Manuel Reta, coordinador de investigación y posgrado de la UAZ, informó en agosto de 2018 (La Jornada Zacatecas, 11/08/19) que la maestría y doctorado en historia de la universidad salió del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC) debido a una “confusión administrativa”. Según sus declaraciones, tenía confianzaque en la convocatoria de septiembre u octubre podría reingresar. Sin embargo, en noviembre de 2018 (La Jornada Zacatecas, 08/10/18) el responsable de esa maestría y doctorado en historia, Arturo Burciaga, confirma que el posgrado no reingresó al PNPC debido a que “al parecer hubo la indicación del equipo de gobierno electo para detener convocatorias o programas que implicara recursos para 2019”. Será, entonces, hasta en la convocatoria que emita el PNPC en enero de 2019 que se evalúe, por lo que sin problemas habrá de reingresar en agosto de ese año. Consecuencia inmediata es que no se inscribirá una nueva generación de esa maestría y doctorado hasta agosto, es decir, pasarán ocho meses sin nuevos alumnos y, por ende, sin clases frente a grupo. Para agosto del 2019 se anuncia que no solo la maestría y doctorado queda fuera del PNPC, sino 11 posgrados más de la UAZ (La Jornada Zacatecas, 21/08/19) no son admitidos. De acuerdo a las declaraciones del secretario académico de la universidad, Alejandro Aguilera, no fue por cuestiones de calidad, sino por recorte al presupuesto del PNPC y deberán concursar en la convocatoria del 2020. Por lo visto todos esos programas no tendrán nueva generación de alumnos, si es que se aplica la misma regla usada con la maestría y doctorado en historia, que para enero de 2020 cumplirá un año sin que sus docentes impartan clases frente a grupo. Carecer de clases no es grave, pero sí irregular: ¿bajo que condiciones un programa académico de la UAZ puede disculparse de abrir nuevos grupos sin que sus docentes sufran repercusiones por ello? La pregunta no es ociosa porque ha habido ocasiones en que la baja matrícula es causal de amenazas de clausura, incluso se condiciona a los nuevos programas a incorporarse al PNPC o resignarse a desaparecer. Se puede obtener una orientación para responder esta pregunta si se consulta el Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT). Ahí encontramos que las labores cotidianas de la universidad son docencia, extensión e investigación, por lo que cualquier académico puede dedicarse a estas actividades bajo ciertos requisitos mínimos. Conviene citar la cláusula 20-I: “Los profesores podrán ser de asignatura o de carrera y podrán tener parte de su carga asignada a labores de investigación y extensión previa autorización del Consejo de Unidad Académica respectivo y coordinados por las autoridades universitarias correspondientes. Los investigadores serán únicamente de carrera”. Enfaticemos las ambigüedades de la cláusula: no define qué parte de la carga podrá ser de investigación o extensión, así que podría pensarse, desde un punto de vista patronal, que deben tener al menos un grupo los investigadores y extensionistas, pero desde el punto de vista sindical podría defenderse que toda la carga puede ser asignada a cualquiera de las actividades sustantivas mencionadas. Sin embargo, la discusión parece inútil porque la patronal decidió que toda la carga se puede asignar a investigación en una Unidad Académica, como se hizo con los docentes de la maestría y doctorado en historia. Este precedente se debería incorporar al CCT en la cláusula citada, que diría: “Los profesores podrán ser de asignatura o de carrera y podrán dedicar íntegramente su carga asignada a labores exclusivas de docencia, extensión o investigación…”. Por supuesto, algunos requisitos adicionales son necesarios porque un investigador puede, en algún momento, ya haber agotado su arsenal de ideas, o un docente podría alumbrar una brillante hipótesis que merece ser investigada por lo que una variación en su carga debería ser posible. Y lo es de acuerdo al CCT, lo que no existe es la transparencia y operatividad de los Consejos de Unidad para facilitar esos cambios que mejoran la vida académica. De las reflexiones anteriores queda claro que el CCT tiene los medios para mejorar las condiciones de trabajo si se acepta que la realidad universitaria cambia día con día, por lo que modificaciones a lo contratado son necesarias para evitar las confusiones, los privilegios y el deterioro de la vida institucional. Reiteramos aquí una tesis que siempre hemos sostenido: la política de no “abrir” el contrato es equivocada porque lo que se debe evitar es modificarlo para disminuir los derechos de los agremiados, pero para ampliarlos sí debe revisarse. También es un error creer que se privilegian, en el CCT, los derechos laborales por sobre los criterios académicos (Véase “Deconstrucción esperada” de Miguel Moctezuma Longoria NTR 25/08/19) porque eso es confundir las arbitrariedades, violaciones y embustes que algunos comités ejecutivos vuelven moneda corriente con una actitud auténtica de sindicalismo universitario, además de que muestra que no se dominan los procedimientos jurídicos del CCT y se ignora la diferencia entre la patronal y el sindicato. Como remate queda por decir que los procesos de admisión en los programas federales, mal entendidos, son causa, en muchos casos, de violaciones a la norma, privilegios indebidos, corrupción y “estafas maestras”.
Investigación, contrato y programas federales
