La atención selectiva y el análisis descontextualizado que predominan en los medios de comunicación hacen ver como inédito lo ocurrido el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa con el intento de detención a Ovidio Guzmán, cuando no lo es.
Basta un repaso a las hemerotecas para recordar que en tiempos de Carlos Salinas de Gortari se optó por dejar libres a los hermanos Arellano Félix cuando se les ubicaba en la Nunciatura Apostólica de la Ciudad de México, o que el gobierno de Felipe Calderón dijo que Nazario Moreno había muerto, lo que le permitió operar en total libertad por tres años más hasta cuando de verdad murió y el gobierno de Peña Nieto entonces sí ofreció evidencia de que esto había ocurrido.
Lo inédito en todo caso es la admisión de los hechos, la conferencia de prensa, y el reconocimiento de haber realizado un operativo “fallido” y “precipitado” por el que se abriría una investigación con probables responsabilidades para quien, según se dijo oficialmente: decidió actuar sin el aval de sus superiores al verse descubiertos en la vigilancia que mantenían para cumplir una orden de aprehensión pero carentes de una orden de cateo.
Lo inédito es también que esta sociedad se pregunte qué gana con los arrestos de los capos, qué cambia.
Lo insólito es que los derechos humanos sean materia de discusión porque estamos acostumbrados a que se tire a matar a quienes sin juicio alguno ya han sido sentenciados como culpables por la opinión pública y publicada.
Lo sorprendente es que no escandalizó el fuego franco que el helicóptero de la Marina abrió en Nayarit en 2017 (ver vídeo https://youtu.be/IlzigmxiMCo ). Tampoco las 300 granadas en el operativo contra Ezequiel Cárdenas Guillén alias Tony Tormenta en 2010, que buscó su aniquilación y no su aprehensión, lo cual obligó al cierre de 200 escuelas y al cierre del puente internacional que conecta a Tamaulipas con Estados Unidos.
¿Y qué siguió luego del terror?, ¿terminó la violencia?, ¿se desmanteló el Cartel del Golfo? Evidentemente no.
Doscientos mil muertos y 30 mil desaparecidos ya tendrían que habernos hecho dudar de la estrategia.
De los 8.2 homicidios por cada 100 mil habitantes que se registraban en 2007, para el 2018 ya la cifra había llegado a 29 por cada 100 mil habitantes. De buscar a 37 líderes del narco en 2009, luego el monstruo llegó a 122 cabezas en 2015 (ver https://elpais.com/especiales/2016/guerra-narcotrafico-mexico/ ) En diez años de guerra crecieron el consumo de drogas, el secuestro y la extorsión.
Paradójicamente también aumentó la admiración a quienes se dedican al trasiego de drogas. Los jóvenes quieren parecerse a Ovidio, a Amado Carrillo y al Chapo. Las mujeres quieren convertirse en sus parejas sentimentales. Nos aprendimos sus corridos, devoramos sus biografías, vestimos sus rostros en camisetas, etcétera.
Ser narco se convirtió para muchos en la única forma de huir de la pobreza, y terminó por creerse que más valían dos años de fama y vida a todo lujo, que dos décadas de hambre y estancamiento.
En esa idea, el tamaño del operativo es el tamaño de la hazaña. Y a nadie espanta una muerte espectacular porque es el destino esperable de una vida espectacular.
En ese terreno ya todo está perdido. Con las muertes y las capturas, por más arriba que sean, los cárteles no pierden nada y ni siquiera sirven de castigo ejemplar.
Las detenciones son cacahuates para el gran público que permanece en el entretenimiento; distractores para pasar cargamentos grandes, trampas para entregar rivales, y basureros para deshacerse de inútiles.
Las muertes son aún mejores porque los cadáveres no negocian, no delatan, no señalan rutas, ni revelan nombres.
Los mecanismos se quedan, las rutas permanecen, la droga se vende, el dinero crece y los clientes también.
Por eso la violencia no es camino, ni ético ni estratégico.
Lo sabe Estados Unidos que permite a la esposa del Chapo parir en sus hospitales, que acuerda con Dámaso (hijo) su entrega y su protección a cambio de información; que da sólo 25 años de cárcel a Osiel Cárdenas Guillén y reduce las penas de los Arellano Félix.
Negocian, condonan penas, y protegen testigos, y cambio recuperan bienes, confiscan dólares y se hacen llegar información que permita hacer presiones políticas y comerciales llegada la oportunidad.
Es ahí donde a los cárteles les duele. Por eso el cambio de enfoque no solo es éticamente obligado. Es estratégicamente necesario.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública así lo había planteado.
