■ Pone a disposición de los mexicanos votar a favor del enjuiciamiento, entre otros actores, de los ex presidentes de México, pero sus efectos en estos momentos no pueden señalarse
■ Hay que destacar que la pregunta fue modificada “enfáticamente” en un 95%; el sentido de la primera es distinto
■ Según constitucionalistas, de las 57 palabras que conformaban la pregunta original, sólo se retomaron por la Corte nueve para declararla constitucional, quedando una “muy genérica”
Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), la pregunta avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que pone a disposición de los mexicanos votar a favor del enjuiciamiento, entre otros actores, de los ex presidentes de México, es una pregunta “general, no concreta y muy confusa”, cuyos efectos en estos momentos no pueden señalarse.
La aseveración de la ombudsperson se dio luego de que el pleno máximo del Tribunal del país aprobara el pasado primero de octubre, con ocho votos a favor y tres en contra, la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntar a la ciudadanía si quiere que se enjuicie a ex presidentes del país, misma que se reformuló casi en su totalidad, quedando a su consideración, imprecisa.
En primera instancia, refirió Domínguez Campos, hay que destacar que la pregunta fue modificada “enfáticamente” en un 95 por ciento, por lo que el sentido de la primera pregunta es distinto, ya que, de acuerdo con constitucionalistas, se ha señalado que de las 57 palabras que conformaban la original, sólo se retomaron por la corte nueve palabras para declararla constitucional, quedando una “muy genérica”.
Esta nueva pregunta, explicó la especialista en derechos humanos, establece conceptos genéricos, como por ejemplo “decisiones políticas”, las cuales dice se habrán de investigar y analizar, por lo que expresamente ya no se habla de ex presidentes y deja un ámbito mucho más abierto. Además, no dice cuáles decisiones políticas ni a qué periodos se refiere, pues solamente dice “tomadas en años pasados”, y mucho menos a qué actores políticos se refiere y a cuáles víctimas.
Y es que de acuerdo con lo aprobado por la SCJN, la nueva pregunta quedó reformulada de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Por lo tanto, reiteró María de la Luz Domínguez, aun y habiendo sido avalada, es una pregunta muy general, imprecisa y confusa que no tiene parámetros para conceptualizar, porque no establece qué son decisiones políticas, no hay temporalidad clara y tampoco señala los actores políticos y ni las víctimas. Por lo tanto, remató, los efectos que se tengan de esta consulta no se pueden señalar en este momento, ni el fin concreto de los resultados, porque además la Corte decretó, de manera clara y concisa, que la pregunta no va a tener efectos vinculantes para la actuación de la Fiscalía General de Justicia.
