■ Son 19 empresas en total las que interpusieron un amparo: Jorge Miranda
■ Hasta el momento 5 resoluciones han sido a favor de Zacatecas
■ Segunda Sala de la SCJN invalidó el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales; considera que se grava una materia que es de competencia federal
■ Se declaró inconstitucional el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos, debido a que viola el principio de proporcionalidad tributaria
Continúa la polémica con respecto al Impuesto Ecológico promovido por el estado de Zacatecas, luego de que la pasada sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 6 de febrero de 2020, se trataron los asuntos respecto los amparos interpuestos por la Compañía Cervecera de Zacatecas, Exploradora de Sombrerete y el Aeropuerto Internacional de Zacatecas, además de que anteriormente se habían resuelto los casos de las mineras Peñasquito y Peñoles, resultando la entidad favorecida.
Luego de dicha sesión, las empresas mencionadas perdieron el recurso legal y se estableció que deberán para el impuesto de remediación ambiental desde 2017, luego de que la Suprema Corte determinó que el impuesto tiene sustento para el cobro en sus cuatro vertientes: remediación ambiental en la extracción de materiales y minerales; emisión de gases a la atmósfera; la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua; y el depósito o almacenamiento de residuos.
En entrevista para noticiaros radiofónicos locales, el secretario de Finanzas del Gobierno de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, recordó que el impuesto entró en vigencia en 2017 y el año pasado la Corte dio una respuesta favorable para el estado, sin embargo, dijo, fue apenas el primer paso ya que 19 empresas en total fueron las que interpusieron amparo, teniendo hasta el momento la determinación de 5 a favor de Zacatecas, y en espera de que en los próximos meses se resuelvan los demás casos.
Miranda Castro refirió que la instrucción del gobernador Alejandro Tello es no ser hostiles con las empresas y conducirse a través del diálogo, sobre todo porque se les reconoce la aportación que hacen a través del empleo que generan para los zacatecanos, por lo que, dijo, esperan que los empresarios tenga también una buena actitud y entrar en próximos meses en negociaciones en las que, sobre todo, se privilegie el diálogo.
La cantidad de dinero que resultaría de dichos impuestos está tipificada por el orden de los mil 230 millones de pesos, con los cuales se esperan tratar temas de medio ambiente, salud, educación y seguridad pública. No obstante, recordó que aún faltan 14 amparos, pero se espera, en virtud de las últimas resoluciones, que se darán en el mismo sentido, lo que cimentará un antecedente importante a nivel nacional y un detonante de desarrollo económico para Zacatecas.
Los más ricos de
México se amparan
Después de que en 2017 la SCJN determinara que el impuesto tenía sustento para el cobro de sus cuatro vertientes, algunas empresas grandes, quienes debían pagar más por dichos conceptos, comenzaron a interponer amparos para no pagar dicho impuesto, destacando, sobre todo, las pertenecientes a los mexicanos más ricos, cuyo ingreso de 10 de ellos es equivalente, según el Banco Mundial, Credit Suisse y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al de 60 millones de mexicanos pobres.
Entre las empresas que se ampararon contra el Impuesto Ecológico, podrían destacar la Minera Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres; Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota; Frisco, perteneciente a Carlos Slim Helú, y Grupo Modelo, corporativo que se ha relacionado con la familia Aramburuzabala.
Según la revista “Forbes” las personas mencionados se encuentran entre la lista de 2019, de los personajes más ricos del mundo, destacando en el primer lugar de los mexicanos y quinto a nivel mundial, Carlos Slim Helú, con una fortuna de 64 mil millones de dólares, con acciones en ramas de telecomunicaciones, empresas del ramo comercial, industrial, de infraestructura, construcción y energía, y cuya empresa Frisco es la que ha ocasionado el desplazamiento de los habitantes de la comunidad Salaverna, en el municipio de Mazapil.
Por su parte, Germán Larrea Mota Velasco ocupa el segundo lugar entre los mexicanos más ricos, ya que su fortuna se estima en 13 mil millones de dólares. Su corporativo Grupo México se ha convertido en la empresa minera más grande del país y cuya presencia en Zacatecas ha creado también polémica debido a la huelga de más de una década en la mina de San Martín, ubicada en el municipio de Sombrerete.
En cuanto a Alberto Bailleres, la riqueza calculada, según Forbes, es de 7 mil 400 millones de dólares en la actualidad, lo que significa una reducción considerable en comparación con 2018, cuando el dueño de Grupo Bal, la minera Peñoles, El Palacio de Hierro, el ITAM y GNP ostentaba 10 mil 700 millones de dólares.
Los magnates mencionados se encuentran entre un grupo de 16 mexicanos multimillonarios, que de acuerdo al informe “Billionaires report 2018”, en un año se hicieron 21 por ciento más ricos concentrando entre todos ellos 141 mil millones de dólares, fortuna obtenida por fabricación propia y heredada, confirmando así que tan solo este grupo posee fortunas superiores al millón de dólares mientras que millones de personas viven con menos de 1.90 dólares al día, es decir, menos de 40 pesos.
Corte invalida dos impuestos
ecológicos de Zacatecas
Finalmente, la tarde de ayer mediante un breve comunicado, se informó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidó la constitucionalidad de los impuestos de la emisión de gases a la atmósfera, así como el de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, en virtud de que Zacatecas tiene competencia para establecerlos, además de que son proporcionales al permitir que se reconozcan los efectos negativos que se causan al medio ambiente.
Sin embargo, se comunicó también, se invalidó el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, al considerar que se grava una materia que es competencia exclusiva de la Federación. Además, se declaró inconstitucional, también, el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos, debido a que viola el principio de proporcionalidad tributaria.
