■ Todo lo que se obtenga de este gravamen será destinado a fines ecológicos, asevera
■ Posiblemente iría para infraestructura, contrario a lo que establece ley de ecología
Luego de que el pasado viernes, el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del estado, Jorge Miranda Castro, informó que del llamado Impuesto Ecológico se cuenta con un monto de mil 230 millones de pesos que ya se encuentran encapsulados en el presupuesto y que será el gobernador quien envíe la propuesta a la Legislatura para ver en qué serán destinados, lo que el asesor fiscal Jorge Rada Luévano consideró como “incongruente” ya que la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es la máxima en materia ambiental, establece en su artículo 4º que todo lo que se obtenga de este impuesto será destinado a actividades del medio ambiente o fines ecológicos.
Sin embargo, lamentó que la ley de Impuesto Ecológico que hicieron no tenga dicha finalidad sino una meramente recaudatoria que será utilizada seguramente para infraestructura y no para remediación ambiental, lo que, reiteró, es incongruente con una disposición general que está jerárquicamente por encima de dicha ley, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya haya tomado otras determinaciones.
El Impuesto Ecológico, recordó el especialista, fue creado en 2016 y determina el cobro de impuesto a todas las personas físicas, morales, jurídico-colectivas que realicen contaminación en el rubro de agua, emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos y de suelo. Por lo tanto, advirtió, en Zacatecas todas las empresas van a estar sujetas a este impuesto, no solamente las mineras, como se ha entendido, lo que significa un problema porque, a decir de Rada Luévano, ni el gobierno ni las empresas saben cómo le van a hacer para cumplir.
El asesor fiscal detalló que cada mes, hasta el día 17, todas las empresas están obligadas a auto determinar el pago de impuestos dependiendo de las actividades que haya realizado. También, explicó, dentro de la ley se determina una declaración anual para ver qué tanto fue lo que se contaminó y los pagos que realizaron mes con mes para que lo analice la autoridad.
En ese escenario, dijo, si hay un incumplimiento por parte de cualquier persona o empresas, de las que están sujetas a estas actividades, la autoridad fiscal, que este la Secretaría de Finanzas, podrá realizar una auditoría con base en los informes que se le aporten y determinar el crédito fiscal, por lo que, dijo, los empresarios para evitar esto y que también se les hagan cobros ilegales, deben hacer una planeación fiscal ambiental para cumplir así con todos los dispositivos legales.
