Empresas grandes que generan empleos de ingreso medio chantajean su incumplimiento de la normatividad ambiental con el hecho de que si las presionan se van a otro lado. Y el Estado cambia pesos por centavos al aceptar dicho chantaje. En el caso de los costos ambientales de la industria minera resultan ser mucho más altos que las ganancias que dejan en el estado, aun sumando derrama por salarios y por pago de impuestos. Pero los gobiernos sacrifican el desgaste de los recursos naturales, que es de efecto futuro, por aquello que tiene un efecto inmediato, como es el cierre de alguna empresa de este tipo.
El Estado debe ser inflexible en la normatividad ambiental porque los daños son de muy alto impacto para las futras generaciones. Así que no pueden argumentar ‘prudencia’ en la omisión de la ley con tal de ‘retener’ la inversión extranjera. Aun cuando es poco probable que lo hagan por las altas tasas de ganancia que tienen, si amenazan con irse, que lo hagan. Porque, insistimos, el costo de su chantaje es demasiado alto.
Para evitar los efectos inmediatos en la pérdida de empleos, el Estado debe contar con programas efectivos de creación de empleos no sólo desde la atracción de inversión extranjera, sino por vía de la gestación de empleo local. Todo el aparato de apoyo estatal está sentado en la idea de que son empresarios externos los que invierten y los gobiernos apoyan esas iniciativas. Por ejemplo, existen programas de capacitación de trabajo, facilidades fiscales, inversión pública en parques industriales y cosas similares alrededor de esa visión. Sin embargo, la visión del Desarrollo Económico Local está fuera de foco.
La gestación de empresas sociales para cubrir la demanda interna con los apoyos en gestación, incubación organizacional, redes de comercialización y facilidades de financiamiento está ausente. Por ejemplo en el caso de Zacatecas, el programa de apoyo al empleo, con los 4 subprogramas: bécate, fomento al autoempleo, movilidad laboral agrícola y repatriados, tuvo un presupuesto de 51 millones de pesos en el 2017 y este año disminuyó junto con sus capacidades institucionales. Así que los resultados fueron un reparto de muchas becas minúsculas (11 mil) y 4.700 apoyos al autoempleo pero igualmente insignificantes. 4 mil boronitas que no generan ningún impacto social relevante. O los 270 créditos de Grupo Plata, que en este caso sí son de mayor relevancia, pero de poco número de unidades económicas. Lo contrario al programa anterior. Pero no hay una agenda de inversión y de creación de empresas sociales, donde el Estado define las prioridades del tipo de empresas que se requieren con un esquema de rentabilidad asegurada. Esto ocurre porque no hay una estrategia económica con enfoques locales. Así pues, si la industria minera afirma que da 11 mil empleos y a los gobiernos no ven cómo pueden sustituir a esas empresas, por lo que aceptan los chantajes que destruyen nuestro medio ambiente. En suma: el Estado debe ser inflexible en la legislación ambiental y debe contar con estrategias de creación local de empleos relevantes.
