La gran Reforma Laboral de AMLO contra el Outsourcing

La gran Reforma Laboral de AMLO contra el Outsourcing

Este 12 de noviembre de 2020, Andrés Manuel López Obrador como presidente de la Nación presentó la reforma laboral y de otras leyes, para atacar a fondo y reglamentar la subcontratación (outsourcing) en estricto apego a la Constitución y a las 6 leyes reglamentarias: de la Ley Federal del Trabajo (LFT) modifica los artículos 12, 13, 14, y 15 y deroga de plano los 15-A, 15-B, 15-C y 15-D. Así como las normas relativas a las violaciones cotidianas de los outsourcing a las leyes del IMSS, INFONAVIT, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es una reforma integral, clara y sencilla: al trabajo de subcontratación lo ajusta a los principios de la Constitución, la LFT y demás leyes, para que los empresarios cumplan las normas protectoras del trabajo y de la justicia.
Ello implica que la reforma ataque a fondo el cochinero patronal de los outsourcing, que crecieron como los huachicoleros y otros tantos más batideros, a la sombra del neoliberalismo. El outsourcing va de la mano de la venta de los contratos colectivos de trabajo (CCT) de protección patronal: unos y otros se apoyan y dan más ganancias a patrones, de modo similar que los bajos salarios y empleos precarios, que crecieron de 1988 en adelante. Esos derechos son indivisibles, al afectar a uno se afecta a los demás, causando el desplome de la justicia social.
Por eso la reforma levantó la furia patronal y exclamaciones: “Se rompió pacto con el gobierno para lograr cambio en el outsourcing: IP.” (La Jornada, 13-XI-20). Las cámaras y organizaciones patronales están “al borde de un ataque de nervios” al ver amenazados sus desmedidos e ilegales abusos, que aumentó sus ganancias a costa del trabajo, hasta lo inhumano. El vocero patronal Reforma falsea la información: el “Gobierno dará trato de crimen organizado a la subcontratación” (13-XI-20), cuando la declaración real fue: “de delincuencia organizada”.
Son múltiples los daños y violaciones jurídicas que provoca la subcontratación (outsourcing), pero ninguno tan grave como el que causa a las y los trabajadores: les reduce salarios, precariza empleos, elimina o simula la seguridad social, e impide los derechos colectivos: los sindicatos libres, la libre negociación colectiva y la huelga. Además, de las utilidades, impuestos, cuotas del IMSS e Infonavit, etc.
Los empresarios bien organizados, la debilidad sindical y la complicidad de las autoridades laborales, sometieron los derechos en viles negocios: pusieron a la venta los contratos colectivos de trabajo, los convirtieron en pactos de protección patronal, ofrecieron los outsourcing al mejor postor, con la simulación de las autoridades; sistemáticamente las secretarías del Trabajo -federal y estatales- y las Juntas negaron la libre negociación colectiva, haciendo obligatorio el tope salarial y al aceptar las falsas declaraciones de apego a la LFT, al aprobar los depósitos de CCT que eliminaron derechos o los hicieron retroceder, e igual en los estatutos, hechos a espaldas de los trabajadores.
Con un sindicalismo simulado, autoridades cómplices y patrones fuertes destruyeron el tripartismo, a favor de los empresarios y la corrupción de líderes y autoridades. Fueron los tres irresponsables de destruir derechos y de incumplir las leyes: en prejuicio de las y los trabajadores y sus familias: la mayoría ciudadana del país. Ese alcance tiene la obra social y económica del neoliberalismo.
La subcontratación surgió en las grandes empresas para realizar obras temporales y ajenas a las que hacían las empresas con sus obreros y empleados; la subcontratación era pactada de modo bilateral -capital y trabajo- en los CCT, no había subcontratación al margen del sindicato, ni obras y labores permanentes en las empresas, salvo excepciones. Desde 1988 la subcontratación hizo su aparición masiva y estuvo en constante crecimiento; a la par de la venta de los CCT, que impulsaron los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, declinando su responsabilidad de gobernar conforme a la Constitución, cedieron el mando a la oligarquía bien organizada, en sus monopolios, cámaras, partidos, sindicatos y medios: a la par debilitaron el Estado.
Todo el ámbito laboral se vino degradando en perjuicio del trabajo, a partir de que toma vuelo el neoliberalismo y esos gobiernos van contra la Constitución y privatizan la empresa pública, puertos, playas, fronteras; reducen el presupuesto social de educación, seguridad social, vivienda, agricultura, cultura, para fortalecer a la iniciativa privada y más a la gran empresa nacional y extranjera, que conforma la cúspide social: la oligarquía, el enemigo principal del pueblo.
La patronal se quejó de “no ser escuchada sobre la subcontratación”, a pesar de los dos foros abiertos en el Senado y con los diputados en enero y febrero, donde tuvo una sobre representación: por cada 5 especialistas patronales, apenas hubo uno por los sindicatos. Y tener a su servicio a casi todos los medios tradicionales y modernos.
No basta una buena reforma para lograr el cambio laboral, es necesario que las autoridades apliquen y hagan que se cumpla la reforma por los demás. En enero la secretaria de Trabajo se opuso a la reforma iniciada por en el Senado sobre la subcontratación, igual que Ricardo Monreal y el Consejo Coordinador Empresarial, como antes se opusieron a reformar los salarios caídos por despido injustificado, que en 2012 la reforma retrógrada que el PAN-PRI-PRD impusieron. Por lo cual hoy la reforma de AMLO reclama para su avance, de la participación de los trabajadores, la sociedad, los universitarios y de todo aquellos que se sientan comprometidos con la democracia real y social. ■

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