El pasado 10 de agosto comenzaron las campañas para obtener la secretaria general del sindicato de personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ). Contrario a lo que muchos creen no es una oficina u órgano descentralizado de la universidad. Es una institución independiente con patrimonio y criterio propios, cuyos fines son tres: defender los derechos ganados, incrementarlos y organizar a sus miembros. Quedan definidas en el contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT) las condiciones de ejercicio de los derechos, es cosa de la imaginación de dirigentes y agremiados lograr incrementarlos, mientras que la organización se realiza a través del cumplimiento de las normas estatutarias y su constante revisión y actualización en las instancias sindicales pertinentes. Debido a que las más importantes conquistas laborales dependen del dinero, a partir de la década de los 1980 se ha ido reduciendo el costo del CCT para permitir la viabilidad financiera de la UAZ. Notemos en particular que la derrota más escandalosa fue la abolición del sistema de pensiones construido entre la UAZ y el SPAUAZ. ¿Qué tipo de derrota se infligió a los sindicalizados? A los que ingresaron hasta antes del 13 de agosto de 1991 se les cayeron las ilusiones, a los posteriores se les contrató en condiciones más precarias. Analicemos este caso con algún detalle. Para hacerlo con perspectiva histórica consultemos el CCT vigente en 1989. Ese fue un buen año político porque se vivían las consecuencias de la elección presidencial de 1988. Si se consulta el capítulo XIV de aquel CCT se puede obtener una idea de lo que significó la seguridad social para la generación de los 1980. Salta a la vista la ausencia de aportaciones por parte de los agremiados para constituir el fondo de pensiones: el pago de las jubilaciones era con cargo al presupuesto. Notorio es, también, que no se exige edad mínima, y el requisito de la antigüedad acepta tres modalidades: 25 años con 100% de salario y prestaciones, entre 20 y 25 años con 80% y entre 15 y 20 años con 60% .Tanto salario como prestaciones (excepto prima de vacaciones) aumentarían su monto de acuerdo a los incrementos para los universitarios en activo. ¿Cómo debería crecer el presupuesto universitario para hacer frente a este compromiso, junto al de impartir educación? Una idea aproximada, grosera pero ilustrativa, se obtiene del siguiente modelo. Supongamos que se tienen contratados 500 docentes y se gasta en ellos, con salario y prestaciones, en el año 1, un monto de 10 mil pesos. Si cada año hay un incremento por concepto de salario y prestaciones de 10%, en 25 años se gasta en esos mismos 500 docentes un total de 12824 pesos.Cuando ya todos estén jubilados, y reemplazados por otros 500, el presupuesto, para pagarles a estos y aquellos, debería ser de 25648 pesos. Incremento de 125% apenas para pagar por el trabajo contratado y las jubilaciones, sin tomar en cuenta gastos de mantenimiento ni sostén del funcionariado. ¿Se incrementó de esa manera el presupuesto universitario? No, porque el proyecto de modernización educativa no destinó recursos al pago de logros sindicales. Digamos que el neoliberalismo no quiso pagar las “conquistas sindicales”. Vemos que el concepto de jubilación de la generación de los 1980 consistió en pedirle dinero al Estado, no en el desarrollo de fondos de pensiones. ¿Qué pasó durante los años 1990? Se agotó la ilusión revolucionaria, se mostró que nunca hubo conquistas, porque cláusulas sin dinero son letra muerta. Con un enfoque a medias realista, la generación de los 1970 incluyó a la generación de los 1980 en el reparto del presupuesto de la universidad, pero se dejó fuera a todas las demás generaciones. Se lanzó a las generación de los 1990 y subsiguientes a la soledad del ISSSTE, y a vivir en empleos precarios dentro de una universidad precaria con una base consolidada de rentistas del presupuesto. Pero las fantasías de “lucha sindical” no cesan. Si en los textos del CCT de los 1980 no se tenía conciencia de la realidad, en los de los 1990 y subsiguientes se le hace un espacio cuando a la cláusula 113 se le añaden dos párrafos fatales. A regañadientes se reconoce que se necesitan aportaciones y se estipulan cuatro fuentes: la universidad, el gobierno federal, el gobierno local y los trabajadores. Otra fantasía más: las firmas de los gobiernos federal y local no están en el CCT. ¿Y la lucha? No se sabe. Resulta claro que el “proyecto voluntarista” de los 1970 y 1980 no sirvió, pero ningún otro lo ha sustituido. O mejor dicho: sí existe uno que deriva del proyecto de modernización de la educación del gobierno federal, pero no se asume discursivamente, se le deja en los papeles burocráticos, se le administra y gestiona, incluso se le recomienda. Pero carece de la fuerza de las imágenes idealizadas de las “luchas” de los 1970. Ese, el proyecto neoliberal, es el único vigente, aunque ahora se le llame “lucha contra la corrupción”. ¿Y los sindicatos? Listos para unirse a ese proyecto, no porque lo decidan, sino porque su base se los demanda. O no se opone a ello.
De la fantasía a la realidad
