Alfonso Durazo, uno de los principales operadores del nuevo régimen –con experiencia, talento y méritos en campaña–, pasó de ser un importante activo a un creciente pasivo para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En efecto, la principal tarea de Durazo –o una de ellas– era coadyuvar con las secretarías de la Defensa y de Marina en la creación de la necesaria Guardia Nacional, cuyos rasgos distintivos residen en que, se supone, debe tener la capacidad estratégica y táctica para enfrentar con razonable éxito al crimen organizado y reducir gradualmente la comisión de delitos de alto impacto.
Un asunto que debió haber sido previsto y resuelto se dejó sin atender y ha escalado a tal nivel, que Durazo, quien debería ser garante de la seguridad nacional, es paradójicamente un riesgo creciente para la misma. Existen, por supuesto, elementos que me permiten sustentar mis asertos. Veamos.
Primero. Una regla de sentido común en un proceso de cambio es la confianza. Si no hay confianza, lo demás es lo de menos. Contra toda lógica, Durazo empezó, como carta de presentación, con una conspicua campaña de desprestigio en agravio de los integrantes de la Policía Federal, justo la institución con cuyos elementos debió haber pactado para transitar hacia la Guardia Nacional y a otras áreas de seguridad del Estado mexicano, dejando intactos los derechos adquiridos de sus elementos.
Les ha mentido, los ha esquivado y esos vacíos se han llenado con rencor y odio personal que trasciende un asunto administrativo, institucional, que nunca debió escalar a tal magnitud por un error de apreciación –en este caso muy grave– del propio secretario.
Segundo. En la cruzada del titular de Seguridad contra los agentes de la Policía Federal se entreveraron mensajes mediáticos negativos con violaciones jurídicas graves contra el colectivo creciente de inconformes de la agrupación.
En ese contexto se inscribe, por ejemplo, el mensaje según el cual la Policía Federal debe –o debía, no lo sé– millones de pesos a hoteles en distintos lugares donde sus efectivos fueron enviados. Con toda intención no se dijo que esos adeudos no eran imputables a los agentes, sino a las autoridades administrativas de esa institución, responsables de hacer los convenios con los lugares de hospedaje.
Se acusó, sin consignaciones en la mano, de una presunta relación entre el crimen organizado y los policías; se señaló la aparente relación de varios elementos con actos de corrupción, pero sin acciones judiciales que dieran sentido al cuestionamiento.
Durazo actuó como alguien que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, no una autoridad que por mandato constitucional sólo tiene permitido ejecutar lo que establecen las leyes.
Al desplegar esas acciones, muchos elementos sintieron afectado su patrimonio moral, tutelado por los artículos sexto y séptimo constitucionales, lo que habrá de traducirse en numerosas demandas contra su persona, que en nada abona a su labor como secretario, porque le agregará nuevos elementos a los existentes en donde Durazo está viendo cómo defenderse él mismo, sin tener tiempo, por ende, de desplegar las medidas adecuadas para recuperar la paz perdida en perjuicio de la población.
Tercero. En su política de choque Durazo prohibió el ingreso de los abogados del creciente colectivo de inconformes de la Policía Federal a unas conspicuas mesas de diálogo, para evitar que fueran asesorados conforme a derecho.
Buscaba en esas mesas convencerlos de aceptar un finiquito por sus servicios y no la indemnización que corresponde cuando ha desaparecido la materia de trabajo; es decir, la Policía Federal, que fue creada como organismo desconcentrado de la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Con ello se lastima lo dispuesto en los artículos 14, segundo párrafo; 16, primer párrafo; y 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. Durazo subestimó la capacidad de organización de los efectivos de la Policía Federal. Supuso –equivocadamente, según se ha visto– que estaría en una posición de fuerza al minar la moral de los agentes. Al final del día, las mesas de diálogo desaparecieron, el diálogo no existe y hay una movilización policial que está creando una atmósfera inhóspita al secretario, que le abre un frente al presidente López Obrador precisamente en la materia que él mismo ha visto como un foco rojo.
El secretario que debía cambiar esa situación se involucró él mismo en una batalla personal contra quienes manejaron áreas de inteligencia y tuvieron o tienen acceso a la famosa Plataforma México, que posee la más amplia base de datos sobre crimen organizado.
Han empezado movilizaciones y actos al margen de la ley –no los justifico, sólo los explico en este convulso contexto– de agentes de la Policía Federal. Si con los maestros el presidente de la República no se atrevió a utilizar la fuerza pública, es poco menos que imposible que ordene a las Fuerzas Armadas abatir a los inconformes, lo que generaría un baño de sangre de grandes magnitudes, con efectos imprevisibles.
Quinto. Todo indica que el ciclo de Durazo en la Secretaría de Seguridad concluyó o está por concluir, por razones pragmáticas y por llevar a cabo justo lo contrario de lo que debió haber hecho. No se puede dejar a un interlocutor que se ha posicionado como un enemigo personal de quienes debía conducir el nuevo esquema organizacional de la seguridad pública.
El conflicto con Durazo a la cabeza no tiene caminos de regreso, lo que significa un sesgo grave en perjuicio de la sociedad entera.
¿Debe anteponerse el interés de Alfonso Durazo –por más bienintencionado que fuera– a una política pública de seguridad que le urge al país? ■
