■ Hay quienes califican estas modificaciones legales como “terrorismo fiscal”
■ Luis Alberto Placencia aclara que la norma no será retroactiva, sino que se aplicará a los casos que se cometan a partir del primero de enero de 2020
En el país se está tratando de confundir y desinformar a los empresarios y contribuyentes sobre las reformas penales que buscan combatir la emisión y la compra de facturas falsas que han generado pérdidas millonarias en el erario, aseguró el titular de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon), Luis Alberto Placencia Alarcón.
El funcionario federal consideró que se está dando información errónea por quienes califican estas modificaciones legales como “terrorismo fiscal” ya que, primero, aclaró que la norma no será retroactiva, sino que se aplicará a los casos que se cometan a partir del primero de enero de 2020.
Y, segundo, sostuvo que no va a afectar a los empresarios en general, sino a aquellas empresas que se estén dedicando a facturar operaciones simuladas y que en tan sólo tres años han causado un daño en la hacienda pública de más de 55 mil millones de pesos.
“Desde el punto de vista del ombudsman no le damos esa calificación. Estamos sumados al combate frontal a la evasión y elusión fiscal, sobre todo a través de este tráfico tan fortísimo de facturas”, ya que agregó que esto tendrá beneficios, contrario a lo que se está tratando de señalar por parte de algunos organismos empresariales y partidos políticos.
En este sentido, señaló que “en la media en que nosotros también nos sumemos a que no haya pagadores de impuestos que estén evadiendo sus obligaciones, la carga tributaria va a ser más equitativa para todos”.
Placencia Alarcón indicó que la política fiscal contempla que hay circunstancias en las que algún contribuyente puede retrasarse o cometer errores, pero insistió en que a ellos no se les aplicará esta reforma penal pues para ello deben cumplir una serie de requisitos.
Tras reiterar que “esta política fiscal está direccionada para esos delincuentes que sí están dañando al erario federal, no para los empresarios y contribuyentes que están cumpliendo con sus obligaciones”, enumeró algunas de las premisas que tienen que acreditarse para poder aplicar una empresa o particular la sanción de cárcel.
Por ejemplo, mencionó que para que sea considerado como delincuencia organizada o de alto nivel tienen que participar al menos tres personas o más en la comisión del hecho, el monto facturado de manera simulada tiene que ser mayor a 7.8 millones de pesos y el delito debe ser también calificado.
Expuso que en el último reporte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se informó que actualmente hay detectadas 140 empresas que se dedican a la facturación de operaciones simuladas y que son las que en tan sólo tres años, de 2016 a 2018, provocaron un daño al erario federal de 55 mil millones de pesos.
El titular de la Prodecon estuvo en Zacatecas para dar una conferencia sobre el contenido del paquete presupuestal 2020 de la Federación, en cuanto a las reformas en materia fiscal que se implementarán a partir de enero de 2020.
