■ Se lleva un procedimiento y un protocolo para revisar y desahogar las diversas observaciones, afirma el priísta
El dictamen de la Cuenta Pública 2018, emitido por la Auditoría Superior del Estado (ASE), lleva un procedimiento y un protocolo para revisar y desahogar las diversas observaciones, motivo por el cual aún no se lleva al pleno, informó José María González Nava, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Legislatura del estado.
En ese sentido, dijo que las comisiones tienen un plazo hasta el próximo 27 de octubre para dictaminar la cuenta pública 2018 del Gobierno estatal, por lo que el análisis al interior de esta se realiza en tiempo para que pueda ser discutida y en su caso aprobada por el pleno dentro del plazo.
Indicó, además, que la Legislatura de la entidad tiene hasta el mes de diciembre para dictaminar las cuentas públicas de los 58 municipios, correspondientes al mismo ejercicio fiscal.
El legislador priísta dijo que, al llevar todo un procedimiento y protocolo para revisar y desahogar las diversas observaciones, los diputados ya han avanzado, aunque apenas se realizan las primeras reuniones de las comisiones en las que también se analizan las cuentas públicas 2018 de los organismos operadores de agua potable.
González Nava explicó que “se han estado realizando los trabajos en comisiones, pero lleva un trámite, un control y un seguimiento. Hoy siguen trabajando las comisiones para seguir dictaminando el tema de las cuentas públicas municipales y de la cuenta pública del estado”.
Desde la semana pasada trascendió que la cuenta pública de Gobierno del Estado estaba en condiciones antes de ser dictaminada e incluso diputados han dado cuenta de diversas anomalías encontradas en este informe con observaciones por 113 millones 800 mil pesos, en la que destacan presuntas irregularidades en la aplicación del recurso público para el proyecto de la presa Milpillas.
Por ejemplo, Omar Carrera Pérez dio a conocer que la ASE emitió observaciones al Gobierno del Estado por más de 113 millones, de los cuales 21 millones 500 mil pesos corresponderían a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) por duplicidad de pagos a una empresa llamada Krystal, responsable de la compra de terrenos para la realización de la presa Milpillas.
