De acuerdo con la CEPAL, en América Latina y el Caribe se requiere, hoy más que nunca, que el ejercicio del liderazgo político goce de legitimidad social y que las sociedades sean inclusivas, a fin de enfrentar la crisis sanitaria con el mayor éxito posible y superar tan rápido como se pueda los graves perjuicios económicos y sociales asociados a la pandemia, mediante pactos sociales, fiscales, productivos y ambientales de gobernanza pos-COVID-19, entre otros. La elaboración y aprobación de los pactos exige que haya liderazgo y gestión políticos para promover y facilitar los espacios institucionales cuyo propósito es forjar amplias coaliciones sociales y políticas.
Los pactos que propone el organismo de la ONU se deben organizar de forma soberana por distintos medios, según la cultura institucional, las prácticas y los valores democráticos que han orientado y dado sentido al quehacer de la ciudadanía, las organizaciones sociales y políticas, el Gobierno, los parlamentos y los tribunales, entre otros. Reconocida la soberanía nacional en esta materia, es fundamental que los pactos sociales se basen en una cultura democrática en que, entre otros aspectos, se respeten la pluralidad y los derechos humanos, se considere la perspectiva de género y no se deje a nadie atrás, a fin de lograr la mayor representatividad y legitimidad social posibles.
Es el momento para que el Estado recupere su lugar como proveedor de bienes y servicios sociales, y para que el sector público ilustre y promueva la identidad colectiva y los objetivos comunes. El fortalecimiento del Estado, así como del rol del sector público, debe ser un medio para abrir caminos institucionales destinados a lograr una mayor inclusión social en la senda de la cultura de la igualdad. Una de las necesidades más urgentes en la actualidad es que se reconozcan y defiendan los avances logrados en el ámbito de las políticas y los programas de protección social, y que se aborden los desafíos pendientes, a fin de fortalecer los sistemas de protección social y velar por su universalización.
Es indispensable construir alianzas entre los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, construidas sobre la base de la visión compartida y los objetivos comunes presentes en los pactos sociales, fiscales, productivos y de sostenibilidad ambiental. El sector público tendrá la responsabilidad de convocar y orientar la alianza, así como de velar por el libre funcionamiento de los marcos de examen, vigilancia y fiscalización democrática de los procesos. Las autoridades deberán abrir espacios para que la sociedad civil participe y se exprese con el fin de estructurar las acciones colectivas y coordinadas que sean precisas.
La crisis actual exige visiones que vayan más allá de lo nacional y permitan diseñar y coordinar acciones multilaterales. La colaboración integrada de los múltiples actores permitirá combatir con éxito la pandemia y, a la vez, lidiar con sus efectos sociales y económicos a corto, mediano y largo plazo. La coordinación, la cooperación, el intercambio de mejores prácticas y la solidaridad son ahora más necesarios que nunca. Es el momento para que los líderes políticos de América Latina y el Caribe impulsen la integración regional en una nueva geografía económica que propicie cadenas de valor regionales y permita disminuir la dependencia respecto de la oferta extrarregional, sobre todo en cuanto a los medicamentos y los equipos médicos destinados a combatir la pandemia. Un mercado integrado de 650 millones de habitantes constituye un importante seguro frente a las perturbaciones que surgen fuera de la región y, a la vez, abre la posibilidad de alcanzar la escala necesaria para viabilizar nuevas industrias y promover redes de producción e investigación tecnológica compartidas entre los países y las subregiones.
Sin duda alguna, es fundamental combinar las medidas de emergencia con políticas que apoyen la recuperación a mediano plazo. Para ello, la CEPAL ha propuesto otorgar un ingreso básico de emergencia por un monto equivalente a una línea de pobreza por seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020; ampliar los plazos y los períodos de gracia de los créditos dirigidos a las mipymes; cofinanciar parte de las nóminas salariales para apoyar el empleo; invertir el 1% del PIB anual en una canasta básica digital para garantizar la inclusión digital universal; aplicar políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan un período más largo de gasto mediante instrumentos nacionales e internacionales no convencionales, como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (Fund to Alleviate COVID-19 Economics (FACE)), propuesto por Costa Rica; fortalecer la solidaridad internacional y aliviar la carga de la deuda y el pago de intereses, además de crear un fondo de resiliencia en el Caribe, e implementar planes de recuperación en que se promueva la creación de empleo, la sostenibilidad ambiental, las soluciones basadas en la naturaleza y la infraestructura básica en las zonas rurales y urbanas.
En síntesis, en América Latina y el Caribe se necesita una acción política transformadora que sirva de guía y ofrezca certeza y orientación para salir de la crisis provocada por el COVID-19. Se debe evitar vivir otra vez una década perdida y los graves efectos sociales, económicos y medioambientales que esta conllevaría. Pese a la crisis, en los países de la región hoy se cuenta con mayores fortalezas y con una voz más reconocida en el mundo que debe hacerse efectiva.
