En la extensa maraña de homicidios que por múltiples razones se cometen y mes con mes se acumulan en México, el asesinato de activistas representa un fenómeno sin freno y un objetivo pendiente para la presente administración lopezobradorista. El acotamiento de la violencia y la inseguridad pública no se han alcanzado de forma plena mediante la implementación de mecanismos como el de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas, o la presencia de la Guardia Nacional en las calles. Ello, aunado a la deficiente procuración de justicia del sistema judicial, termina por representar un espacio gris para los activistas de este país, espacio en el que se vuelven objetivos potenciales de agresiones e incluso el homicidio.
Lo cierto es que en un país en el que las muertes asociadas al narco acaparan la atención tanto mediática como de los políticos y funcionarios en turno, la vulnerabilidad de los activistas termina por ser soslayada, lo que representa una doble victimización tanto para quienes son agredidos directamente como para sus familias.
Considérese que entre el cierre de 2019 y los albores de 2020 fueron asesinados 23 activistas en México; que la mayoría de esos casos no han tenido una procuración de justicia idónea, y que en pocos días de ocurrido el asesinato el hecho termina por diluirse en los medios de comunicación y en las carpetas de investigación del órgano judicial.
Esta realidad termina por representar una afrenta para las personas asesinadas, pero también implica que su lucha se desgaste o termine por perderse, pues la impunidad en este tipo de asesinatos genera olas de contagio inmediatas entre los simpatizantes de las causas, quienes comprenden el riesgo de tomar la estafeta en un escenario de amago e impunidad.
No obstante, frente al silencio voluntario o forzado que generan el asesinato y la amenaza subyace un hecho sumamente elocuente, el de que en su gran mayoría, esos asesinatos se corresponden con el despojo sistemático que desde hace años se practica en México. Al respecto se puede referir el Análisis Global de 19 de Front Line Defenders, organismo que ha aseverado que cerca del 70 por ciento de los activistas asesinados en México durante 2019 estaba enfocado en la defensa del medio ambiente.
El despojo se cierne actualmente sobre quienes defienden el agua, como en el caso de Samir Flores, ultimado a balazos en el ámbito de su oposición a la construcción de una termoeléctrica en el estado de Morelos, y la cual aseguraba junto a académicos y otros activistas, implicará un efecto dañino para el medio ambiente; sobre quienes resguardan los bosques, como es el caso de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, defensores de la Mariposa Monarca y la biodiversidad michoacana, y quienes antes de ser asesinados denunciaron la tala inmoderada en los santuarios de la mariposa Monarca; sobre quienes defienden la tierra, su sentido ancestral y sus formas de subsistencia, como es el caso de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri asesinado en Chihuahua pese a estar protegido desde 2014 por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, según dio a conocer La Jornada.
Tan sólo en los últimos días han sido asesinados tres activistas en los estados de Morelos, Zacatecas y Guanajuato. Dos de ellos estaban avocados a la preservación del territorio. Se trata de Isaac Medardo Herrera Avilés y Paulina Gómez Escudero, defensora del territorio de Wirikuta y hallada muerta por arma de fuego en El Salvador, municipio de Zacatecas.
En este escenario es importante tomar conciencia que la violencia contra los activistas –en particular los defensores del medio ambiente- prácticamente se extiende por todo el país, pero en la búsqueda de alternativas serias es clave partir del hecho de que las comunidades indígenas y los ejidatarios son grupos sociales proclives a resentir dicha violencia de forma más aguda en tanto asumen la responsabilidad de resguardo del medio ambiente.
De igual manera es preciso reconocer que el lucro desmedido; la mercantilización de bienes naturales; la apertura que los gobiernos mexicanos de sexenios anteriores han hecho al capital privado; los ajustes y artimañas legales para viabilizar el despojo; la indiferencia y falta de conocimiento de amplios sectores para comprender la importancia de la defensa de nuestros bienes naturales y derechos humanos son fenómenos vigentes, corren en paralelo y alimentan una espiral de despojo y violencia que se constata en tragedias como la pérdida de la vida de activistas, pero que finalmente termina por perjudicarnos a todos en tanto perdemos progresivamente bienes que son elementales. ■
