Al igual que a fines de 2018, en diciembre de 2019 las autoridades de la UAZ firmaron un “Convenio de apoyo financiero de recursos públicos federales y estatales extraordinarios no regularizables” para allegarse los fondos necesarios que les permitan “enfrentar pasivos para el cierre del año fiscal 2019 de sueldos y prestaciones derivadas de jubilaciones”. Junto al convenio se añade un anexo de condiciones que debe cumplir la universidad para “garantizar su sustentabilidad financiera conforme a las disposiciones aplicables contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019”.
Este convenio, y el precedente, indican que el gobierno federal decidió no incrementar el subsidio ordinario a la universidad y someterla a un conjunto de restricciones, emanadas en su mayoría de las autoridades universitarias, para que sean ellas mismas las que resuelvan su situación sin más recursos financieros.
Por supuesto, la condición más fuerte la coloca el ejecutivo federal al no abolir la contención salarial, lo que induce de inmediato una dinámica de reducción de prestaciones en las instituciones de educación superior porque los equipos que las conducen no tienen la capacidad de diseñar políticas adecuadas a una situación de constricción presupuestal permanente; se habían habituado al estilo “neoliberal” de negociación.
Ahora bien, si desde la perspectiva sindical los programas propuestos por la rectoría son violatorios del contrato porque implican modificarlo (de acuerdo al anexo del convenio para el 31 de diciembre el contrato estaría cambiado, cosa que puede ser el caso dados los antecedentes del actual secretario general) desde otro punto de vista, el del diseño e implementación de políticas públicas, las cuestiones son otras: ¿son esos los programas requeridos para resolver la problemática institucional? ¿Se cuenta con los medios para lograr implementarlos? ¿Cómo se evaluará el resultado y se modificarán en función de ello? Todo problema institucional es objetivo e irreductible a una única causa. Durante mucho tiempo, y también ahora, aquellos universitarios capaces de influir en la decisiones institucionales han vendido la idea que la solución de todos los problemas de la UAZ reside en incrementar el subsidio. El único giro que se le ha añadido a esta posición es la prescripción de la austeridad como panacea, sin embargo ambas ilusiones surgen de la misma mentalidad simplificadora. Aún si se incrementa el subsidio es casi seguro que las autoridades universitarias incrementaran el gasto en la misma proporción porque el diseño que han promovido desde los 1970 es el de la abundancia. Ejemplo atinente para explicar ese diseño lo es el del sistema de jubilaciones.
Durante los 1970 la UAZ contrató con sus docentes un modelo de jubilación basado en aportaciones que no funcionó porque los cotizantes nunca contribuyeron al fondo pactado. Por ende la universidad no debería pagar esa prestación, pero lo hace. En algún punto del camino el sistema de jubilaciones se asumió de “beneficio definido” en el que las primas garantizadas (el salario, las prestaciones y los incrementos) son independientes de las aportaciones realizadas. El primer error de estos sistemas es que desmotiva a los beneficiarios de aportar porque no están obligados a hacerlo, el segundo consistió en la expectativa, fundada en creencias políticas, de un crecimiento lineal acelerado del presupuesto y el tercero en no gestionar las aportaciones de los gobiernos federal y estatal a los fondos de jubilación. No fue la UAZ la única universidad crítica que creyó en las diatribas de la inabarcabilidad de las reservas petroleras (véase “Sistema pensionario de 29 universidades foco rojo: expertos” La Jornada 20/enero/2020), pero sí fue de las primeras en cortar su sistema de pensiones ante la debilidad del SPAUAZ.
La universidad de Michoacán todavía lucha por mantener esa conquista. Otro importante ejemplo de los errores en las políticas para “salvar la UAZ” es el programa de “sustitución de prestaciones”. Desde el punto de vista sindical es violatorio de lo contratado porque los derechos son irrenunciables, reza una cláusula, pero desde la perspectiva que nos interesa estuvo mal diseñado porque no exigía a los beneficiarios el retiro, así que lo que se logró fue pagar por unas prestaciones que se siguieron ejerciendo. La evidencia empírica, apenas menos de una decena de retirados por ese programa, indica que no funcionó porque desmotivó el retiro. Redujo pasivos contingentes a futuro que no se pueden materializar en recursos frescos.
Quizá el único aprendizaje hasta el momento en la operación de esos programas sea que para la sustitución de prestaciones se exige el retiro, pero el resto de los programas adolecen de defectos claros de diseño. Veamos un ejemplo. Se pretende que haya retiros voluntarios del personal hasta completar una meta de 42 plazas de tiempo completo, 39 de medio tiempo y 849 horas clase. Por lo que se sabe el programa ya tiene un año en operación y se ignoran los resultados, pero dado que se vuelve a proponer es porque no se han alcanzado las metas. ¿En cuánto tiempo se pretende alcanzarlas? No se sabe, tampoco se sabe cómo se motivará al personal a que se retire porque, en fin, el contrato prevé retiros que rara vez se ejercen. En fin, tal vez los programas propuestos, aparte de violatorios, son inútiles para alcanzar la “estabilidad” de la universidad. ■
