Según los datos que se encuentran en la página 71 del tercer informe de actividades del rector Antonio Guzmán Fernández la UAZ adeuda, al 31 de diciembre de 2018, 2,033,792,311 millones de pesos por los conceptos de: ISR, seguridad social (ISSSTE), acreedores, proveedores y varios, más lo acumulado en 2019. La mayor parte de la deuda es con el ISSSTE (1,619,212,443), monto que supera el subsidio federal ordinario de 2018, que fue de 1,526,949,348. Se aprecia que la información ofrecida en el informe es incompleta porque no se contabilizan los prestamos que tanto Gobierno del Estado como el SPAUAZ le hicieron a la universidad a lo largo de 2018. ¿Fueron pagados? ¿Condonados? Misterio. Tampoco se informa si el préstamo que el gobierno federal le hizo, por 250 millones de pesos, fue condonado debido al puntual cumplimiento del convenio firmado en diciembre de 2018, o no. Se hace unaúnica mención de ese préstamo en las páginas 147-148 del informe citado, donde se omite la enumeración de los compromisos adquiridos para obtenerlo. A la vista de la situación, aún con datos incompletos, la pregunta es obvia ¿tiene solución la deuda? Si vemos, en el presupuesto público federal, la cantidad de dinero que se proyecta ministrar a la UAZ durante 2020 (aproximadamente 1,577 millones, un incremento de 3 % respecto de lo ministrado en 2019) concluimos que resultará insuficiente (véase “Insuficiente, presupuesto para la UAZ: rector” NTR 13/09/19) para solventar los gastos de la institución. Es más, sin un incremento sustancial, de alrededor de 500 millones de pesos anuales, no hay manera de que la universidad pueda pagar lo establecido en el contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT) en dos importantes capítulos: el de las jubilaciones garantizadas con cargo al presupuesto universitario y el de las prestaciones de los agremiados. Detengámonos, primero, en la problemática de las prestaciones, para en segundo término concluir con la ardua cuestión de las jubilaciones. Recordemos que el miércoles 11 pararon la mayoría de los planteles de la Unidad Preparatoria, la Unidad de Ciencia Política y algunas más en protesta por la constante violación del CCT, en específico: la rectoría se niega a sacar a concurso las plazas vacantes definitivas por jubilación, retiro, defunción o despido. No tiene empacho en reconocerlas, toda vez que no salgan a concurso, y esto por una buena razón: desaparecerlas, o postergar su ejercicio por tiempo indefinido, es una manera, acordada con el gobierno federal en el convenio de 2018, de reducir el conjunto de obligaciones en el corto plazo. Otro tanto ocurre con las promociones de nivel y categoría: el comité ejecutivo del SPAUAZ, a través del secretario general, acuerda con la rectoría el manejo discrecional de ese derecho, por lo que no se hacen las convocatorias respectivas en los plazos contractuales. De este modo, a la vez que la administración central se manipula a los docentes, se ahorra unos “pesitos”. Con esto se explica la “inacción, simulación, subordinación, complicidad” de la dirigencia sindical hacia el patrón. Incluso algunos miembros del comité ejecutivo ya están repartiendo despensas, y becas, para campañas venideras. Lo relativo a la asignación de la carga de trabajo es parte de una transformación mayor que está en ciernes, el objetivo es reducir al máximo el costo de las nuevas contrataciones, así que la patronal deja de lado el CCT y contrata por honorarios. De lo anterior debería quedar claro que la reforma de la universidad consiste en la reducción máxima posible de los derechos de los docentes para abaratar costos y elevar las ganancias, o al menos mantenerlas, de quienes hacen negocio con la UAZ. Así nos podemos conectar con el siguiente punto: las jubilaciones. Una manera de enfocar la cuestión de las jubilaciones en la UAZ es ponerlas en el contexto nacional para obtener perspectiva. De acuerdo con la nota de Braulio Carbajal en “La Jornada” (“El gasto en las pensiones superará el gasto en inversión física” 10/09/19) el gobierno federal pagará 965 mil 200 millones de pesos por concepto de pensiones y jubilaciones, casi un millón de millones, lo que representa, de un presupuesto de 6 billones, casi 16.8%. Si el costo de las jubilaciones y pensiones en la universidad asciende a 250 millones en 2018, representa un 14% del total de 1850 millones de presupuesto universitario total, pero si añadimos el presupuesto extraordinario bien podría bajar a 11 o 12%, por debajo de lo que gastará el gobierno federal. No hay indicios claros, más bien al contrario, de que vaya a haber un incremento de ese tamaño al presupuesto irreductible de la universidad, por lo que los problemas de la UAZ se tornaninsolubles y el conflicto será el escenario permanente. Tales condiciones son atenuadas por los recursos extraordinarios obtenidos vía convenios, los que no constituyen una solución para los sindicalizados, acaso sí para la alianza gobernante porque le proporciona mínima estabilidad. Hay dos puntos de vista contrapuestos en este asunto: la patronal intentará reducir las prestaciones aún más, deteriorar las condiciones de trabajo, generalizar la contratación por honorarios, cobrar cuotas cada vez más caras por sus servicios, los sindicalizados deberán defenderse, agruparse, resistir. ■
Buenas nuevas desde la UAZ
