Uno de los mayores problemas de las instituciones es la “fragmentación de su capacidad directiva” (FCD). ¿Qué es esto? Es la situación en la que la autoridad centralizada toma decisiones bajo la presión de grupos de interés y las formas colegiadas de control están inoperantes. Resulta patente que esas decisiones no contribuyen, o lo hacen muy poco, al bien común, porque el principal objetivo de las mismas es llevar adelante las agendas particulares de cada grupo. El problema aquí es que ese objetivo podría producir consecuencias inesperadas que pongan en riesgo la viabilidad institucional.Nick Bostrom, filósofo de origen danés radicado en Oxford, Inglaterra, desarrolló la “hipótesis del mundo vulnerable” como parte de su teorización acerca de la “desestabilización civilizatoria” que podría producir el avance tecnológico. Según él, podemos modelar la aparición de novedades tecnológicas, i.e. inventos que permitan a los Estados controlar ciertos aspectos de su ambiente natural o internacional, como una urna que contiene tres tipos de invenciones: las bolas blancas, o invenciones benéficas, las grises, o con capacidad limitada de daño y las negras, que son los inventos que pueden destruir la civilización humana o bien, ser usados para desestabilizar Estados. Para Bostrom el asunto problemático no reside en que esas invenciones estén bajo el control estatal, sino en que quizá no exista la capacidad institucional para restringir el acceso a ellas a grupos de diversa índole que tienen la intención clara de desestabilización para alcanzar sus objetivos (poder, dinero, libertad, simple irracionalidad). Fuera de escenarios especulativos a nivel global existen situaciones en las instituciones que nos rodean que las ponen en riesgo. Una de ellas es la que hemos denominado FCD, en la que los resultados negativos son el resultado de la acción de grupos de interés que carecen de la intención explícita de destruir las instituciones, antes bien, los desastres son resultados inesperados que se pueden corregir si se logra recuperar la capacidad de decisión centralizada y se controla su operación mediante organismos colegiados independientes. La UAZ es, en estos momentos, una institución en desastre: debe dinero más allá de sus capacidades financieras, existen en ella grupos con intereses particulares bien definidos que presionan para mantener sus capacidades operativas, las instancias colegiadas de supervisión no funcionan, contrario a lo que se enuncia en discursos, en la universidad la producción del saber es precaria, sostenida por individuos aislados dependientes de presupuestos federales (o de sus bolsillos), inútil más allá de los reducidos círculos académicos que la cultivan, las más de las veces acrítica o programática (dependiente de un punto de vista restringido) y, para rematar, los archivos se desechan porque el espacio resulta más rentable como cafetería. Otro tanto puede decirse de la docencia: instalaciones en mal estado, ausencia de cubículos, sectarismo retrograda, falta de crítica, adopción de pedagogías, y filosofías, que privilegian las emociones por encima de las razones, persecución de profesores no ya por ideologías, sino por incapacidad administrativa. En fin, de la extensión sólo se puede decir que como concepción no existe, y por ende su práctica es aleatoria: se hace lo que se puede con lo que hay. En resumen: la universidad tiene cosas buenas resultado de las acciones individuales, mientras que casi todas las acciones institucionales o no arrancan, o se quedan a medio camino, o no funcionan (ejemplo: el proyecto UAZ Siglo XXI) y sostenemos que es por causa de la FCD. Revertir la condición institucional actual no es sencillo, no es tan simple como decir: “recupérese la capacidad de decisión centralizada a través de un gran acuerdo entre los actores”. Tal solución es ilusoria por voluntarista: los actores que pululan en la UAZ son reales y quieren mantener sus intereses o, al menos, encontrar la manera de seguir sacando provecho. No está en su interés dedicarse a las actividades sustantivas: son empresarios, vendedores de servicios que utilizan la nómina de las Unidades para negociar sus votos con los actores que contienden por la rectoría. Podemos imaginar varias salidas. Una de ellas es cambiar el procedimiento de elección porque, según parece, es la única manera de acabar con el clientelismo. El punto es que tal posición es limitada: concibe que el problema de la FCD se resuelve eliminando a los grupos y colocando a una autoridad superior como “gran electora”. Esto es un error, es caer en la tesis del “hombre providencial”. Una mejor solución es reactivar la vida colegiada, lo que a su vez implica un mayor control de los directores por parte de sus comunidades. En este caso el problema radica en que si se reactivan los Consejos de Unidad los consejeros serán, casi siempre, afínes al director como resultado del funcionamiento institucional, por lo que los contrapesos se diluyen. ¿Qué hacer entonces? Hasta el momento la única posibilidad con algunos resultados es la autoorganización de los docentes en grupos de defensa. Es decir, contraponer a los grupos que dominan las instituciones de la UAZ la movilización de los docentes en defensa de sus derechos, como ocurrió con la “Escuela de Verano 2019”. Pero tales acciones resultan limitadas ante las capacidades de desmovilización que suelen desplegar la rectoría y la parte patronal del SPAUAZ. Queda como reto pensar una mejor solución.
Riesgos institucionales
