■ Se pretende la idoneidad de las personas que ocupen estos puestos: Antonio Sánchez
■ Afirma que reclaman el proceso que siguieron los diputados, pero no se trata de señalamientos hacia Raúl Brito Berumen, quien fue reelegido
■ No se respetaron las leyes en la materia ni la Constitución; omitieron lanzar una convocatoria pública con tiempo y no cumplieron con el principio de máxima publicidad
Con el amparo interpuesto en contra del proceso por el que se reeligió a Raúl Brito Berumen como auditor superior del estado se busca “que se asegure la idoneidad y la independencia de las personas que ocupen estos puestos”.
Antonio Sánchez, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló que éste es el objetivo principal de haber promovido dicho recurso e hizo hincapié en que el hecho que se reclama es el proceso que siguieron los diputados, pero no se trata de señalamientos hacia Brito Berumen.
Al respecto, insistió en que desde el CPC “estimamos que quien no respetó el proceso es la Legislatura, no el auditor. En ningún momento se reclama algún acto al auditor”.
En este sentido, precisó que el procedimiento por el que el auditor fue reelegido no respetó ni las leyes en la materia ni la Constitución. Por ello, ante “incumplimientos” como no haber lanzado una convocatoria pública con tiempo y no haber cumplido con el principio de máxima publicidad, se decidió interponer el amparo que elaboraron en conjunto con el CPC del Sistema Nacional Anticorrupción.
Además, sostuvo que precisamente por no haberse tenido una convocatoria pública con tiempo les impidió analizar el tema de la designación desde antes y por ello tuvieron que iniciar el amparo después de que se diera el nombramiento.
Sostuvo que este amparo en contra de la designación del auditor no es único en el país, sino que también el CPC de Baja California solicitó la protección de la justicia federal por este mismo hecho pero, hasta donde tiene conocimiento, precisó, el recurso aún no ha sido admitido, a diferencia del de Zacatecas.
La admisión del trámite, explicó Antonio Sánchez, significa que la justicia federal reconoce que hay elementos de estudio en el caso, aunque añadió que desconoce por ahora cuánto tiempo podría alargarse el proceso.
