Cuando entró el nuevo gobierno (que ya no es tan nuevo), por motivos que ahora sabemos, se interrumpió el flujo de medicamentos al sistema de salud del país, lo cual abarcó IMSS, ISSSTE, y Secretaría de Salud. Lo que ha generado más crisis ha sido la falta de medicamentos oncológicos: los padres de niños con cáncer llegaron a realizar protestas en el aeropuerto internacional y otras medidas producto de su desesperación. La interrupción se debió, al parecer, al cambio del mecanismo de compra de los genéricos y químicos especializados, por las fundadas sospechas de corrupción en la cadena de compra y de suministro.
Las irregularidades se debían, en gran parte, a causa de prácticas monopólicas: 5 empresas cubren el 80 por ciento de los medicamentos. Entre las que se ha sabido están PiPSA y Maypo. La detención de la compra se relejó en una disminución del gasto en medicamentos del 4 por ciento al inicio de este año. Para el 2020 se presupuestaron 86 mil millones de pesos y a Junio (la mitad del año) se había ejercido sólo el 30 por ciento de ese presupuesto (27 mmdp). En suma: al 50 por ciento del tiempo se estaba ejerciendo el 30 por ciento del gasto. Lo cual evidencia un rezago en el gasto en medicamentos.
Para iniciar, creemos que la prioridad de todo el manejo de estos procesos administrativos debería ser la vida y salud de cada enfermo perjudicado por las decisiones administrativas. Puede incluso tratarse de intenciones plausibles si el objetivo era desmontar prácticas monopólicas y cadenas corruptas de distribución y compra, pero si pasaba por dejar a decenas de niños sin sus medicamentos oncológicos, la estrategia debería ser otra. La absoluta prioridad deben ser las personas, por encima de prioridades del gobierno. Este último debe pensar en un absoluto: los pacientes. ¿No había forma de generar un proceso de limpieza en las cadenas de compra sin afectar a los niños enfermos de cáncer y los otros afectados de otras morbilidades? Estrategias administrativas para, una vez garantizado el servicio de casos tan delicados como los mencionados, realizar las acciones alrededor de la mejora de los procesos de distribución y compra.
La última noticia fue que gobierno federal estaba licitando en el extranjero, apoyados por Naciones Unidas, la compra de medicamentos. Las dudas vuelven a florecer: ¿los laboratorios nacionales no deberían tener cierta prioridad? Y al igual que en la política de los energéticos, ¿no se debería establecer inversión pública para la producción de medicamentos? Tantas dudas son producto de la ausencia de documentos evaluativos públicos elaborados por gobierno federal. Estamos ante la paradoja de conferencias de prensa diarias y, al mismo tiempo, desinformación sobre los procesos de gobierno. Pero a diferencia de cualquier otra área de gobierno, el sector salud tiene en sus manos la vida concreta de las personas. Debería ser, con mucho, el área de gobierno prioritaria. Ojalá y el objetivo de contar con medicamentos gratuitos, suficientes y de calidad, llegue a hacerse realidad: una promesa que no debemos soltar.
