Los datos dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio de los recursos asignados a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para las 62 y 63 Legislaturas, ejemplifican de manera descarnada lo que el refranero popular denomina servirse con la cuchara grande.
Durante el tiempo que duraron esos periodos legislativos (el primero desde septiembre de 2012 a agosto de 2015 y el segundo esos mismos meses de 2015 a 2018) dispusieron de más de 5 mil millones de pesos (mdp) en calidad de subvenciones ordinarias, a los que habría que agregar 642 mdp otorgados en forma extraordinaria, cualquier cosa que eso signifique. En este caso, el elegante y amplio verbo disponer indica que hicieron uso efectivo de semejante cantidad de dinero, lo cual sería perfectamente compatible con la actividad parlamentaria si no fuera porque ninguno de los grupos camerales se tomó la molestia de comprobar a dónde fueron a parar los fondos recibidos.
De acuerdo con el informe del órgano fiscalizador, los beneficiarios de las suculentas asignaciones presupuestales fueron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano y Morena. En otras palabras, todos los que en esos periodos conformaban el espectro político nacional.
Un examen pormenorizado del documento elaborado por la ASF permite, si uno así lo quiere, revisar de qué manera se distribuyeron los montos, es decir cuáles fueron los partidos que mayor tajada sacaron del pastel presupuestario. Naturalmente, unos obtuvieron más y otros menos; pero unos y otros, al momento de rendir cuentas, hicieron gala del mismo grado de transparencia: ninguno. Ni en materia de subvenciones para organizar su labor parlamentaria –que es el rubro donde las reglas sobre comprobación de gastos son más laxas–, los institutos políticos se dignaron a explicar el uso y destino de esas subvenciones, como lo exige la normatividad respectiva.
Aunque el examen del gasto de los partidos por parte de la ASF se circunscribe en esta ocasión a las dos Legislaturas mencionadas, no es aventurado suponer que la falta de rigor para transparentar el uso y destino de los recursos se puede hacer extensiva a un gran número de periodos anteriores, si no es que a todos. Esta irregularidad va acompañada por una inquietante serie de falencias que han facilitado hasta ahora la opacidad a la hora de que esas entidades de interés público, que son los partidos según la Constitución, le expliquen a la ciudadanía en qué gastan el dinero que se les asigna. Una normativa con lagunas, la insuficiencia en los mecanismos de control, y manuales de políticas y procedimientos que ya no se corresponden con la dinámica parlamentaria actual, son algunas de las fallas detectadas y señaladas por el órgano auditor.
Lo anterior podría ser sólo una carencia administrativa que es preciso corregir, si en el ámbito de la política prevalecieran la integridad y la ética. Pero sobran antecedentes históricos de enriquecimientos inexplicables y fortunas dudosamente habidas entre quienes en algún momento han sido representantes de la voluntad popular, como para dejar librado a su buena voluntad el diáfano manejo de los recursos en las cámaras. Más prudente, pues, es revisar los mecanismos de vigilancia y control de los mismos.
