las grandes) y/o un cúmulo de prestaciones pequeñas”. Esto no es del todo verosímil. Si se analizan los Convenios de Apoyo Financiero firmados entre la universidad y el gobierno, se nota la inclusión de la prima de antigüedad para los activos entre las prestaciones soportadas en el presupuesto. Sin embargo, no se asigna ni un peso a las jubilaciones y pensiones. Tampoco se suele incrementar por esa vía el número de plazas. No es un secreto, aunque sí es algo inaceptable para una generación de universitarios, que el sistema de jubilaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas no funciona, no funcionó y no funcionará por errores en su diseño técnico. Tampoco es un gran descubrimiento indicar que la deficiencia de plazas se debe, sobre todo, a la política de contrataciones instituida por sucesivas rectorías. Fue uh hecho durante el período neoliberal que la política del gobierno federal para incrementar las plazas en las universidades públicas consistía en abolir el “modelo de reproducción del atraso”, por usar las palabras de la fenecida “maestría en ciencia política” de la extinta Facultad de Derecho de la UAZ. Ese modelo se basó en contratar gente comprometida políticamente, pero sin grados académicos. Por eso desde el año 2000, con el Promep y otros programas de becas, se instigó la reconversión de la planta docente. Se debían certificar, obtener grados, mientras que sólo se debían contratar doctores. No lo hizo así la UAZ ni algunas otras universidades, se plegaron a la estrategia de incrementar la matrícula y asumir el discurso de la “pertinencia social”, la “vocación por los necesitados” y demás demagogia. Parece que el modelo de asignación de recursos “posneoliberal” no cambiará mucho, pero se debe esperar a ver el desenlace de la situación para el año 2020. A fines del 2019 se condicionó a la UAZ al cumplimiento de algunas metas, entre ellas reducción de plazas, para la entrega de recursos. Muchos esperan que la estrategia este año sea la misma: comprometerse con el gobierno federal, no cumplir o cumplir a medias, y dejar que la inercia anual siga su curso. A ver si un día llega a la administración pública federal un convencido de incrementar los presupuestos universitarios. Entretanto, resistir. Es sencillo notar que los cambios de fondo en la UAZ sólo se pueden dar desde la rectoría bajo un amplio consenso de fuerzas. Visto está que los grupos mayoritarios controlan la maquinaria electoral, pero no pueden impulsar modificaciones duraderas sin incluir a todos los universitarios. Aquella fantasía de transformar la universidad desde el sindicato es uno de tantos dislates que es mejor enterrar. Desde hace ya 15 años el SPAUAZ carece de capacidad de movilización, hoy, bajo la pandemia, está inerme. Sin Coordinadora de Delegados, sin Asamblea General, las decisiones se centralizan, la movilización es imposible y la presión hacia la rectoría es un chiste. Y vaya que son muchos los incumplimientos en la “política doméstica” que continúan sin solución desde hace muchos años. Una predicción certera es que este año tampoco se resolverán, y sería muy interesante ver una huelga de “monitores apagados” en plena pandemia.
Monitores apagados
