■ Presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
■ Ellos y su representante legal acusan que en los municipios sólo hay justicia en el papel
■ El caso, por homicidio imprudencial, encubrimiento y manipulación de pruebas, tanto de la directora del Cobaez de Miguel Auza, como por la Policía Ministerial y Tránsito
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) recibió una nueva queja por parte de la familia Rivera Mijares, con el fin de exigir justicia por la muerte de Noé Rivera Mijares, quien, aseguran, fue víctima de homicidio involuntario por quien fuera el chofer del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) plantel Miguel Auza, que lo arrolló con la unidad.
Los familiares y su representante legal acusaron que en los municipios sólo hay justicia en el papel, sin embargo, la realidad es otra. Es por ello que la Colectiva para la Defensa de los Derechos de los Niños y las Mujeres en Miguel Auza, en apoyo con Dahianny Guadalupe Badillo Alba, abogada de la familia, se presentó la queja por homicidio imprudencial, encubrimiento y manipulación de pruebas, tanto por parte de la directora del Cobaez del citado plantel, como por la Policía Ministerial y de Tránsito.
Luis Eduardo Rivera, padre del occiso, denunció que las autoridades borraron evidencia, pues permitieron que el camión que se viera involucrado en el accidente fuera movido, y el casco destrozado que pudiera haber servido como evidencia fue ignorado.
La hermana, la esposa y el compadre de la víctima agregaron que los trámites son tardíos e ineficientes, aparte de que terminan revictimizando a las familias y no tienen una conclusión satisfactoria en la mayoría de los casos. Externaron también su indignación por la injusticia que viven.
Quien impuso la denuncia aseguró que las autoridades ignoraron evidencias, dieron información incongruente y ahora se rehúsan a tomar en cuenta las declaraciones de testigos.
Además, acusaron que la familia es violentada por el Estado, y responsabilizan al gobernador y al secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, de la injusticia y el sufrimiento que vive la familia.
Entre las exigencias de la familia están: el esclarecimiento de los hechos; la destitución inmediata de la directora del Cobaez plantel Miguel Auza, así como de la subdirectora y el chofer presuntamente involucrado en los hechos; y, por supuesto, indemnización por daños.
Otras peticiones incluyen abrir una carpeta de investigación contra las autoridades que resulten responsables de entorpecer las primeras fases del incidente; esclareciendo qué ministeriales y agentes de Tránsito fueron presuntos cómplices del crimen.
Además, buscan protección por parte gobierno a los familiares y testigos que temen represalias por alzar la voz, así como una audiencia con el gobernador.
