$5 mil 239 millones de pesos es el total del financiamiento público aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral INE para el 2020, de los cuales:
MORENA 1710.7*
PAN 943.2*
PRI 888.9*
PRD 438.5*
PVEM 419*
Movimiento Ciudadano 403*
Partido del Trabajo 384.4*
*millones de pesos
Dicen los grupos de poder o en el poder que “la democracia cuesta” y ¡vaya que cuesta!
Al gasto que ocasionan las prerrogativas de los partidos, habrá que agregar el que se asigne al Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales para el año próximo.
Carlos Fernández Vega en su columna MÉXICO S.A., publicada en “la Jornada” del viernes 9 de agosto pasado, nos da una información sorprendente: “Tan solo en el transcurso del presente siglo ( hasta 2018)” el gasto total en materia electoral ha sido: “Casi 320 mil millones de pesos entre todos, incluidos partidos y no tienen llenadera”. Dice.
Es por eso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los partidos a fin de que, de buena voluntad y sin presión alguna, se hagan una rebaja en sus prerrogativas ya aprobadas por ley y, hasta les oferta que las dirigencias señalen el uso social que desearan pudiera darse a los recursos devueltos.
A nivel local, un interesante reportaje de Raquel Ollaquindia en “La Jornada” del pasado 9 de agosto, detalla la coincidencia de los líderes de los partidos Morena, Partido Encuentro Social y Partido Verde en la necesidad de reducir las prerrogativas económicas.
Por su parte Pedro Martínez de Acción Nacional requiere analizar “que impactos tendría una reducción de este nivel en las prerrogativas”, en tanto que el priista José María González Nava señala que estaría a favor de la disminución de las prerrogativas, sólo que fuera a partir de una reforma constitucional y “no de un exhorto que es simplemente un llamado a una buena voluntad”.
Olvida el priísta que una reforma constitucional y legal para establecer un nuevo parámetro en las prerrogativas de los partidos políticos ya no requeriría que él estuviera a favor o no y además que, en lo que respecta a las que serán entregadas en 2020 y ya autorizadas, no cabe la retroactividad de la ley. Una reforma a estas alturas no cambiaría las condiciones y queda a la buena voluntad, tal como hace la exhortativa del Presidente.
Hay que estar atentos a las actitudes de los líderes partidistas en lo que a dinero se trata, porque, dos privilegios atraen a la mayoría de los líderes partidistas: el dinero y el poder.
Por razones de carácter político los órganos de control como la auditoría general de la República y las respectivas de los estados, no “aprietan” a los partidos en la rendición de cuentas, tan es así que los institutos políticos no tienen la necesidad de acudir a las cuotas de los miembros o militantes para solventar sus gastos internos. Las llamadas cuotas son una mera referencia inaplicable.
El poder es el segundo o puede ser el primer incentivo para el liderazgo o control partidista. La facultad discrecional de designación para los cargos de elección popular genera en el que ejerce el control, un poder de exclusividad para favorecer a parientes, amigos o allegados que ofertan al líder la simplicidad de la “lealtad política”. La ideología ya no importa. Lo que se impone es la fidelidad perruna. Conciencia de clase, ¿para qué?
Hoy podemos observar a ex miembros prominentes de partidos a la baja (PRI- VERDE Y PRD) como miembros y militantes de Morena y ofertando su “lealtad política” a uno de los encumbrados que todo decide con un poder unipersonal que es necesario revisar. Así, la relación con los nuevos miembros se torna en una relación personal carente de ideología por ambos lados, aunque sí en perjuicio del partido.
Para ascender en alguna diputación local o hasta en cargos dentro de la administración pública, no se requiere la cultura del esfuerzo, sino la del servilismo y del oportunismo. Salvo sus pocas excepciones desde luego.
Los sueldos o dietas en el caso de diputados y senadores, por excesivos, han sido factor atrayente de cientos de jóvenes que, sin expectativa de empleo y sin preparación alguna, ven en los partidos la solución a sus males económicos y sin mayor esfuerzo. Ni tan siquiera el de pensar. Con sólo ocupar un sillón en alguna legislatura van de 8 a 10 mil pesos diarios. En la Legislatura pasada y en la actual, el costo por diputado es de ¡$13 mil pesos diarios!
La degradación política en nuestro país es preocupante y, si los partidos no cumplen su función como entidades públicas de interés social, en política nada avanza: El sistema de partidos se estanca, las iniciativas de ley y de decreto no aparecen, la sociedad no se eleva a estadios superiores, la juventud cae en la inminente mediocridad y en la competencia por agraciar a un político encumbrado que le proporcione lo que por sus propios méritos no busca obtener. Ese no es el futuro de los jóvenes. Los partidos políticos no fueron creados para elevar mediocridades. Ese no es el futuro de México.
