A prueba, la Fiscalía General de la República

A prueba, la Fiscalía General de la República

Combatir la corrupción fue una de las mayores demandas sociales que en 2018 la nación hizo a los candidatos a la Presidencia de la República y a quienes pugnaban por candidaturas para gubernaturas y legislaturas federales y estatales. Fue la lucha contra la corrupción una de las banderas que más ondearon los contendientes, sin importar desde qué trincheras partidistas disputaran el voto mayoritario.

Como fue evidente, el partido que más capitalizó esa lucha fue Morena, al que no se le podía acusar de ilegalidades, porque aún no había tenido oportunidad de gobernar y por lo tanto de cometer errores. Era la novedad. Por lo tanto, no tenía la desventaja de sus competidores, partidos, algunos, de largo abolengo en el ejercicio del poder y por lo tanto expuestos y proclives a caer en la tentación de los vicios más condenados por los ciudadanos. Su arrasador triunfo en las elecciones fue fácil. Era nuevo, sin improntas de corrupción ni autoritarismo y sus más fuertes rivales estaban demasiado carcomidos por años de desgaste y de desaseo ético y político.

Morena llegó abrumadoramente a la silla presidencial encarnando las esperanzas de la mayor parte de la población. Sin embargo, no fue necesario que pasara mucho tiempo para que esas esperanzas se fueran debilitando ante la abundancia de estrategias erróneas para resolver los problemas más urgentes del país y la aparición de corruptelas.

Hoy, cuando Andrés Manuel López Obrador se aproxima al segundo año de mandato, empiezan a abrumarlo claras evidencias de actos de corrupción cometidos desde la campaña electoral de 2018. Y no únicamente está él bajo sospecha. Otros miembros de su Gabinete ya han sido señalados por presuntos actos de corrupción.

Aquí no trato de ahondar en el desencanto que ha traído a los mexicanos la llamada Cuarta Transformación, sitiada por sus falsas promesas de gobierno intachable, sino ver su voluntad de introspección y crítica.

Sí, erradicar la corrupción es tarea titánica para la cual tal vez un sexenio sea poco, de tan enraizada que está; tanto que es un fenómeno cuyo combate llama a todos, no exclusivamente a los gobernantes, sean del partido que sean. Si bien, es un desafío que obligadamente deben asumir todas las instituciones civiles y públicas, la responsabilidad es también de cada uno de los mexicanos, sin importar su edad o rol ciudadano, ni si se posee o no el derecho a votar, porque la lucha anticorrupción debe comenzar en edad temprana en los hogares y después en la enseñanza, desde los primeros grados. Formar personas honestas, respetuosas de las normas familiares, sociales, ciudadanas y hasta religiosas es una obligación ineludible para edificar estirpes de sólidos valores morales y una sociedad sana, justa, abierta y democrática, capaz de enfrentarlas positivamente y corregir las conductas perniciosas de políticos, gobernantes, servidores públicos o entidades privadas.

Indudablemente, la magnitud de la corrupción, tan enquistada a lo largo de muchos años, requerirá tiempo y esfuerzos para erradicarla. Mas lo reprobable, en la coyuntura actual, es que su combate más parezca una sed de venganzas políticas que el ejercicio de la legalidad y la honestidad. Castigar a los enemigos del pasado pero hacerse de la vista gorda ante la corrupción del presente es, en la práctica, la estrategia presidencial y ese no es el mandato de los mexicanos.

El caso de los videos que exhiben a Pío López Obrador, hermano de AMLO, recibiendo en 2015 más de un millón 400 mil pesos para apoyar su campaña política a lo largo del país es un acto de deshonestidad que no debe menospreciarse por la cantidad, infinitamente inferior a las que han salido a la luz en el caso de Emilio Lozoya, porque la corrupción no se mide por cantidades, sino por la ilegitimidad de los actos. No hay corrupción pequeña ni grande: simplemente existe o no.

Por el bien de la República, los casos de corrupción, tanto el de Lozoya como el de Pío López Obrador deben ser nítidamente investigados y ser sancionados con estricto apego a la ley.

En la Fiscalía General de la República 12 legisladores panistas ya interpusieron una denuncia contra el hermano del Presidente, por presuntos delitos electorales y fiscales. Es la oportunidad de que el fiscal, Alejandro Gertz Manero, demuestre si la Fiscalía es realmente autónoma o sirve a objetivos políticos de López Obrador.

Bienvenido el combate a la corrupción, pero siempre bajo un ánimo justiciero, nunca como venganza político-electoral.

*Director General del ISSSTEZAC

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