Durante la década de los setentas, en nuestro país prevaleció un ambiente social convulsionado, a consecuencia de los sucesos de 1968 y del jueves de Corpus del 10 de junio de 1971. Asimismo, se agudizaba la situación por la existencia de una guerrilla urbana en acción por aquellos años, denominada “Liga Comunista 23 de Septiembre”, que generó la “Guerra Sucia”
Los movimientos sociales que se formaron para manifestar las necesidades e inconformidad del pueblo exigiendo pronta solución, fueron reprimidos severamente; muchos de sus líderes e integrantes, sufrieron persecución, tratos crueles y torturas; gran parte fueron desaparecidos. Se trataba sobre todo de estudiantes universitarios. Uno de ellos, Jesús Piedra Ibarra, hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra, desaparecido en el año de 1975 a la edad de 20 años. Todos se convirtieron entonces, en los presos y desaparecidos políticos. Gobernaba nuestra Nación el Presidente José López Portillo.
Las madres, esposas, compañeras y hermanas de aquellos hombres y jóvenes, unidas por el dolor de su ausencia, formaron un Comité que llamaron EUREKA, encabezado por doña Rosario, que desde su integración en 1977, se propuso como objetivo primordial su búsqueda y encuentro.
Siempre se presentó dificultad para que esas mujeres, tuvieran la oportunidad de comunicarse con los jefes del Ejecutivo en turno. Simplemente, jamás fueron recibidas. La misma respuesta fue con los entonces Presidentes: López Portillo; Miguel de la Madrid y, finalmente con Carlos Salinas de Gortari, lo que demostró la falta de disposición para solucionar ese problema social.
No obstante, en marzo de 1989 el tercer Presidente mencionado, pretendió lograr una concertación nacional. Para ello, entre otras cosas, otorgó el indulto a 402 detenidos en diferentes cárceles del país por delitos de carácter social o político. Con esto, se lograba parcialmente una de las peticiones de EUREKA.
La tenacidad del Comité, permitió que en el último gobierno príísta del siglo XX a cargo del Presidente Ernesto Zedillo, fueran escuchadas y por primera vez, se reconoció la existencia en el país, de aproximadamente 551 personas desaparecidas y un gran número de presos políticos. Con esta respuesta, se lograron avances positivos, como el respeto a los derechos humanos. El ofrecimiento del gobierno federal, fue el compromiso de realizar investigaciones, que permitieran esclarecer lo ocurido en los años de la “Guerra Sucia”, y combatir la impunidad.
Para lograr sus objetivos, la respuesta gubernamental fue crear una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), cuyo titular fue Guillermo Carrillo Prieto. En esta situación, las señoras encabezadas por Ibarra de Piedra, tuvieron la oportunidad de presentar las denuncias que consideraron oportunas, a fin de que previo su trámite legal, se llevara una correcta investigación, que permitiera, en la medida de lo posible, un resultado satisfactorio para la sociedad en su conjunto, por la impartición de justicia que se tendría hasta sus últimas consecuencia.
Obviamente, que a la fecha no se ha logrado el objetivo para el cual fue creada esa Fiscalía. Las dudas sobre lo que fue la “Guerra Sucia” en México persisten… se multiplican… y, en consecuencia, prevalece la impunidad de quienes participaron en aquellos sucesos.
Hace unos días, el lunes 23 del mes actual, en el Centro Cultural Universitario Tlaltelolco, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa a Martha Alicia Camacho Loaiza ex integrante de “La Liga Comunista 23 de Septiembre” y sobreviviente de la “Guerra Sucia”, por las torturas a las que fue sometida hace 40 años, y por la desaparición forzada y ejecución de su esposo Manuel Alapizco Lizárraga: “A nombre del Estado Mexicano, le ofrezco una disculpa pública por las transgresiones a sus derechos, en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos, ocurridas en un contexto de violencia política del pasado, en el período histórico conocido como “Guerra Sucia”. Esta disculpa es un proceso de reconciliación nacional y de paz social. Bajo el gobierno del Presidente AMLO, se implementarán programas para prevenir y sancionar la tortura. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, es y será la principal tarea del Estado mexicano, sin importar el tiempo que haya pasado, o la institución que haya violentado estos derechos. La justicia llegará a todas las personas”. A la vez, se reconoció su lucha de más de cuarenta años para lograr el acceso a la verdad y la justicia.
En respuesta, la señora Camacho señaló: “Si se quiere sanar al país, debe haber justicia” Sin embargó, lamentó la ausencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque dijo, fueron justamente militares, quienes violaron sus derechos humanos, los de su esposo y de su hijo.
Cuatro décadas después de los acontecimientos, la investigación realizada por la FEMOSPP ha sido deficiente, pues el 7 de febrero de 2013, se notificó el no ejercicio de la acción penal, por la supuesta prescripción, de los delitos de privación ilegal de la libertad y allanamiento de morada. Es decir, el poder judicial no tiene aún conocimiento de los hechos.
A pesar de la buena intención del Presidente AMLO, considero difícil una investigación y sanción conforme a derecho. ■
