La pandemia ha generado una serie de problemas no sólo sanitarios o económicos, sino que ha afectado en el funcionamiento de las instituciones. La suspensión forzosa de actividades presenciales ha generado desfasamientos de los términos legales de muchos procesos. Los órganos jurisdiccionales de todas las esferas del derecho están enloquecidos, porque ninguna norma prevé la ocurrencia de pandemias que atrasen los plazos. En los procedimientos jurídicos es esencial el respeto de los plazos establecidos. El incumplimiento de un plazo puede provocar perder un juicio; así de importantes son.
Pues bien, en la UAZ están en problemas para cumplir con los plazos de la elección de nuevas autoridades. El Estatuto Universitario señala que las autoridades unipersonales y los órganos colegiados de gobierno, deben cambiar a más tardar la tercera semana de agosto. Pero el inicio de clases presenciales es el 7 de septiembre. Esto es, cuando los universitarios regresen a las actividades en las aulas, todos los órganos de gobierno y todas las autoridades (incluyendo el Rector) habrán expirado. En este escenario, no sólo no habría quien legalmente pueda organizar las elecciones de las nuevas autoridades, sino tampoco quién califique dichas elecciones. El máximo órgano de gobierno es el Consejo Universitario, y en las escuelas son los Consejos Académicos de Unidad, es importante que estos órganos no dejen de funcionar en el periodo que inicia en septiembre para organizar las elecciones que renueven toda la estructura de mando universitario.
El Principio de Prudencia nos dice que se deben reprogramar las fechas para hacer sin contratiempos las elecciones una vez que inicie la actividad presencial. Es prácticamente imposible realizar las elecciones en las fechas puestas por los reglamentos. Y ante una imposibilidad no hay derecho que se aplique. Todo el derecho tiene como base el supuesto de que son ‘normas posibles de cumplir’. Si hubiera un reglamento que dijera que “es requisito para ser gobernante flotar por 10 minutos en el aire”, la norma misma quedaría anulada por la imposibilidad fáctica de cumplirse. Esto es, nadie puede exigir que las elecciones se debieron celebrar en las fechas estipuladas originalmente, porque era imposible su realización, y por ello no puede esto constituir argumento legal alguno. Luego entonces, es necesario que la comunidad que constituye la soberanía acuerde o pacte una regla consensuada y prudente que resuelva el problema. Y el problema es esencialmente de fechas y plazos. No es tan complejo, no hay que cambiar procedimientos, ni requisitos, sólo los plazos de implementación del proceso electoral.
Así las cosas, el propio Consejo Universitario, aun en periodo legal, puede generar un Acuerdo Consensado de Gobierno para modificar el calendario de elecciones. Esto tiene dos pilares: es un acuerdo del máximo órgano de gobierno de la institución, y es ‘de consenso’ lo que garantiza la legitimidad del mismo. Cuando una norma se desprende de su deducción legal, debe abrevar en la legitimidad para activarse. Entre más legitimidad, menos vulnerabilidad legal. Ahora bien, como no se trata de modificar algo que constituya o cambie los principios esenciales de la institución, no debe irse al origen del derecho de la misma (toda la comunidad universitaria). Como se trata de una contingencia jurídicamente reconocida por los decretos emitidos por Gobierno Federal, basta con que la máxima autoridad tome un acuerdo de mayoría calificada para hacerlo jurídicamente viable. Y por escrúpulos políticos, puede hacerse avalar dicho acuerdo por la totalidad de los Consejos de Unidad, y con ello amarrar la solidez del mismo. Con ese Acuerdo de Gobierno, la Comisión Electoral Universitaria puede emitir una convocatoria a la renovación de autoridades a partir de septiembre sin problemas. Y a seguir la fiesta de la democracia.
