El profesionalismo hace referencia a la práctica de un trabajo, asalariado, realizado por una persona, y conlleva los atributos de pericia, aplicación, seriedad, honradez y eficacia, entre otros. El profesional hace uso de todas sus facultades, físicas y mentales, con la misión de generar el producto deseado en su espacio laboral, acorde a la satisfacción de las necesidades que socialmente se presentan. Mediante el loable despliegue de una gran variedad de artilugios, no siempre asequibles en su contexto, el profesional generalmente “se las ingenia” para optimizar el uso de los recursos al alcance de su mano y aplicarlos hacia la finalidad previamente establecida. Hasta en la Isla de Gilligan, aquella serie de televisión sesentera, se hacía referencia al profesional del magisterio, que tenía la capacidad para resolver cualquier problema técnico o moral que se les presentara a los náufragos: el profesor “todo lo sabe”.
En cuestión educativa se especula sobre cuáles fueron las causas por las que fue creado el Servicio Profesional Docente (SPD); con certeza se conocen sus efectos por la serie de desequilibrios psicológicos que engendró en la mayoría de los maestros auscultados y forzados a coleccionar una serie de evidencias de sus supuestas propuestas didácticas que, en teoría, habrían de producir el máximo gusto de los alumnos hacia la escuela. Hay quien se atreve a decir que el SPD surgió a raíz de las imposiciones irracionales e indolentes de los Organismos Económicos Internacionales (OEI), la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), principalmente, mientras que otros opinan que su creación se debe al enorme gasto que le generaban al Estado los trabajadores de la educación con bases laborales añejas y que percibían cantidades considerables de pesos quincenalmente; lo cierto es que a raíz del anuncio de la evaluación, muchos trabajadores decidieron retirarse.
Mediante el acuerdo secretarial 16/08/19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de Agosto de 2019, Esteban Moctezuma Barragán, como secretario de Educación Pública Federal, hace una “invitación” a observar y cumplir el Código de Conducta para las Personas Servidoras Públicas de la Secretaría de Educación Pública. Dicho acuerdo considera un total de diez artículos, o capítulos, que resultan interesantes desde el punto de vista del acceso al profesionalismo, puesto que detallan una serie de conductas específicas que han de cumplirse para evitar conflictos en el desempeño laboral. En la carta de invitación (capítulo I) se trata la “descripción de las conductas que orientan el desempeño de las personas servidoras públicas en estricto apego a los principios, valores y reglas de integridad que sustentan la ética pública, con el propósito de dignificar el servicio, fortalecer las instituciones y lograr el bienestar de la ciudadanía…”, en el entendido de que la invitación tiene, entre otros, como principal objetivo el combate a la corrupción.
Pasando los siguientes capítulos, en el VI particularmente, se abordan una serie de conceptos, en un glosario, que sería necesario concientizar para evadir las irresponsabilidades que en cierto momento llevan al fracaso educativo, e inicia detallando lo que se entiende por acoso u hostigamiento laboral, consistente en “actos o comportamientos, en el entorno del trabajo o con motivo de éste con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas”. El acoso laboral viene al caso, porque se percibe, y se apercibe por los afectados, como un factor de retroceso en el desempeño de la profesión, aun cuando los aquejados o perseguidos están cambiando la imagen del centro de trabajo en el que se desempeñan. La tradicionalmente maravillosa Escuela Secundaria General con clave 43G del estado, de no más de un ciclo escolar a estos días, ha cambiado sus formas de sobrellevar la fatiga y ha entrado a un nivel que sugiere que pronto recuperará la credibilidad ante el estrato social en el que se ubica. La llegada de profesionales con ideas innovadoras de trabajo ha puesto en predicamento a quienes la tradición había sometido al trajín mecánico e irreflexivo que generó el éxodo de muchos vecinos, en busca de un mejor servicio. Basta observar, pocos minutos antes de la entrada a clases, en días de trabajo del calendario escolar, a “niñas y niños, con uniformes distintos a los de la institución educativa situada a una distancia de no más de 100 metros, dispuestos a integrarse a una secundaria técnica, ubicada aproximadamente a tres kilómetros de casa, para desempeñar su obligación como estudiantes”, cuenta un confiable observador.
No es sencillo determinar las causas de persecución perpetradas por la autoridad inmediata, superior a la dirección, en este caso la supervisión, de su proceder en la búsqueda de conflictos en una institución que ha padecido un mal crónico degenerativo por aproximadamente 17 años y que entre otros grandes logros ha causado la baja en la matrícula de esta institución educativa; garantizando “medio cupo” en cada clase.
Como una broma genial del “campeón del humorismo blanco”, en lugar de solucionar conflictos y corroborar la oferta educativa que atraiga a más educandos al centro de trabajo, el señor supervisor ha evadido responsabilidades, al menos en cuanto a la resolución de conflictos se refiere, y al menos por omisión, ha magnificado una serie de rumores que inclusive atentan contra la integridad física de la subdirectora “incómoda”, cuya principal falta, para el grupo de poder involucrado, ha sido la de, en apego a los reglamentos, la norma, promover entre sus subordinados mejores condiciones organizativas, conducentes a un mejor servicio educativo…
