La solución a la pobreza es abolirla directamente mediante una medida ampliamente discutida hoy en día: el ingreso garantizado.
Martin Luther king Jr.
El concepto de Renta Básica Universal (RBU) ha adquirido un lugar especial en el debate político mundial a partir de la pandemia por el COVID-19, En México no nos encontramos con una excepción, menos ahora que una mayoría de izquierda pugna por establecer programas sociales e impuestos justos. La RBU es una forma de garantía económica otorgada a los ciudadanos, es proporcionada por el estado a través de una asignación mínima de ingresos. Según sus impulsores, la RBU busca que a partir de este ingreso los sujetos cuenten con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades básicas y de esta manera disminuir los índices de desigualdad y pobreza, entre otros muchos problemas que son consecuencias directas de estos dos.
Vaya que nuestro país necesita estas medias, pocos casos son tan escandalosos como el de México cuando hablamos de desigualdad en la distribución de la riqueza, cifras de Miguel del Castillo, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) señalan que “entre 125,000 y 220,000 personas tienen la mayor parte de los activos físicos —autos, casas y otros bienes— y financieros —dinero e inversiones—, mientras que más de 50% de los mexicanos vive con carencias alimentarias.”
Estoy citando cifras hasta cierto punto conservadoras que concluyen: un poco menos del 10% de la población concentra dos tercios de la riqueza total de nuestro país, existen otros estudios con conclusiones (si es posible) mucho más vergonzantes. A la vista de estas cifras, vigentes desde 2017, la derecha en el gobierno jamás buscó un esquema de impuestos que hiciera justicia a estas realidades, mucho menos se manejó la idea de la RBU, esa sólo pasa a interesarles cuando está en boga, cuando, fieles a sus inclinaciones porfiristas, en Francia ese debate adquiere presencia, pues por adorar a Maximiliano y a los mandatos externos, ellos (la derecha) han sido capaces de contravenir sus ejes políticos básicos.
El jueves pasado, la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T convocó a una video charla en la que estuvieron invitados: José Luis Rodríguez Zapatero (Expresidente de España), Ernesto Samper Pizano (Expresidente de Colombia), Celso Luiz Nunes Amorin y Marco Enriquez-Amorim (Excandidato a la presidencia de Chile). Todos coincidieron en dos puntos: 1) que en esta situación de crisis sanitaria y económica una de las estrategias más pertinentes es la implementación de RBU para promover el consumo y activar el mercado; y 2) que México es pionero en la implementación de esquemas muy cercanos al de la RBU.
Efectivamente, el gobierno de la 4T ya está implementando esquemas muy cercanos a la RBU, por medio de la Pensión para Adultos Mayores y las becas Benito Juárez para Educación Media Superior. El año pasado, la Cámara de Diputados votó en favor de elevar a rango Constitucional estos programas, es decir, este apoyo (profundamente necesario) se torna en derechos con carácter de constitucional.
España asigna el 0.3% a una renta básica universal que ha llegado dos millones de personas. En México estamos varios pasos adelantados, por citar un ejemplo, el Programa Adultos Mayores actualmente se dispersa en cerca de 8 millones de beneficiarios. Aún ajustadas las enormes diferencias de población, si hacemos una comparativa en porcentajes de gasto en programas sociales, México se encontraría en un lugar mejor que respetable.
Para hacer solventes estos programas, el gobierno y los legisladores de la 4T han implementado una serie de medidas financieras bastante sensatas: un sistema de Austeridad Republicana, la abolición de la corrupción con su consecuente disminución del ramo 23 “el ramo de los moches”, y en general, propiciar el pago de adeudos por parte de las grandes empresas al SAT, haciendo por primera vez en mucho tiempo una recaudación efectiva y justa.
Ahora que se plantea ampliar los programas y llegar a otros sectores, actores políticos como Ramírez Cuellar y Pablo Gómez han propuesto la operación gradual de un Sistema de Progresividad fiscal. Como en todos los trompos que la 4T se ha echado a la uña, y a pesar de que los datos antes citados hacen patente la necesidad de este sistema, se anticipan fuertes resistencias de aquellos que siempre se han opuesto a la libertad de la ciudadanía, pero han pugnado muy fuertemente por esas mal llamadas “libertades económicas”.
Finalmente, en un escenario de ampliación de estos programas, en una instauración patente de la RBU, no podemos dejar de tocar la médula profunda del tema: la libertad real enunciada por Philippe Van Parijs. Años y Años han pasado donde sociedad civil y partidos (aunque sea de dientes para afuera) han denunciado la compra de las voluntades, gobierno tras gobierno neoliberal ha mantenido, con muy poca vergüenza, el esquema que les permitía lucrar con el hambre, negándose a reconocer como derecho humano el cubrir las necesidades básicas.
Reconocer los derechos humanos a cabalidad, significa reconocer esa necesidad de libertad real que hace imposible la compra de una voluntad. ■
