La debacle económica causada por la pandemia del coronavirus (COVID -19) para algunos significará un retroceso histórico en términos de desarrollo humano. De acuerdo con pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mexicana puede ser la cuarta con la mayor caída a nivel mundial, con un desplome de 10.5 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB), lo que representaría la mayor caída en 88 años. En este sentido, el mismo FMI destacó el impacto profundo y negativo que tendrá la crisis en los hogares de bajos ingresos, al estar en riesgo los trabajos realizados hasta la fecha para reducir la pobreza y el acelerado deterioro del mercado laboral. En México la economía ya está dando señales de decrecimiento pues de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que muestra el comportamiento de la economía en el corto plazo, esta tuvo una contracción de 19.7 por ciento anual en términos reales en el mes de abril, en este aspecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), expuso que esta es la reducción más pronunciada desde que hay registro de esta información, la cual obedece principalmente a la generalización del confinamiento a nivel nacional. En materia de empleo, desde el mes de marzo hasta mayo, se han perdido 1 millón 20 mil plazas laborales formales de las cuales 9 de cada 10 corresponden a trabajadores que no ganaban más de dos salarios mínimos, es decir, los de menores ingresos, de forma simultánea, el INEGI refirió que en los meses de abril a mayo, la informalidad sumó 1.9 millones de ocupados para alcanzar 22.6 millones, lo que ubicó la tasa de informalidad laboral en 51.8 por ciento. Por lo anterior, tanto el FMI como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), han insistido al gobierno mexicano en incrementar el gasto público para proteger el bienestar y los ingresos familiares, al ser México uno de los países del G20 que menos ha destinado recursos públicos para enfrentar los impactos económicos de la pandemia.
La CEPAL refirió que de no atenderse los impactos económicos de la pandemia, el aumento de la pobreza para 2020 en la región de América Latina implicaría un retroceso de 13 años, considerando que el acceso a los sistemas de salud, de protección laboral y de pensiones es muy limitado para los grupos vulnerables de la región. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica y México, el 58 por ciento de la población económicamente activa no tiene acceso a estos servicios. Esto es de tomarse en cuenta, puesto que la CEPAL estima que en 2020 la población en situación de pobreza en México será de 47.8 por ciento, cifra que es 5.9 por ciento mayor que la del año pasado; es por estas circunstancias que el organismo internacional propuso un ingreso básico universal hasta por seis meses con base en las líneas de pobreza por ingresos equivalente a la canasta alimentaria y otro equivalente a la canasta alimentaria y no alimentaria, cuyos montos son 1 mil 653 y 3 mil 263 pesos aproximadamente. Asimismo, la CEPAL invita a consolidar las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, elementos que conforman los cimientos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Sobre este tema se invita a articular la protección social con otras políticas públicas para lograr una mejor distribución de los recursos de forma que se protejan a los grupos más excluidos, es aquí donde las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) vinculadas a cuestiones ambientales pueden tener una contribución importante. La ONU Programa para el Medio Ambiente refiere que las TMC como el pago por servicios ambientales pueden mejorar la calidad de vida la población rural y proteger a la vez los recursos naturales, en este sentido, poblaciones marginadas pueden obtener un doble beneficio de preservar su entorno en buenas condiciones. Por otro lado, la identificación de poblaciones vulnerables a desastres naturales y al cambio climático permite reorientar los programas sociales hacia el sector que más requiere implementar prácticas que mejoren su resiliciencia.
Ante esta preocupante situación, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró que el gobierno mexicano quisiera haber hecho más ante la crisis por COVID – 19, argumentando que no hay suficiente margen presupuestario para hacerlo, asimismo, negó que no se estén inyectando suficientes recursos para paliar la contingencia. Si bien la falta de recursos que se pueden aplicar a la pandemia obedece al reducido espacio fiscal, también existe una posible falta de intención por parte de las autoridades para este propósito. Por ejemplo, ante el anuncio del secretario sobre la aplicación de un impuesto digital que grava actividades como la enseñanza a distancia y la descarga de contenido multimedia, entre otros, de lo cual se estima obtener una recaudación de hasta 100 mil millones de pesos en el futuro, hasta la fecha no se ha dicho nada acerca del destino de esos recursos potenciales. También existen la posibilidad de liberar recursos para hacer frente a la pandemia si se pospone la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuyo costo es de entre ocho mil y 12 mil millones de dólares, y del Tren Maya, cuya inversión se calcula en unos 6 mil millones de dólares.
Como se puede apreciar México se encuentra en escenario complicado y que puede empeorar de manera significativa si las autoridades no actúan de manera adecuada, en este aspecto, sería importante anteponer el bienestar de la población más vulnerable y en riesgo de caer en situación de pobreza, y hacerlo con inteligencia de forma que se puedan abordar otras dimensiones del desarrollo como el medio ambiente. Esto requiere de un pensamiento más amplio y humano que trasciende la priorización de grandes proyectos de infraestructura. ■
