Godezac, en la incertidumbre de si podrá comprobar la aplicación de 2 mil mdp: SFP

Godezac, en la incertidumbre de si podrá comprobar la aplicación de 2 mil mdp: SFP
La secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, compareció este miércoles ante los diputados locales con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ La BUAZ concentra más de mil mdp cuya justificación está aún en el aire: Paula Rey

■ Desde octubre de 2018 se envió la documentación que desde Zacatecas se consideró que podría solventar al menos 90% de las observaciones

■ Con el cambio en el Gobierno Federal se retrasaron las revisiones en la Secretaría de la Función Pública federal

■ En tres años se han emitido 124 sanciones en contra de funcionarios y ex servidores públicos por la comisión de faltas administrativas

 

Faltan poco más de dos meses para que concluya el año y todavía se está “en la incertidumbre” de si Zacatecas podrá comprobar la correcta aplicación de más de 2 mil millones de pesos o éstos deberán ser devueltos a la Federación al término de este 2019.

La secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, compareció este miércoles ante los diputados locales con motivo de la glosa del Tercer Informe de Gobierno y, para responder a uno de los cuestionamientos de los legisladores, habló sobre esta situación que fue hecha pública a nivel nacional sobre recursos que no han sido comprobados por las entidades federativas y que, de no solventarse, deberían ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Informó que se han tenido varias reuniones entre las autoridades federales y las estatales, incluyendo dependencias como la Función Pública, la Secretaría de Salud y de Obras Públicas, así como la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas que recordó que concentra más de mil millones de los 2 mil cuya comprobación está aún en el aire.

Apuntó que desde octubre del año pasado se envió la documentación que desde Zacatecas se consideró que podría solventar la totalidad de las observaciones o, por lo menos, el 90 por ciento de ellas. No obstante, con el cambio en el Gobierno Federal, se retrasaron las revisiones en la Secretaría de la Función Pública federal.

La funcionaria mencionó que hay dos elementos que son los que mantienen en la incertidumbre la resolución que pudiera emitir la dependencia del Gobierno de la República sobre la aceptación o no de los documentos presentados.

En el caso de la UAZ, sostuvo que se está esperando conocer la interpretación que la SFP federal hace de un documento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se presentó como comprobante de autorización para destinar el recurso de la Universidad que fue observado al fin que se le dio.

En este escrito la SEP asegura que “no tiene inconveniente en que se canalicen los recursos a determinados programas”, pero es un tema que todavía está en revisión.

El segundo punto en torno al que no existe al momento certeza de la resolución tiene que ver con un convenio firmado en 2017 para poder comprobar la aplicación de recursos del Ramo 23.

La mayoría de las observaciones están relacionadas con la ejecución de los trabajos fuera de tiempo y para poder solventarlas, con este convenio, bastaba con presentar la documentación de que los trabajos fueron concluidos y la obra se encuentra ya en funcionamiento.

Aunque ya se mandó esta documentación, precisó, con el cambio de administración federal “no sabemos si sigue siendo válido este acuerdo”.
Pese a haber incertidumbre sobre esta posible devolución de recursos a la Federación, confió en que se logre la solventación de las observaciones “no por proteger a nadie, sino porque el estado no tiene recursos”.

Peculado, cohecho y
desvío de recursos
En tres años se han emitido 124 sanciones en contra de funcionarios y ex servidores públicos por la comisión de faltas administrativas.

Tan sólo el último año fueron 44 los procedimientos de responsabilidades administrativas abiertos en contra de 69 servidores públicos y dos particulares; en 16 de ellos, puntualizó, fueron consideradas faltas graves y se turnaron al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Los hechos que se detectaron en estas indagatorias que fueron enviadas al tribunal son cohecho en cuatro casos, desvío de recursos en 10, tráfico de influencias y participación ilícita en uno y otro más por peculado.

En uno de los procedimientos, el TJA emitió ya una sanción que consistió en la inhabilitación por 10 años de un funcionario de la actual administración, quien trabajaba en la Jefatura de la Oficina del Gobernador.

Corrupción en Sezami
y en Programa 3×1
En denuncias particulares que han recibido en contra de funcionarios y también de programas gubernamentales, mencionó el caso de un trabajador de la Secretaría del Zacatecano Migrante quien incluso enfrenta al momento un proceso penal.

Ortiz Medina explicó que la denuncia la hicieron ex braceros que señalaban que un “servidor público de esa dependencia estaba pidiendo dinero para poder agilizar los trámites y se pudo comprobar. Había evidencias de esta situación y todavía el procedimiento está abierto; hay un proceso penal abierto”.

Inclusive dijo que se ha pedido información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para revisar los movimientos y depósitos que el funcionario estuvo haciendo en sus cuentas.

Entre los programas donde se advirtió la presencia de prácticas irregulares está el Programa 3×1 en el que la funcionaria indicó que también hay denuncias penales en marcha porque en un municipio no se sabe dónde quedó el dinero que estaba destinado a las obras.

“Ha habido un sinfín de situaciones, varias de índole administrativo y otras, que es la forma en la que se ha desvirtuado el programa. Son varias las situaciones que nos llevaron a que hoy desapareciera”, apuntó la secretaria y agregó que lo que se debe buscar es no repetir estos vicios en el programa 2×1 que arrancó el gobierno estatal.

Irregularidades en Milpillas
La funcionaria, también en respuesta a las preguntas de los diputados, habló sobre las revisiones que se están haciendo en estos momentos al proyecto de la presa Milpillas, ya que informó que hace mes y medio que recibieron la instrucción del gobernador Alejandro Tello de analizar el estado, concretamente, de la certeza jurídica de los terrenos “que es lo que está atorando todo el procedimiento”.

Para ello, expuso que se solicitaron a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) los contratos suscritos en este sentido tanto con particulares como con empresas, mientras que a la Secretaría de Finanzas se le pidió la documentación del dinero que se ha pagado hasta el momento para ver si coincide la información de ambas dependencias.

Dijo que se les entregaron siete contratos en los que está a punto de concluir la revisión y “sí estamos advirtiendo observaciones de índole administrativo”, por lo que una vez concluyan con la revisión se le notificará a SAMA el resultado para que pueda solventar las observaciones y, de no hacerlo, se irá a los procedimientos de responsabilidades correspondientes.

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