■ Se da un periodo de 45 días, informa Paula Rey Ortiz Medina
■ Explica que la ASF detectó alrededor de 19 médicos que podrían ser “fantasma”
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (FASSA) dentro de su informe sobre la Cuenta Pública 2018, detectó alrededor de 19 médicos que podrían ser “fantasma”, pero el proceso aún está en la fase de solventación (para lo que se da un periodo de 45 días), por lo que no puede asegurarse que haya al respecto irregularidades.
“Todavía el plazo está en proceso, todavía no transcurre, ya va avanzado pero todavía ellos tienen la posibilidad de integra la documentación”, dijo Paula Rey Ortiz Medina.
La secretaria de la Función Pública indicó sin embargo que de comprobarse la existencia de “aviadores” en la Secretaría de Salud del estado o desvíos de recursos, “sería una falta grave y pudiésemos en un momento dado, cuando se habla de “aviadores”, presentar denuncias penales, así lo establece la ley porque finalmente se estaría generando un daño al erario, un recurso que se eroga y no hay un trabajo que se devengue; no hay un beneficio a la ciudadanía”.
Añadió sobre el tema que, “al decir de la dependencia hay justificaciones y se supone que ellos tienen todo el sustento normativo o documental” de por qué los médicos no fueron localizados en su sitio de trabajo.
Dijo que puede tratarse de casos de faltas administrativas derivadas de cambios de adscripción que no fueron notificados o médicos que cubrieron a otros en un lugar distinto a su sitio de trabajo sin realizar las notificaciones correspondientes, lo que puede prestarse a “que podamos hablar de aviadores o de desvío de recursos”.
Ortiz Medina también opinó que el combate a la corrupción en Zacatecas como “en cualquier parte del país” no es fácil porque presenta en sistemas de redes.
Dijo que muchas veces se remueve a las cabezas y sigue habiendo problemas de corrupción, “cuando eso pasa nos damos cuenta que probablemente se haya infiltrado de tal manera” que se debe identificar quienes participan en todo un proceso “para ver dónde puede estar”.
Sostuvo que ha dificultado la identificación de quienes están involucrados en estas redes corruptas, el que la ciudadanía no presenta quejas o denuncias por miedo a represalias, “esto es muy común”.
Habló de casos de proveedores y contratistas que dejan de hacerlo por temor a no ser contratados nuevamente o porque ya “me dieron obra”.
“Es difícil la situación económica del estado…las vivencias que han tenido los proveedores y contratistas en tiempos pasados, todo eso los limita”.
Agregó que esto representa un reto muy importante en lo individual y para la SFP como sistema para generar esa confianza “y hacerles ver a los ciudadanos que si ellos se deciden a presentar una denuncia vamos a acompañarlos con todo”.
Dijo que ese es uno de los ejes que maneja el Sistema Anticorrupción del Estado de Zacatecas, la protección a los denunciantes.
“Tenemos que incentivar a que quien denuncie se vea protegido y no se sienta a la deriva o que puede ser perjudicado o pueda haber represalias o pueda resultarle contraproducente hacerlo”.
Sobre la incidencia de la falta de recursos en el combate a la corrupción dijo que no se cuenta con el personal suficiente para cubrir las diversas áreas de vigilancia, de desempeño u operativas, pero el problema es más complejo que la carencia de recursos, tiene que ver con costumbres, falta de planeación, la complejidad de realizar trámites, por lo que debe abordarse desde muchas aristas.
“Para que el combate a la corrupción funcione, primero tenemos que participar todos, gobierno, sociedad, sector privado…tenemos que participar todos”.
Además del proceso de sanción de conductas que debe derivar en el combate a la impunidad en esta materia debe atenderse la parte preventiva.
Informó que el Gobierno del Estado está trabajando en lo que denomina “administración de riesgos a la integridad”, la detección dependencia por dependencia, de procesos estratégicos y los factores que pueden impedir que logren sus objetivos o que se vulnere la integridad de dichos procesos.
El ejercicio empezó a implementarse el año 2018 y dijo a las dependencias les daba miedo admitir que podían tener un riesgo a la integridad pero ya van involucrándose con este proceso, “ya vieron lo importante que es”.
“Poco a poco creemos que nos vamos a ir metiendo en una dinámica de mayor planeación, organización y control que tiene que repercutir en el mediano plazo”.
Informó también que en la más reciente revisión de la SFP encontró que los montos observados fueron inferiores a los encontrados en otros ejercicios aunque persisten en aparecer.
Sobre el tema de la denuncia pública de la senadora morenista Soledad Luévano contra el gobernador del estado, referida a la existencia de un presunto domicilio fiscal de Tello Cristerna en Mallorca, España, dijo que el mandatario quiso que lo revisara la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda.
“Prácticamente hay una confusión allí a la hora de emitir el CFDI (facturación en línea) que no es como lo conocemos en el país, porque es un comprobante emitido en otro país que se rige por otro sistema fiscal. Entonces ahí existe un error en la notación de la factura, pero obviamente para que no sea –la Secretaría- de la Función Pública quien lo diga, el gobernador ha pedido que sea una instancia externa, ¿Y qué mejor que la Unidad de Inteligencia Financiera para determinar si es que existe evidentemente ese domicilio, si hay algún nexo, o si fue alguna situación que realmente se tenga que vincular con el gobernador o simplemente como lo señala, fue un error?”.
