En el Foro Global Virtual de Economía Social (GSEF, por sus siglas en inglés), organizado por la Ciudad de México y realizado durante el mes de octubre, representantes de un centenar de países de países coincidieron en que la promoción de la economía social y el fortalecimiento económico incluyente es una de las mejores maneras de hacer frente a la crisis económica provocada por el COVID -19. En este aspecto, el premio nobel de la Paz del 2006, Muhammad Yunus, quien fue creador de las herramientas más conocidas para combatir la pobreza como lo son los microcréditos o pequeños préstamos a los más vulnerables, considera que la pandemia es una gran oportunidad para introducir cambios. Yunus considera que volver al modelo económico anterior es equivalente a volver a abordar un tren que está a punto de descarrillar, por lo que sugiere crear una nueva economía con base en el interés colectivo, el emprendimiento social y ayudar a quien más lo necesita, dando preferencia a negocios creados para abordar problemas sociales sin importar lo pequeños que sean. Es por esto que la economía social se ubica en el centro de esta discusión, ya que es un modelo alternativo de producción, distribución y servicios cuya prioridad son las personas, la sustentabilidad y el compromiso con la comunidad, asimismo produce relaciones solidarias y de cooperación más fuertes y distribuye la riqueza de forma más equitativa. Cabe mencionar que las empresas creadas bajo este modelo tienen que ser rentables, sin embargo se caracterizan por distribuir de manera más equitativa los beneficios en su comunidad de origen y por ser más inclusivas.
En México la pandemia ha golpeado duramente a la economía, según datos del Banco de México (Banxico), el PIB en 2020 puede contraerse entre 8.5 y un 10.5 por ciento; mientras que en materia laboral hay una contracción importante del empleo formal donde la economía informal podría fungir como un amortiguador; por último, se estima que 9 millones de personas podrían caer en situación de pobreza y una cantidad similar en pobreza extrema, siendo lo que requiere una atención de carácter más inmediato. La situación para los pequeños empresarios es también muy complicada, ya que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) más del 85 por ciento de las microempresas se conforman por el dueño y un trabajador y aproximadamente el 92 por ciento no cuenta con acceso a financiamiento. Asimismo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estima que por motivo de la pandemia se cerrarán entre 250 mil y 300 mil pequeños negocios, los que equivalen a casi el 25 por ciento de este tipo de comercios en el país. En este sentido, académicos de la Universidad Iberoamericana refieren que el apoyo a los sectores empresarios de menores recursos ha sido muy escaso, al no existir una política de reactivación económica hacia las pequeñas y medianas empresas que son la mayor fuente de empleo en el país. En este contexto, el Primer Censo de Empresas Sociales en México (2019), elaborado por Disruptivo Tv, un medio dedicado al emprendimiento social, muestra algunas de los beneficios vinculados a las empresas sociales. Una empresa social es aquella con fines de lucro cuyo objetivo principal es generar un impacto positivo social y/o ambiental, asimismo, deberá de medir su impacto, y tener un modelo de negocio que le permita ser financieramente sustentable. Los datos para el censo fueron obtenidos de incubadoras y redes que se dedican a apoyar emprendedores, donde se identificaron 305 empresas sociales en el país de las cuales 100 fueron utilizadas como muestra para elaborar el censo. Cabe mencionar que el trato en la legislación de las empresas sociales es igual al de una empresa tradicional, por lo que es complicado determinar a través de fuentes oficiales el número exacto de estas. Los resultados arrojaron que un 67 por ciento de las empresas sociales generan entre cero y cinco millones de pesos al año, destacando que un 20 por ciento pueden obtener ingresos de más de 10 millones de pesos anuales. Asimismo, estas empresas tienen impactos en las áreas de medio ambiente, inclusión de la población más vulnerable e inclusión laboral, donde las poblaciones más beneficiadas son aquellas familias y comunidades en condiciones de pobreza extrema, víctimas de violencia, personas de la tercera edad y población con problemas de salud. En cuanto a empleo, las empresas de la muestra dan trabajo a 5,112 personas de las cuales el 29 por ciento son mujeres y 2, 892 pertenecen a grupos vulnerables. Si bien el censo concluye que es necesario mejorar las condiciones para que las empresas sociales aporten más en términos de medio ambiente y en mejorar su proporción de otros grupos vulnerables en materia de empleo, los beneficios son claros.
Ante estos hechos, una estrategia que podría reflejar a un mayor compromiso del gobierno federal para la recuperación económica podría centrarse en la transformación de las pequeñas y medianas empresas para volverse empresas sociales. Como ya se mostró los beneficios de estas unidades económicas tienen el potencial de superar de mejor manera la crisis y de crear resiliencia ante eventos similares, entonces resulta extraño que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado en muchas ocasiones que uno de sus objetivos principales es “primero los pobres”, no apueste por desarrollar una economía cuyo centro son las personas y la mejora de su entorno. ■
