■ De 2012 a 2018 han desaparecido 23 mil 236 niñas y niños en México: Mara Muñoz
■ Si bien la pareja no es responsable de la forma en que se le entregó al menor, el niño debe estar con la abuela materna: Rodrigo Rosas Collazo
Hay retención del menor Edwin Zaid Palomino García por parte de la pareja a quien la delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de Jalpa, entregó en resguardo. Así declaró el fiscal de Personas desaparecidas, Rodrigo Rosas Collazo en entrevista.
El fiscal especializado siguió exponiendo que, si bien la pareja no es responsable de la forma en que se le entregó al menor, el niño debe estar con la abuela materna.
Ayer, en conferencia de prensa, Mara Muñoz directora del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas, sostuvo que hay un proceso ilegal de adopción. Asimismo, en comunicado de prensa firmado por Colectivas Feministas se añadió que “2012 al 2018 han desaparecido más de 23 mil 236 niñas y niños en México sin que la autoridad actúe con la debida diligencia y el respeto a los derechos humanos.
“El caso de Edwin no es aislado en México, las adopciones ilegales que presumen un grave delito son frecuentes, las y los funcionarios de los sistemas DIF así como organizaciones privadas y particulares aprovechan la vulnerabilidad económica de las madres para arrebatarles a sus hijas e hijos”, sostuvo.
Pese a que la alerta Amber está activa, el proceso también mostró anomalías. En presencia de medios de comunicación la abuela del menor, en acompañamiento del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos, declaró que la alerta fue desactivada porque la pareja que está en posesión de Edwin presentó un amparo. A dicha acción legal obedece que la alerta se haya desactivado de manera provisional el 5 de julio. De este modo, la orden para que se reactivara el mecanismo de búsqueda se dio el 31 de julio, y se acató hasta el 7 de septiembre.
El fiscal Rosas Collazo, por su parte, se limitó a declarar que “la alerta debe estar en medios de comunicación 72 horas, si hay un indicio que demuestre el posible paradero de ese menor la puedo duplicar”. Agregó que como consecuencia al desacato en lo correspondiente a la entrega del menor, y a petición de la abuela materna, la alarma se volvió a activar.
También confirmó que las personas que asumen la posesión de Edwin tienen contacto con las autoridades, y reportan que el menor está bien pero que no han ofrecido prueba de ello.
El fiscal terminó diciendo que las posibles conductas que se puedan tipificar como delitos, partirán de la carpeta de investigación que se conformó en Jalpa. Y que él no está en posición de señalar las posibles sanciones a personal o autoridades municipales que llevaron el proceso de aseguramiento y adopción de Edwin.
No obstante, en cotejo con el “Diagnóstico Nacional sobre la situación de Trata de Personas en México de 2014” de Naciones Unidas, La adopción ilegal de menores de edad es un hecho que puede estar asociado a la alteración de la identidad, falsificación de documentos, secuestros, soborno y corrupción”.
