El enfrentamiento que ayer tuvo lugar en Villa Unión –municipio del noreste de Coahuila– y que dejó un saldo provisional de 19 muertos (15 civiles y cuatro policías), más dos desaparecidos, uno de ellos menor de edad, proyecta una nueva luz de alarma sobre el mapa nacional de la violencia. Hace apenas dos meses las autoridades estatales aseguraban que la entidad norteña estaba libre de grupos del crimen organizado, porque las dos células menores que ahí operaban habían sido desarticuladas. Señalaba el secretario de Seguridad Pública estatal que los mensajes de amenaza firmados por cárteles y dejados junto a los cuerpos de personas asesinadas eran casos aislados, atribuidos a grupos que intentaban ganar presencia en el estado, pero que hasta ese momento no la tenían.
El episodio de Villa Unión parece indicar que ya lograron esa presencia. El modus operandi de los agresores –su traslado en un convoy de camionetas, el ametrallamiento de la presidencia municipal, la comandancia de policía, la iglesia y varias viviendas– tiene todo el aspecto de un ataque efectuado por la delincuencia organizada. El mismo mes de septiembre, una evaluación de riesgos llevada a cabo por el Gobierno Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había determinado la existencia de ocho organizaciones criminales en territorio nacional, a las que se sumaban varias ramificaciones o desprendimientos de las mismas que operaban de manera más o menos independiente, con lo que el total ascendía a 15. Cuatro de ellas –puntualizaba el titular de Seguridad de Coahuila– trataban de hacerse fuertes en esta entidad.
El año pasado, un conteo provisional realizado en el estado contabilizaba 360 personas asesinadas en diversas agresiones perpetradas, presumiblemente, por bandas delictivas: una cifra preocupante para una entidad donde los cárteles, según la versión oficial, no tenían presencia. El fenómeno impactó a las policías. El propio gobernador del estado, Miguel Riquelme, fue el encargado de comentar que el aumento de la violencia en Coahuila había provocado una serie de deserciones en las corporaciones estatales y municipales. Los elementos renunciantes argumentaban, en todos los casos, que su baja voluntaria obedecía a razones particulares; pero sugestivamente dichas bajas se produjeron después de sendos ataques contra personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Fuerza Coahuila (la corporación policiaca del gobierno local, ahora llamada Policía Estatal).
Un dato avala la versión de que los atacantes de Villa Unión no son de la región: se llevaron, en principio, a cinco niños (cuatro de los cuales fueron liberados) para utilizarlos como guías que les permitieran dejar el poblado por vías secundarias. Eso dicen testigos de la refriega.
Pero locales o foráneos, quienes protagonizaron el cruento suceso del municipio coahuilense muestran que en su permanente disputa territorial, que implica desplazamientos y reacomodos, los cárteles amplían la zona de conflicto y con ella los escenarios de la violencia.
