El cristianismo ideó un lugar, seguramente sacado de las mazmorras, los tormentos y las ejecuciones del Imperio: el infierno. La palabra misma es de origen latino (lo que está más abajo del suelo) y no evangélico. La única vez que Jesús habló de un lugar parecido lo refirió al Gehena (Gehena Hinnom, el Barranco de Hinón, un estercolero donde se quemaba la basura). Según la teología, el infierno será el único sitio donde, al establecerse el Reino, el gobierno sobrevivirá con un carácter penitenciario.
Desde hace décadas el país se parece a él (desapariciones, fosas, descuartizamientos, extorsiones, secuestros, terror). Ausentes del Reino, pero minada la gobernanza, cuyo presidente reduce la criminalidad a un asunto de niños en fase anal (“fuchi, guácala”), a un problema de guardería (“abrazos, no balazos”; “piensen en sus mamás”) o de cantina (son ajustes de cuentas), lo que en realidad vivimos es un gobierno del crimen, una colonia penitenciaria en el sentido kafkiano del término, donde la mayoría de los condenados es inocente, un campo de concentración o una casa de seguridad sin alambradas ni paredes.
Morelos es uno de los ejemplos más claros.
La historia es larga. Se remonta a Carrillo Olea y el PRI, a finales de los noventa. Se ahonda de manera casi exponencial con el PAN de Estrada Cajigal y Marco Antonio Adame (periodo en que asesinan a mi hijo Juan Francisco y a seis de sus amigos) y se vuelve inenarrable con Graco Ramírez y el PRD (a cuya corrupción hay que agregar las fosas de Tetelcingo y Jojutla) y ahora con Cuauhtémoc Blanco y el PES-Morena.
A pesar de los diagnósticos que se han tenido, los gobiernos tanto estatal como federal, no han hecho más que justicias selectivas (como la del caso de mi hijo, cuyos asesinos después de casi nueve años de proceso no han sido aún sentenciados).
Centrémonos en los últimos dos gobiernos.
A su arribo al poder, Graco y Peña Nieto tenían una diagnóstico claro de la situación del estado: una parte de la clase política (diputados y presidentes municipales) estaba vinculada con el crimen. Tenían identificados 11 alcaldes. Pero ni el gobierno federal ni el estatal hicieron nada. Lejos de ello, Graco desapareció cientos de cuerpos sin protocolos en las fosas mencionadas, utilizó su poder para perseguir a quienes consideraba sus enemigos y se dedicó a administrar el horror y la impunidad.
Con Cuauhtémoc Blanco ha sido peor. Ignorante, sin ninguna tradición política, con la única fuerza de su fama de futbolista y el apoyo de AMLO, desde su llegada a la gubernatura ha ahondado el infierno.
A un año de su administración los alcaldes vinculados con la delincuencia pasaron de 11 a 17 (Reforma, 27 de septiembre), lo que quiere decir que 51% del territorio de Morelos está gobernado por criminales. Sólo en lo que va del año se han registrado 660 homicidios dolosos y se sabe de más de 100 desaparecidos. Decapitados, desmembrados, embolsados aparecen en diferentes municipios cada semana. Las balaceras surgen a cualquier hora y en cualquier sitio. Según datos de la agencia GLAC, el primer cuatrimestre de este año hubo un aumento de 705% en extorsiones, de 39% en homicidios y de 158% en secuestros, respecto al mismo periodo del año anterior.
La situación se ha agravado más. A la falta de sentido de gobierno de Blanco se ha sumado una grave disputa interna entre el grupo del jefe de Oficina de Gobierno –que ha roto ya con Cuauhtémoc– y el del medio hermano del gobernador que, enquistado en el Ejecutivo, cobra mediante el director general de Procesos para la Adjudicación de Contratos 20% de importe por adjudicación (Salvador García Soto, El Universal, 26 de septiembre).
Esta disputa, con todo y la Guardia Nacional en Morelos, se mide por un aterrador incremento de la violencia (de seis a siete homicidios diarios), de la impunidad, del terror y la impotencia de la población. El estudio de Índice de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019 de la organización Impunidad Cero indica 99.6% de impunidad en Morelos.
Se habla de crisis de gobernabilidad. No la hay; existe sólo el infierno.
Lo peor es que el gobierno federal lo sabe y, pese a las peroratas morales de AMLO, se ha negado a intervenir. El 24 de septiembre, en El Colmex, Sergio Aguayo habló frente a Alfonso Durazo del terror en Morelos.
Durazo lo minimizó escudándose en avances, que no vemos por ninguna parte. Según García Soto, en el artículo referido, AMLO mismo, ante el alarmante diagnóstico que sus colaboradores le dieron de la ingobernabilidad del estado y la necesidad de que el gobierno de Blanco se vaya, atajó: “No podemos mover a Cuauhtémoc porque eso llevaría a que también Cuitláhuac salga de Veracruz”.
Si esto es verdad –y hasta el momento lo parece– a AMLO (dejemos a un lado a Cuauhtémoc, cuya imbecilidad política es la de un prehomínido) la seguridad, la paz, la justicia que nos prometió no le interesan más que como discurso. Ninguna mentira le es suficientemente burda para no expresarla tercamente cada mañana; ninguna crueldad tan abyecta que no encubra. Le interesa, como a sus antecesores, administrar el infierno y reinar sobre fosas, cadáveres y un pueblo no “feliz, feliz, feliz”, sino agobiado y desesperado como los condenados del infierno.
Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a Morelos. ■
