■ Observadores internacionales advirtieron sobre la violencia, traducida en el número de actores políticos asesinados y en la injerencia de grupos criminales en las elecciones
■ La violencia de género que significa resistencia a la participación política de las mujeres y se materializa tanto en agresiones físicas como en desigualdad en las coberturas
El proceso electoral del año 2021 va a ser “un reto todavía mayor” al que se enfrentó durante 2018, pues se trata de una elección más grande, de 500 diputados federales y 32 procesos locales con la renovación de 15 gubernaturas, 30 Legislaturas locales y los ayuntamientos de 30 entidades.
Ante este escenario, la magistrada de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Claudia Valle Aguilasocho, aseguró que se debe trabajar con tiempo en cambiar los errores, que denominó “áreas de oportunidad”, que se cometieron durante el año pasado.
En una conferencia impartida con motivo del 22 aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y también del Tribunal Electoral de la entidad, enumeró estos ámbitos que los observadores internacionales que participaron en el proceso de 2018 detectaron como oportunidades de mejora.
Algunas de estas áreas son la violencia, traducida en el número de actores políticos asesinados y en la injerencia de grupos criminales en las elecciones a través de estos hechos delictivos; y la violencia de género que significa resistencia a la participación política de las mujeres y se materializa tanto en agresiones físicas como en desigualdad en las coberturas.
Asimismo, están los retos de la fiscalización que pasan por poner freno al ingreso de recursos de origen desconocido y la imposición de sanciones que tengan efectos disuasorios mayores.
También se incluyen en estas observaciones desde aspectos de organización como contar con espacios suficientes en cantidad y tamaño para instalar los centros de votación y garantizar el uso correcto de las casillas especiales hasta elementos de los discursos de los candidatos como el evitar mensajes ofensivos y enfocarlos en las propuestas.
La magistrada de la Sala Regional Monterrey destacó que, derivado de la experiencia de 2018 y con estos señalamientos, los organismos e instancias internacionales que fungieron como observadoras de la elección han hecho una serie de recomendaciones para que puedan corregirse algunas de estas situaciones de cara al proceso 2021.
En cuanto a la organización se señala la necesidad de comenzar con una anticipación mayor las capacitaciones, además de citar con más tiempo a los funcionarios de casilla el día de las votaciones para evitar retrasos.
También mencionó el incremento de los controles sobre quiénes votan en las casillas especiales, así como mejorar la capacitación del PREP Casilla o delegar esta función y tener un sistema para garantizar que los institutos electorales locales reciban el presupuesto suficiente y a tiempo.
En materia de violencia, particularmente contra las mujeres, apuntó que se ha recomendado modificar la legislación federal y tipificar la conducta de violencia política de género, además de fortalecer la atención a este problema sobre todo a nivel local y en las comunidades rurales o indígenas.
En torno a la fiscalización se establece la necesidad de cambiar el tipo de sanciones para que tengan efectos disuasorios reales, además de estrechar la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y organismos enfocados a la fiscalización y realización de auditorías para poder hacer las revisiones de manera más ágil y a
fondo.
