■ La mujer fue recluida en una celda con hombres, factor que propició los hechos violentos
■ Dan dos recomendaciones a centros penintenciarios; una es la garantía de no repetición
La mujer que interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) tras sufrir de abuso sexual al ser recluida en una cárcel distrital dentro de una celda con hombres en 2018, ya recibió respuesta, aseguró María de la Luz Domínguez, presidenta de la misma institución.
Después de realizar las investigaciones correspondientes, la respuesta a la denuncia fue que la CDHEZ diera dos recomendaciones: la primera dirigida a los centros penitenciarios, pues estos permitieron que se vulneraran los derechos humanos de la mujer privada de la libertad, de manera específica el derecho a una vida libre de violencia y de integridad personal y sexual.
Se incumplió con la obligación del estado garante, es decir, que se falló al garantizar la integridad física, moral, psicológica y sexual de la persona, y como consecuencia la CDHEZ la recomendó que se integre a la mujer al Servicio Estatal de Víctimas y se le repare en su totalidad el daño causado, ya que “en este caso incumplió el estado”.
La segunda recomendación, también dirigida al sistema penitenciario, fue llevar a cabo las garantías de no repetición, esto al no privar de la libertad a mujeres que hayan sido acusadas, por presuntamente cometer un delito, dentro de centros penitenciarios varoniles, sino que sean dirigidas directamente al centro penitenciario femenil de Cieneguitas.
Lo establecido por la CDHEZ lo hace en el desempeño de sus funciones y, en el ejercicio de su autonomía, al no recibir instrucciones de ninguna autoridad o servidor público, sus recomendaciones, acuerdos de no responsabilidad y demás resoluciones sólo estarán basados en las evidencias que de manera fehaciente conste en los respectivos expedientes.
En cuanto a los delitos sexuales cometidos, la Fiscalía del Estado tiene abierta una carpeta de investigación, así como investigaciones que se lleven a cabo para asignar las sanciones administrativas y penales correspondientes a los servidores públicos involucrados.
