Todas las policías modernas cuentan con herramientas para compilar información. La efectividad de estas herramientas incide directamente en la calidad de la información con la cual cuentan las autoridades para poder resolver cada uno de los casos que se presentan y por ende en la capacidad del Estado para disminuir los índices delictivos.
En México este instrumento se conoce como el Informe Policial Homologado (IPH). En teoría desde 2010 este instrumento permitiría que todos los policías capturasen la misma información sobre cada una de sus intervenciones para prevenir y combatir delitos. Esto permitiría generar información uniforme en todos los municipios y estados que permitiese mejorar la calidad de las investigaciones criminales. En la realidad esto no ha sido así.
La edición 2010 del IPH fue un buen esfuerzo orientado a la gestión y control de las labores policiales y no tanto al apoyo de recolección de información que pudiera apoyar la investigación criminal. Con la reforma del Sistema Penal Acusatorio, el policía pasó a ser el centro del modelo y actor clave de la investigación criminal, por lo que el IPH 2010 se volvió incompatible con los nuevos procedimientos dando paso en 2015 a la implementación de un nuevo IPH.
Esta nueva versión presentó dos problemas principales. El primero era la longitud, se trataba de un documento de más de 40 páginas y de 500 campos que el policía tenía que llenar por completo antes de llegar a la siguiente instancia. Llenar el cuestionario tomaba en promedio dos horas y en la práctica se llegaron a reportar casos en donde se extendía hasta 9 horas. El segundo problema, era precisamente la dificultad que las policías enfrentaban para llenar el cuestionario ya que se requería información sumamente detallada sobre la investigación. Esto ocasionó que el IPH se volviera obsoleto en el cumplimiento de sus funciones.
Por esta razón, en noviembre 2018 se generó un tercer intento para contar con un instrumento simplificado que nunca fue publicado en el Diario Oficial de la Federación pero que en la práctica si ha sido utilizado por las policías de algunos estados y municipios. Los repetidos intentos fallidos de las administraciones pasadas para contar con un IPH práctico y funcional han generado problemas importantes que tienen que ser atendidos.
En primer lugar, actualmente las policías municipales y estatales no han logrado homologar sus procesos de captura de información generando desorden debido a que cada policía llena el formato de su preferencia y en muchas ocasiones, contrario a la norma, generan sus propios formatos. En segundo término, no se ha logrado generar un instrumento balanceado entre las funciones procesales y la parte analítica ni una distinción clara entre las funciones de las policías y los ministerios públicos. La falta de homologación y de claridad en las funciones de cada uno de los actores genera deficiencias en el sistema de procuración de justicia, mismas que hace que sea sumamente difícil mejorar la situación de seguridad pública en el país.
Con esto en mente, el equipo del Centro Nacional de Información ha aprobado un nuevo modelo del IPH mucho más breve en comparación con sus ediciones pasadas que pretende que por primera vez sea implementado por todas las policías municipales y estatales al ser de observancia nacional y obligatoria.
Esta nueva versión ya contempla los procedimientos establecidos en las leyes complementarios de la Guardia Nacional como lo son la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Es decir, el nuevo IPH además de generar información útil para la toma de decisiones en materia criminal, deberá también servir como una salvaguarda a los derechos humanos de las víctimas, de los victimarios y de las autoridades.
Por muchos años la mayoría de los delitos que suceden en México no han sido reportados, hecho que en el pasado ha sido entendido como una realidad que no se podía cambiar. Una de las principales razones por lo que esto sucede es la incapacidad de administraciones previas para poder resarcir los daños a las víctimas de delitos. Esta baja efectividad genera a su vez una disminución en los ya de por si mermados incentivos que las víctimas tienen para denunciar los delitos, lo que a su vez ha elevado los niveles de impunidad en el país incrementando los incentivos que los criminales tienen para delinquir.
Romper con este ciclo perverso requiere construir nuevos mecanismos libres de vicios que permitan que nuestras fuerzas policiacas puedan realizar su labor de manera eficiente y con la confianza necesaria. Mejorar las condiciones de seguridad del país es uno de los compromisos de la cuarta transformación y en este marco el poder contar con un IPH funcional no solamente es deseable sino necesario.
