Los salarios de los agremiados al SPAUAZ no están determinados por la relación bilateral, sino por el índice inflacionario: se elevan de acuerdo a la proyección que haga el Banco de México del aumento de los precios, pronóstico que a su vez depende de series históricas previas y de componentes internacionales aleatorias que afectan los valores de las mercancías (e.g. guerra comercial EUA-China, invasiones, migraciones y especulaciones relacionadas con la península arábiga y las directrices de la OPEP). Recordemos que el origen de esa política de contención del salario está en el pacto trilateral, firmado en 1987, entre sindicatos, patrones y gobierno para detener la inflación. Dentro de este pacto a los sindicatos correspondía ceñir sus negociaciones de incremento salarial a la tasa inflacionaria concertada. Como se sabe la “estabilización heterodoxa” funcionó en el caso mexicano (véase C. Calderón Villareal, Víctor Cuevas Ahumada (2012) “Macroeconomía abierta en América Latina: teoría y evidencia empírica” UAM-EON, capítulo I), pero tuvo dos implicaciones de largo alcance: por el lado económico los salarios de los sindicatos miembros y satélites de la CTM crecieron de acuerdo a la inflación promedio anual, por otro, el lado político, la capacidad de negociación de los sindicatos ante sus patrones se redujo, quedado limitada a la gestión de las condiciones generales de trabajo. Dentro de este cuadro general, cuyas condiciones de posibilidad no se han visto alteradas por el advenimiento de la “cuarta transformación”, se explican toda la serie de modificaciones contractuales mayores que se han operado en el Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT). La primera de esas modificaciones, en 1985, fue la introducción de un “reglamento académico” para normar el transito de los docentes a lo largo de los niveles salariales del tabulador. Si antes el paso del tiempo permitía a los agremiados al SPAUAZ hacerse del derecho de un nuevo nivel salarial, ahora sólo podrán ascender si obtienen grados académicos. Por sí mismo este cambio indujo una variación de la composición de la planta docente, porque de 0 doctores en 1982 se pasó a 9 en 1987 y así sucesivamente hasta el día de hoy, cuando existen unidades con mayoría de doctores. En 1991 se dio la más drástica de las modificaciones del CCT porque se ingresó a todo el personal al ISSSTE a la vez que se canceló el sistema de seguridad social de la universidad. Con este movimiento se redujeron los pasivos a futuro por concepto de jubilaciones. Todo esto ocurrió en el contexto de los planes de estabilización heterodoxa, que detuvieron la hiperinflación pero no dotaron de fondos a los sistemas de jubilaciones y pensiones construidos en los 1970, ni permitieron el crecimiento salarial. No está de más señalar que la mayoría de los sistemas universitarios de pensiones y jubilaciones carecían de toda viabilidad financiera, tanto por el monto de las primas prometidas a futuro como por la ausencia de aportaciones por parte de los trabajadores para consolidar un capital. Se dejó el asunto a las posibilidades de negociación política con el estado nacional. Hoy la UAZ se aferra a ese estilo de gestión del conflicto. A finales de año se hace el anuncio de que la parte del presupuesto universitario correspondiente a los gobiernos federal y estatal se agotó, por lo que la administración central comienza a hacer las gestiones correspondientes para obtener los recursos necesarios y lograr que el salario no falte. Desde el SPAUAZ se discute si las acciones de la rectoría lograrán resolver el problema de fondo. La respuesta es no, no se resolverá de fondo nada porque una solución aceptable para el SPAUAZ pasa por mantener el CCT sin cambios, mientras que para el gobierno federal, en palabras del diputado Ramírez Cuellar, una solución exige: “que se establezcan compromisos y responsabilidades, sin afectar a los trabajadores, pero llamándoles a la participación en beneficio de ellos, de las universidades y del interés superior, que son los jóvenes estudiantes” (La Jornada, 28/09/19), es decir: debe haber renuncias de derechos o no hay solución.Nos gustaría enfatizar que no se trata de una cuestión de voluntad política sino de recursos económicos: resolver el problema de la UAZ significa, para el gobierno federal, resolver el problema de los fondos de pensiones de todas las universidades con problemas, problema que, si bien parece pequeño (en dinero es del orden de los miles de millones de pesos), no lo es cuando se le ve desde el escorzo de todos los sistemas de jubilaciones del país. No parece creíble que, dentro de un universo de 15 universidades en problemas se resuelva sólo el de la UAZ, es inverosímil que, de entre todos los sistemas de pensiones del país, se elija resolver sólo el de los sistemas universitarios. Buscar una solución de fondo al problema de la UAZ nos lleva a concluir que sólo se puede dar en el contexto de un rescate de todo el sistema de pensiones y jubilaciones. ¿Se dará en el corto plazo? No dentro de una recesión de la actividad económica: las soluciones que requieren dinero sólo son posibles en épocas de bonanza. Quede como consuelo que la pobreza francisca siempre es una opción. ■
