Para nadie es desconocido, la podredumbre en que se encuentra inmerso y caracteriza al poder Judicial en nuestro país, en los ámbitos federal y estatal. No se entiende de otra manera, el elevado índice de inseguridad e impunidad que actualmente vivimos. Por eso, es importante la propuesta de reforma que diseñaron los ministros de la SCJN, entregada por su presidente Arturo Zaldívar al jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, quien la enviará al Congreso de la Unión para su debido proceso legislativo.
Es necesaria y acertada la propuesta de la reforma: busca fortalecer las facultades del Consejo Judicial, para combatir la corrupción, el nepotismo y acoso; se establece claramente como causa de responsabilidad, el influir en el nombramiento de personas para integrar el poder Judicial; se prevé que queden sin efecto los nombramientos que se lleguen a otorgar, en violación a esta prohibición; busca mejores jueces y establece una escuela judicial, para generar una auténtica carrera judicial; reglamenta un servicio profesional de carrera que garantice que sólo personas honestas, capaces y comprometidas con los derechos, impartan justicia; busca establecer un nuevo perfil de los defensores públicos, para lograr llevar la justicia a los más necesitados que han perdido la esperanza.
Yo en lo particular, veo muy novedoso que el propio presidente de la SCJN, al presentar públicamente la propuesta de reforma al jefe del Ejecutivo AMLO, está reconociendo plenamente, todas las tropelías que ocurren al interior del poder judicial, el que lamentablemente tiene encomendada la función de impartir justicia.
Este reconocimiento público tiene una explicación: el poder Judicial, ha construido una muralla por su despotismo y así, ha encubierto su propia opacidad, su corrupción; el hostigamiento; el nepotismo; la dilación en la administración e impartición de justicia; muchos de sus integrantes, los juzgadores, se prestan a corruptelas onerosas.
Así lo aseguró Julio Scherer consejero jurídico de la Presidencia de la República en el acto de “entrega-recepción” de la propuesta de reforma, al decir: “para el gobierno federal, la consolidación del Estado de derecho, es el gran pendiente que preocupa y ocupa hoy al gobierno de México. No hay entidad federativa a salvo de la ilegalidad, es un dramático acontecer, cada día que proyecta una imagen de corrupción y abandono, El aparato judicial ha sido pervertido por décadas, la institución del MP, ha tenido tarifas, existen jueces que terminan por convertirse en mercaderes, muchos de ellos malamente calificados; dirigen su energía a tareas distintas que no sea el abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de inmunidades; el poder Judicial ha sido espejo complaciente de poderosos y no siempre de obstáculo; intereses antidemocráticos, todavía le exigen sepultar escándalos”
No obstante lo novedoso y noble de la reforma, hay un cuestionamiento: ¿por qué no se había visto en México, que el titular del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, presentara una propuesta de reforma, en los términos que ocurrió el día de ayer?
El poder judicial carece de facultad para presentar iniciativas de ley, porque ésta sólo corresponde: al Presidente de la República; a Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; a las Legislaturas locales y de la Ciudad de México y, a los ciudadanos.
Sin embargo, en este caso fueron los ministros de la SCJN, quienes diseñaron la propuesta de reforma, y ellos a través de su presidente Arturo Zaldívar, la hicieron llegar a AMLO., quien a su vez, la presentará al Congreso de la Unión.
¿?
Analizando todo ese “procedimiento”, quien en realidad diseñó la propuesta de reforma fue el poder judicial, en consecuencia, se presenta una usurpación de funciones de los poderes federales, primero, porque el judicial carece de facultades para presentar iniciativas de ley; segundo, porque su función es impartir justicia en la sociedad. Esto significa, que le compete resolver dentro del marco de la legislación que le ha sido dada por función legislativa, todas las controversias cuya solución judicial le sea solicitada; la función judicial no hace la ley, sino que la aplicará a los casos particulares de conflicto. En cambio la función del poder ejecutivo, desarrolla toda la actividad concreta del gobierno en el sentido de que asume no solo la conducción administrativa del estado, sino la solución de los problemas reales de la sociedad, para la cual, actuando subordinadamente al ordenamiento legal expedido por el legislativo, imparte órdenes e impone su cumplimiento con el respaldo de la fuerza pública, cuyo manejo le compete. La función legislativa, formula y establece las normas obligatorias de la convivencia social.
Tenemos entonces, una usurpación de funciones, porque el poder judicial queda sometido al ejecutivo, lo que constituye un quebranto al principio de la división de poderes. También el legislativo se subordina al ejecutivo desde el momento de que en el acto realizado en la sede de la Corte, el ministro presidente Arturo Zaldívar, detalló la propuesta de reforma a los coordinadores de las ocho bancadas del Senado y a los legisladores que se encargarán de su dictamen.. Les dejó claro que busca revolucionar el sistema de jurisprudencia y justicia en México. ■
