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jueves, 28 marzo, 2024
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La gran Reforma Laboral de AMLO contra el Outsourcing

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Por: Óscar Alzaga •

Este 12 de noviembre de 2020, Andrés Manuel López Obrador como presidente de la Nación presentó la reforma laboral y de otras leyes, para atacar a fondo y reglamentar la subcontratación (outsourcing) en estricto apego a la Constitución y a las 6 leyes reglamentarias: de la Ley Federal del Trabajo (LFT) modifica los artículos 12, 13, 14, y 15 y deroga de plano los 15-A, 15-B, 15-C y 15-D. Así como las normas relativas a las violaciones cotidianas de los outsourcing a las leyes del IMSS, INFONAVIT, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es una reforma integral, clara y sencilla: al trabajo de subcontratación lo ajusta a los principios de la Constitución, la LFT y demás leyes, para que los empresarios cumplan las normas protectoras del trabajo y de la justicia.
Ello implica que la reforma ataque a fondo el cochinero patronal de los outsourcing, que crecieron como los huachicoleros y otros tantos más batideros, a la sombra del neoliberalismo. El outsourcing va de la mano de la venta de los contratos colectivos de trabajo (CCT) de protección patronal: unos y otros se apoyan y dan más ganancias a patrones, de modo similar que los bajos salarios y empleos precarios, que crecieron de 1988 en adelante. Esos derechos son indivisibles, al afectar a uno se afecta a los demás, causando el desplome de la justicia social.
Por eso la reforma levantó la furia patronal y exclamaciones: “Se rompió pacto con el gobierno para lograr cambio en el outsourcing: IP.” (La Jornada, 13-XI-20). Las cámaras y organizaciones patronales están “al borde de un ataque de nervios” al ver amenazados sus desmedidos e ilegales abusos, que aumentó sus ganancias a costa del trabajo, hasta lo inhumano. El vocero patronal Reforma falsea la información: el “Gobierno dará trato de crimen organizado a la subcontratación” (13-XI-20), cuando la declaración real fue: “de delincuencia organizada”.
Son múltiples los daños y violaciones jurídicas que provoca la subcontratación (outsourcing), pero ninguno tan grave como el que causa a las y los trabajadores: les reduce salarios, precariza empleos, elimina o simula la seguridad social, e impide los derechos colectivos: los sindicatos libres, la libre negociación colectiva y la huelga. Además, de las utilidades, impuestos, cuotas del IMSS e Infonavit, etc.
Los empresarios bien organizados, la debilidad sindical y la complicidad de las autoridades laborales, sometieron los derechos en viles negocios: pusieron a la venta los contratos colectivos de trabajo, los convirtieron en pactos de protección patronal, ofrecieron los outsourcing al mejor postor, con la simulación de las autoridades; sistemáticamente las secretarías del Trabajo -federal y estatales- y las Juntas negaron la libre negociación colectiva, haciendo obligatorio el tope salarial y al aceptar las falsas declaraciones de apego a la LFT, al aprobar los depósitos de CCT que eliminaron derechos o los hicieron retroceder, e igual en los estatutos, hechos a espaldas de los trabajadores.
Con un sindicalismo simulado, autoridades cómplices y patrones fuertes destruyeron el tripartismo, a favor de los empresarios y la corrupción de líderes y autoridades. Fueron los tres irresponsables de destruir derechos y de incumplir las leyes: en prejuicio de las y los trabajadores y sus familias: la mayoría ciudadana del país. Ese alcance tiene la obra social y económica del neoliberalismo.
La subcontratación surgió en las grandes empresas para realizar obras temporales y ajenas a las que hacían las empresas con sus obreros y empleados; la subcontratación era pactada de modo bilateral -capital y trabajo- en los CCT, no había subcontratación al margen del sindicato, ni obras y labores permanentes en las empresas, salvo excepciones. Desde 1988 la subcontratación hizo su aparición masiva y estuvo en constante crecimiento; a la par de la venta de los CCT, que impulsaron los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, declinando su responsabilidad de gobernar conforme a la Constitución, cedieron el mando a la oligarquía bien organizada, en sus monopolios, cámaras, partidos, sindicatos y medios: a la par debilitaron el Estado.
Todo el ámbito laboral se vino degradando en perjuicio del trabajo, a partir de que toma vuelo el neoliberalismo y esos gobiernos van contra la Constitución y privatizan la empresa pública, puertos, playas, fronteras; reducen el presupuesto social de educación, seguridad social, vivienda, agricultura, cultura, para fortalecer a la iniciativa privada y más a la gran empresa nacional y extranjera, que conforma la cúspide social: la oligarquía, el enemigo principal del pueblo.
La patronal se quejó de “no ser escuchada sobre la subcontratación”, a pesar de los dos foros abiertos en el Senado y con los diputados en enero y febrero, donde tuvo una sobre representación: por cada 5 especialistas patronales, apenas hubo uno por los sindicatos. Y tener a su servicio a casi todos los medios tradicionales y modernos.
No basta una buena reforma para lograr el cambio laboral, es necesario que las autoridades apliquen y hagan que se cumpla la reforma por los demás. En enero la secretaria de Trabajo se opuso a la reforma iniciada por en el Senado sobre la subcontratación, igual que Ricardo Monreal y el Consejo Coordinador Empresarial, como antes se opusieron a reformar los salarios caídos por despido injustificado, que en 2012 la reforma retrógrada que el PAN-PRI-PRD impusieron. Por lo cual hoy la reforma de AMLO reclama para su avance, de la participación de los trabajadores, la sociedad, los universitarios y de todo aquellos que se sientan comprometidos con la democracia real y social. ■

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