El análisis se debe hacer además de las auditorias, tanto estatales como federales
Urge conformación del Órgano Interno de Control en la Legislatura, coinciden diputados
La diputada de Morena Alma Dávila Luévano consideró que, aparte de las auditorías tanto estatales como federales, sería necesario que se revise concretamente la aplicación de los recursos que en legislaturas pasadas derivó en la compra de facturas falsas, a fin de garantizar que no se continúe con esta práctica al interior del congreso local.
No obstante, advirtió un problema pues el ente que debería asumir esta función de vigilancia ante este tipo de situaciones no está conformado ya que se trata del Órgano Interno de Control que, pese a existir un dictamen desde el mes de marzo, su titular aún no ha sido designado y por ello no se ha puesto en funcionamiento.
La diputada señaló que “es necesario y saludable para nosotros tener un órgano de control”, además de que calificó como “muy satisfactorio” que ahora la Auditoría Superior de la Federación esté también revisando a la legislatura pues “eso también hace que los compañeros tengan que asumir la responsabilidad y actuar conforme a lo que se establece”.
Respecto a la necesidad de que se revise el ejercicio presupuestal para evitar que haya adquisición de facturas falsas también fueron consultados diputados del PAN, del PRD y del PES.
En este sentido, el panista Pedro Martínez y el legislador de Encuentro Social Javier Calzada aseguraron que no creen que en esta legislatura exista esta práctica y además destacaron, en cuanto a una investigación específica sobre el tema, que la legislatura está sometida ya a numerosos ejercicios de fiscalización no sólo por la auditoría superior del estado sino por la de la Federación.
Pedro Martínez sostuvo que “no creo que haya facturas apócrifas en razón de que se tiene un grupo de contadores que tiene que estar revisando que esas facturas sean legales y obviamente respalden el recurso que están recibiendo los diputados que así lo hacen”, refiriéndose a quienes están haciendo uso de la bolsa general de recursos que antes eran para herramientas legislativas y ahora se mantienen pero destinándolos a otros rubros como viáticos, gastos de representación, de orden social y cultural y a asesorías legislativas.
El diputado Javier Calzada incluso dijo que “no veo ningún sentido a que alguien tuviera intención de hacer uso de una factura apócrifa”, ni siquiera en el tema de justificación de gastos en viáticos, por ejemplo, pues “uno efectivamente gasta ese recurso” que dijo que es de 15 mil pesos mensuales.
No obstante, ambos diputados coincidieron en señalar que es urgente la conformación del Órgano Interno de Control en la legislatura local para que se ejerza desde dentro de este poder una revisión constante a la aplicación del presupuesto.
También los dos refirieron que si no se ha creado todavía esta figura ha sido por la falta de acuerdos para ello entre las distintas fracciones.
Específicamente Javier Calzada mencionó que el retraso se debe a que “los grupos parlamentarios mayoritarios tienen detenido ese asunto” y agregó que desconoce los motivos “porque no hay razón para que no se proceda” y más porque esta situación “nos exhibe ante la sociedad como un doble discurso porque exigimos muchas cosas hacia afuera y no somos capaces de poner el ejemplo”.
Por su parte, el perredista Eduardo Rodríguez Ferrer fue tajante al posicionarse en torno a la existencia todavía en el poder legislativo de la compra de facturas falsas sosteniendo que ya no existe en la 63 legislatura.
“Los candados se han ido cerrando y a nuestra llegada a la 63 legislatura no hay facturación apócrifa, al menos que nosotros nos demos cuenta”, expuso e indicó que esto se debe a que hay controles estrictos que deben cumplirse para la contratación de servicios y el ejercicio del presupuesto.
“Al que se le pague es mediante transferencia, se corrobora que sea una empresa legalmente constituida, hay evidencia documental de los gastos que se están haciendo; si gastamos en gasolina hay las evidencias de a donde fuimos, cuantas personas”, enumeró.
Su posicionamiento en torno a la necesidad de que se conforme ya el Órgano Interno de Control en la legislatura fue contrario a lo señalado por los otros tres diputados entrevistados, primero, en las razones por las que no ha avanzado hasta el momento.
En ese tenor dijo que no se ha procedido por la falta de recursos, pues la creación de este ente implica un incremento en el presupuesto del Capítulo 1000 para que el órgano pueda ser puesto en marcha de manera real.
En segundo lugar, difirió en la pertinencia de que exista esta instancia pues sostuvo que su conformación, “te soy franco, no creo que cambiara mucho las cosas (…). No va a venir a descubrir el hilo negro el contralor que se ponga o el auditor”.
Tras señalar que en su caso todos los gastos que realiza están justificados, incluso en combustible que consideró que es una partida en la que pudieran existir excesos, dijo: “¿Qué me va a venir a decir a mí, a Lalo Rodríguez? ‘Usted gastó muchísimo, 40 mil pesos de gasolina’. Sí, véngase contralor, vamos a la Sierra Fría, al otro lado hasta Villanueva y luego me vengo a Luis Moya. Y sí, sí está justificado. ¿A qué voy? Si el gasto está hecho y está justificado, ¿qué nos observa?”.
