Proponen aumentar las penas para el feminicidio con hasta 60 años de cárcel

Proponen aumentar las penas para el feminicidio con hasta 60 años de cárcel
Entre 2013 y 2018 se registraron 56 casos ■ Foto: LA JORNADA ZACATECAS

■ El objetivo es homologar el código penal del estado al federal en esta materia

■ Hay abierta una investigación en contra de un menor de 17 años, informan

 

Ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado dio a conocer que actualmente hay abierta una investigación en contra de un menor de 17 años por el presunto feminicidio de su pareja, ocurrido en el municipio de Concepción del Oro el pasado sábado 15 de septiembre.

Poco antes de que se difundiera esta información, el diputado Héctor Menchaca abordó en el pleno de la 63 legislatura local el tema de los asesinatos de mujeres por razones de género, es decir, de los feminicidios para proponer una iniciativa en la que se incrementen las penas por este delito.

En la exposición de motivos, el legislador mencionó que entre 2013 y 2018 se registraron de acuerdo a las cifras oficiales 56 casos y en ellos las víctimas tenían entre 18 y 21 años.

Estas cifras, agregó, “detallan el fracaso en las políticas implementadas por el gobierno estatal para hacer frente a este fenómeno que vulnera y viola los derechos de las mujeres zacatecanas”.

Ante la gravedad de la situación, el legislador expuso que la iniciativa presentada para reformar el artículo 309 Bis del Código Penal del Estado de Zacatecas, a fin de homologar la tipificación del delito de feminicidio al código federal.

Agregó que “el no reconocer la gravedad de este delito implica vulnerar los derechos humanos de las mujeres en Zacatecas, el hacerlo significaría un gran avance para la protección de este sector ya que facilitaría el acceso a la justicia para todas aquellas víctimas de este crimen”.

Por ello, su propuesta fue la de incrementar la pena de los feminicidas para que, en lugar de ser de 20 a 50 años de cárcel y de 200 a 365 cuotas, quede en una sanción de cárcel de entre 40 y 60 años y de 500 a mil cuotas.

Asimismo, también se plantea incrementar las sanciones para cualquier servidor público “que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia” en estos casos al quedar con una pena de 5 a 10 años de prisión, de 500 a mil días de multa y una inhabilitación para desempeñar otro empleo, caro o comisión públicos por un periodo de 5 a 12 años.

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